Así acabó el 'caso Pinosolo': ostracismo y condenas para los denunciantes de corrupción e indemnización para las empresas implicadas
“Después de aquello, yo no he vuelto a trabajar con la Administración. Ya ni me presento a concursos”. Quien habla se llama Diego Garteiz Mina, arquitecto de profesión. En 2011 denunció que la adjudicación de la construcción del polideportivo de Pinosolo en la localidad vizcaína de Leioa, gobernada por el PNV, estaba amañada para beneficiar a dos empresas muy concretas, Viuda de Sainz y Aros. En la tramitación jugó también un papel decisivo la asesoría contratada por el Ayuntamiento para la tramitación de los proyectos, Arcain. Aquélla de Pinosolo era una obra de nada menos que 55 millones de euros, cuando el presupuesto municipal en aquella época rondaba los 40. El arquitecto, como otros denunciantes de corrupción, todavía está pagando las consecuencias “personales, profesionales y económicas” de aquella batalla que emprendió, según ha revelado en una entrevista con eldiarionorte.es. Mientras, las empresas señaladas han cobrado una indemnización por la rescisión del contrato irregular.
Y todo a pesar de que las pruebas le dieron la razón al denunciante. Garteiz Mina inició su lucha tras lograr demostrar, mediante un análisis informático, que el Ayuntamiento y su asesora Arcain disponían del detalle del proyecto que resultaría adjudicatario un año antes de que se convocara el concurso público, en 2009. Incluso parte de esos datos fueron publicados en un ejemplar de la revista municipal de verano de 2008. La Autoridad Vasca de la Competencia -en un dictamen ratificado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras el recurso de las empresas afectadas- entendió que la adjudicación fue “ilegal” porque la UTE de Viuda de Sainz y Aros habían concurrido al concurso, que se repitió tres veces y siempre con el mismo resultado, en una posición manifiestamente ventajosa. También una comisión de investigación en el Ayuntamiento, cuyo dictamen fue aprobado con los votos de la oposición, concluyó que existían graves irregularidades en torno al polideportivo de Pinosolo.
La justicia ordinaria, por el contrario, tumbó los sucesivos contenciosos-administrativos interpuestos por el arquitecto al entender que no era una persona legitimada para pleitear. La empresa del denunciante, DGM, no participaba directamente en el concurso, sino como subcontrata de la UTE FCC-Olabarri. En varias resoluciones, los tribunales afean a Garteiz Mina que no haya litigado con el aval de las empresas participantes en el concurso, que sí tendrían legitimación para actuar. “Ninguna empresa constructora en este país va a denunciar corrupción. Ni una sola. Tienen que entrar al juego de la Administración pública y eso lo tienen que saber los jueces”, reflexiona el arquitecto.
Igualmente, la Fiscalía archivó la investigación penal porque, aparentemente, los delitos habrían prescrito. La resolución, de finales de 2015, sitúa los hechos en 2008 y entiende que están superados los cinco años de plazo máximo para denunciar. Según Garteiz Mina, no se tuvo en cuenta que la última de las tres adjudicaciones fue de 2011 y que el contrato irregular no se ha liquidado definitivamente hasta fechas muy recientes. “Bastaría dar a los amigotes cinco años antes las claves para abrir una caja fuerte del banco que te emplea”, ironiza el denunciante.
La fiscal que realizó la investigación fue Carmen Adán, entonces jefa del Ministerio público en Bizkaia y actualmente fiscal superior del País Vasco. Durante las diligencias, apareció una grabación en la que un alto funcionario municipal se refiere a la manipulación de contratos en Leioa y, entre los nombres que se escuchaban, estaban Arcain y Viuda de Sainz, además de la ya extinta Urazca. Aquella cinta motivó por sí misma otra investigación paralela, ya que el funcionario denunció que fue obtenida por un encapuchado que le retuvo a punta de pistola.
Según Garteiz Mina, es una simple declaración de intenciones sin contenido real el mensaje que la propia Adán ha dejado por escrito en la memoria de la Fiscalía de 2018 sobre casos de corrupción. “Sigue siendo muy escasa la cifra de denuncias de prácticas corruptas, pudiendo deberse al coste personal y profesional que un procedimiento penal supone para el que denuncia. Independientemente de que debiéramos garantizar un inicial anonimato, lo cierto es que no logramos evitar la sensación que manifiesta quien quiere denunciar de que ello va a suponer un trato desfavorable por los superiores jerárquicos directos o por la empresa en general, cuando no, si la práctica corrupta es en la Administración, de los propios funcionarios que se encuentran en el mismo nivel”, se puede leer en el documento, hecho público este mismo mes de septiembre.
“El coste ha sido brutal”
Los problemas del denunciante del 'caso Pinosolo' no terminaron con el portazo de la Fiscalía. Ni el dictamen de Competencia ni el de la comisión de investigación impidieron que el Ayuntamiento de Leioa solicitara al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que la empresa DGM se hiciese cargo de todas las costas de los sucesivos contenciosos-administrativos. Y lo logró. En 2017, el mismo órgano judicial que había ratificado que la adjudicación de Pinosolo fue irregular, obligó a su denunciante a hacer frente a una minuta de 135.000 euros. De nada sirvió que los abogados de Garteiz Mina considerasen “indebidos y excesivos” esos honorarios propuestos por el bufete Cuatrecasas, el mismo que, entre otros asuntos, representa a Alfredo de Miguel y a su mujer en el mayor caso de corrupción de Euskadi.
Y la condena en costas supuso el final de DGM. “Mi empresa no pudo afrontar ese gasto y tuvimos que ir a suspensión de pagos”, relata el arquitecto, que ha tenido que reiniciar su negocio y reinventarse. Trabajar en el extranjero es, más que una posibilidad, una obligación. Siente que en España y, singularmente, en el País Vasco, las puertas de la Administración pública las tiene cerradas. “El coste personal, profesional y económico ha sido brutal”, lamenta. Además de esta minuta final, ha tenido que cubrir de su bolsillo el coste de sus abogados y procuradores, la contratación de informes periciales y “miles de horas de trabajo”. “He convivido durante cinco años con este expediente”, ironiza.
En paralelo, se han producido otros movimientos en torno al polideportivo de Pinosolo. Nunca se llegó a construir, pero Viuda de Sainz y Aros facturaron al Ayuntamiento 1,6 millones por los trabajos previos que habían realizado. La UTE había reclamado, además, otros 3,2 en concepto de lucro cesante. Finalmente, serán menos, 0,6 millones, pero han logrado una indemnización por la rescisión del contrato, según dictaminó en junio de 2018, de nuevo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿Y los responsables políticos? El alcalde de Leioa cuando se proyectó Pinosolo, Eneko Arruebarrena (PNV), fue recolocado en 2013, coincidiendo con el anuncio de la creación de una comisión de investigación. Fue ubicado como director del Metro de Bilbao, puesto dependiente del área de Transportes del Gobierno vasco y en el que continúa hoy.
La ponencia, asimismo, señaló la corresponsabilidad del que fuera edil de Deportes, Jon Loizaga, del mismo partido. Un funcionario de su Departamento, Luis Ángel Gómez, colaboró también con la investigación y denunció que el el concejal le pidió que tuviera “el pico cerrado” y que no se reuniera con el arquitecto denunciante. “Loizaga vino a mi despacho. La conversación que tuve con él ha sido lo más desagradable que he vivido como empleado del Ayuntamiento desde el año 1988. Me dijo que sabían que hablaba con él [por Garteiz Mina], qué días y cuánto duraban las llamadas porque estaban controlando éstas desde mi teléfono fijo que tengo en el despacho y el teléfono móvil que el Ayuntamiento de Leioa me puso hace bastantes años para estar mejor comunicado. Me dijo que sabían había estado reunido con él en la cafetería de debajo de mi casa, qué día y a qué hora. Me dijo que tuviera cuidado, que sólo le conocía a él como Jon Loizaga a buenas. Recuerdo sólo algunas cuestiones de la conversación porque estaba siendo objeto de una presión terrible”, denunció. En la actualidad, este veterano trabajador municipal está condenado al ostracismo.
“Todo esto es de chiste”, resume, resignado, Garteiz Mina. Y apunta que no es el único caso en España de estas características. Sin ir más lejos, la empresaria que denunció el 'caso De Miguel', Ainhoa Alberdi, que acudió a la Fiscalía en 2009 para aportar pruebas de que dos dirigentes del PNV de Álava la habían presionado para que les pagara una comisión de 100.000 euros, reveló hace unos meses en el juicio de esta causa el alto precio que ha tenido para ella dar el paso. “Se han vengado de mí hasta hoy. Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias”, aseguró.
