El PNV acuerda con el Gobierno que Euskadi y Navarra gestionen el ingreso mínimo vital en plena negociación sobre el estado de alarma

El PNV ha arrancado del Gobierno central la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital tanto para Euskadi como para Navarra, según ha informado el PNV este miércoles. Ambas comunidades podrán tramitar la nueva prestación sin intervención del Estado y recibirán los fondos económicos para su pago, lo que supondrá un ahorro millonario para ambas Administraciones, que ya disponen de programas similares más garantistas. El partido nacionalista ha remitido a los Gobiernos de Vitoria y Pamplona para que aporten una cuantificación exacta del alcance económico.

Los diputados del PNV se comprometen a votar a favor del real decreto en que se regule esta prestación en plena polémica por el pacto de la pasada semana con EH Bildu sobre la reforma laboral, que pareció dejar de lado a los 'jeltzales', y en puertas de una nueva negociación para la hipotética próxima prórroga del estado de alarma, en la que el Ejecutivo continúa necesitando apoyos parlamentarios. En rueda de prensa, el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha remarcado que “no es un acuerdo genérico” y que se verá “negro sobre blanco” en la normativa que apruebe este viernes el Consejo de Ministros. ¿Puede allanar el terreno a un futuro apoyo al estado de alarma? “No tiene nada que ver”, ha querido dejar claro Esteban a preguntas telemáticas de los periodistas, aunque ha reconocido que si se plantea una fórmula suavizada sólo para territorios en fases 1 y 2 y que la salida de la excepcional sea diferenciada por comunidades “podría estar razonablemente bien formulado”.

Este acuerdo se venía trabajando desde hace semanas y no llegó a tiempo para la votación del pasado miércoles de la prórroga del estado de alarma, como informó eldiario.es este fin de semana, aunque el PNV terminó votando que sí. Esteban se ha referido a él como un parto lleno de “resistencias, complejidades y dificultades”. Los últimos flecos los han cerrado el presidente peneuvista, Andoni Ortuzar, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aunque Esteban ha admitido haber mantenido contactos hasta esta mañana con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Si Ortuzar dijo que el depósito de gasolina de la confianza estaba en la reserva, ahora “el grado de confianza” con el Ejecutivo de Pedro Sánchez “está un poco más lleno”.

“Se trata de un gran acuerdo para la ciudadanía, que ve blindados sus eficaces sistemas propios de protección social, que seguirán siendo gestionados por sus instituciones. Este pacto, además, supone un logro político en un contexto de tentaciones recentralizadoras y demuestra, una vez más, la eficacia de EAJ-PNV en la defensa de los intereses de las vascas y de los vascos en Madrid”, ha destacado el PNV con recado incluido a la izquierda abertzale. “Tiene un efecto directo ciudadano”, ha enfatizado Esteban.

El acuerdo habilitará a las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra a asumir “las funciones y los servicios correspondientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social” en esta materia antes del 31 de octubre. Hasta esa fecha, si se pusiera en marcha la prestación antes se firmaría una “encomienda de gestión”. El pacto se basa en la “bilateralidad” que Vitoria y Pamplona tienen con Madrid fruto de la “especificidad” del sistema de Concierto o Convenio económicos.

Se da la circunstancia de que Euskadi reclama la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y que en el calendario de traspasos pendientes del Estatuto de 1979 pactado entre los Gobiernos central y vasco ese asunto se ha incorporado para su estudio y análisis a partir de 2021. Esteban ha matizado que esto no es una prestación propia de la 'caja única' aunque el Gobierno la haya “disfrazado” como tal, pero ha admitido que un primer acuerdo sobre la Seguridad Social “no está mal” de cara a esa futura negociación que se aventura compleja. “Es una manera interesante de empezar”, ha admitido.

“Si viviera en Madrid, cobraría menos”

¿Cómo se aplicará? Si un residente en Abadiño o Alsasua reúne las condiciones para percibir la nueva renta básica estatal, acudirá a la oficina correspondiente del Gobierno autonómico y recibirá la prestación. Si además cumple los requisitos para las ayudas sociales propias, ese complemento lo pondrá de su bolsillo Euskadi o Navarra. Quienes no entren en el ingreso mínimo podrán seguir solicitando las rentas autonómicas en las mismas condiciones que hasta ahora. Lo ha resumido Esteban en euskara: “Ninguna persona va a cobrar menos. Tampoco ninguna persona va a cobrar el doble y [fruto de los sistemas propios] si viviera en Madrid su prestación sería más baja”.

En Euskadi -donde el PNV gobierna en coalición con los socialistas- existe la denominada renta de garantía de ingresos (RGI) desde 2008, con umbrales de cobertura más altos que los previstos para el nuevo ingreso mínimo en casi todos los supuestos. En Navarra hay un modelo similar llamado Renta Garantizada. Según explicó en su día la consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la intención del Gobierno vasco era que el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) tramitara la nueva prestación a la par que la RGI y que sus fondos fuesen transferidos a la comunidad autónoma. La prestación más básica ya existente conforme a las tablas de 2020 es de 694 euros para una persona sola y de 796 euros en caso de que sea pensionista. No obstante, la RGI ha sufrido recortes también durante los últimos años, ya que la más básica debería estar en 924 conforme a la ley de 2008.

El Gobierno de Navarra -en el que PNV gobierna con los socialistas a través con Geroa Bai- también estaba muy pendiente a la aplicación del Ingreso Mínimo Vital y cómo sería su gestión. Todo porque desde que se decretó el estado de alarma más de 600 unidades familiares solicitaron en Navarra la Renta Garantizada. De ellas, solo 500 la solicitaron en el mes de abril, pico de la pandemia y en el que más afección causó a la economía el estado de alarma.

Un estado de alarma que ha cambiado las previsiones del Gobierno de Navarra, que en sus planes iniciales contaba con que 15.000 familias se beneficiaran del la Renta Garantizada, cifra que esperan que aumente en 1.000 familiares como consecuencia de la crisis del coronavirus. En total serán en torno a 2.640 personas más las que se beneficiarán de esta medida, un 54% de ellas mujeres, estiman desde el Ejecutivo foral.