Primeras fisuras entre los imputados del 'caso de Miguel' en torno a los contratos 'a dedo' del Gobierno vasco
Aunque la consigna general es repetir que no hay base alguna detrás de la acusación de la Fiscalía en el juicio 'caso De Miguel', que ha tenido este martes su segunda sesión en la Audiencia Provincial de Álava, ya han empezado a aparecer las primeras grietas entre los imputados, cuyas estrategias de defensa pueden llegar a colisionar a la hora de intentar evitar las elevadas penas de cárcel reclamadas por el fiscal Josu Izaguirre. Así ha quedado de manifiesto en torno a una de las doce derivadas que se analizan en este juicio por corrupción que sienta en el banquillo a 26 imputados, concretamente la relativa a los contratos aparentemente irregulares del Departamento de Cultura del Gobierno vasco presuntamente utilizados para financiar a empresas controladas por quien da nombre al caso, el que fuera 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel.
Por estos hechos, además de De Miguel y los administradores nominales de las empresas beneficiarias (Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga), están encausados el viceconsejero de Cultura durante los Gobiernos de Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, y el responsable de la Dirección de Juventud, Xabier Sánchez Robles, desde cuya oficina partieron esas adjudicaciones 'a dedo'. Se enfrentan a 17 y 18 años de cárcel, respectivamente. Durante las vistas programadas para analizar las cuestiones previas de índole jurídica antes de que en febrero se inicie la toma de declaración de las alrededor de 150 personas que tienen que testificar, los letrados de Larrañaga y Sánchez Robles han tenido un sutil cruce de argumentos en el que ha quedado claro que ambos no asumirán la responsabilidad de esas contrataciones bajo sospecha.
El primero en intervenir ha sido el abogado de Larrañaga, Miguel Alonso Belza, que ha subrayado que en la fase de instrucción se ha esforzado en “aportar” los detalles de la “estructura” y “competencias” del Departamento de Cultura para demostrar que los “trámites” de los contratos directos, más allá de la firma, no estaban supervisados por el viceconsejero. Según Alonso, los contratos con las empresas de la trama de De Miguel fueron “propuestos por el director”, por Sánchez Robles, y ha remarcado que, en materia de contratación, “no ha habido ningún problema en otras Direcciones” adscritas a su oficina excepto en la de Juventud. Para el letrado, Larrañaga sólo ocupa un asiento en el banquillo porque es “el más alto cargo del Gobierno vasco en relación con lo que se está juzgando” y no por indicios de que tuviera responsabilidad penal, lo cual constituye “una gravísima falta de garantías”.
Minutos más tarde ha intervenido otro de lo más conocidos penalistas vascos, Javier Beramendi, en su calidad de representante de Sánchez Robles. Beramendi ha propuesto incorporar a la ya de por sí larga nómina de testigos a la consejera de Cultura y superior de ambos, Miren Azkarate, actualmente edil del PNV en San Sebastián. Según el abogado, Azkarate dará cuenta de la política de “subvenciones” y de otras actividades del Departamento “por si otros que están en el medio no han oído nada”, en referencia velada a Larrañaga. Beramendi también ha solicitado que se presenten en el juicio datos del total de contratos formalizados por Cultura en aquellos años con el ánimo de “contextualizar” que Errexal y el resto de empresas sólo supusieron una pequeña parte del gasto.
¿Ha prescrito la asociación ilícita?
Por lo demás, la continuación de las cuestiones previas planteadas por los abogados de los imputados -que han seguido la sesión desde el banquillo ahora ya sin posibilidad de que sean fotografiados- ha servido para que más partes se adhieran a la petición del abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, de anular buena parte de las pruebas al entender que la Ertzaintza se extralimitó en su obtención. “Brillante” ha sido el adjetivo más repetido por los togados para calificar la intervención de Susaeta del lunes, si bien sus pretensiones ya quedaron desestimadas cuando planteó esto mismo hace dos años.
Los abogados, sin embargo, han querido introducir más matices para tratar de desmontar las acusaciones de la Fiscalía. Beramendi ha sido quien ha alimentado la posibilidad de que el delito de “asociación ilícita” ha podido prescribir al haber transcurrido más de cinco años desde la consumación de los hechos y el momento en que se introduce este tipo penal en el 'caso De Miguel'. Los letrados, casi de manera unánime, se han quejado de que en un inicio las acusaciones fueran más genéricas y que solamente al terminar la fase de instrucción, en 2016, el fiscal Izaguirre introdujera el delito de “asociación ilícita”. La abogada de Prudencio Hierro, María José Tapia, también se ha sumado a esta demanda.
Para muchos letrados hay casi una conspiración detrás del 'caso De Miguel'. Jesús Urraza, defensor de Miren Lourdes Bilbao (acusada por las contrataciones irregulares en el parque tecnológico de Miñano), ha llegado a decir que “esto no es derecho penal” porque “un proceso sin garantías no es un proceso, porque es lo que diferencia los tribunales de la calle”, en referencia a supuestas pruebas obtenidas de manera ilícita o “inconfesable” y que luego se han “blanqueado”. Y Beramendi ha insistido en que el hecho de que el juicio -como todos- sea público hace que “no se pueda evitar la contaminación de testigos y peritos” e incluso ha alertado de que se tratará de “atacar las líneas de defensa con testigos que no son neutrales”. Por su parte, Alonso Belza también ha criticado las “dilaciones indebidas” en la causa, lo que ha supuesto “una pena de banquillo que dura muchísimos años” para los 26 procesados.
