Un Saab de 33.000 euros, 5.745 euros en joyas y un viaje a Extremadura: las “liberalidades” de De Miguel

El abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, ha asumido la tarea hercúlea de desmontar las 12 acusaciones que sostiene el fiscal Josu Izaguirre contra su cliente, el influyente ex ‘número dos’ del PNV de Álava detenido en 2010 por corrupción y que desde enero –con otras 25 personas en el banquillo- se enfrenta, en la Audiencia Provincial de Álava a un macroproceso judicial. El juicio del ‘caso De Miguel’ ha completado esta semana otra fase, la de los testigos y peritos iniciada allá por marzo. Las espadas de la acusación siguen en alto, reforzadas por las declaraciones que se han ido sucediendo, como también las de las defensas, que lo niegan todo. Sólo la mención de un posible acuerdo de conformidad con la Fiscalía sorprende a los interlocutores.

“Yo miro por un señor al que le piden 50 y pico años de prisión”, argumenta Susaeta. A su favor, que el resto de letrados defensores le ha concedido el liderazgo en el juicio, curiosamente el mismo que ellos niegan a De Miguel en la trama de corrupción denunciada por el ministerio fiscal. Su papel protagónico contrasta con el segundo plano en el que se han mantenido los abogados de los otros dos dirigentes del PNV imputados, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

Los imputados –o la mayoría, al menos- actúan de manera coordinada desde el principio, con reuniones de seguimiento y preparación. La primera consigna fue dinamitar por tierra, mar y aire la investigación. En estos meses se ha acusado abiertamente a la Ertzaintza, concretamente a sus agentes expertos en delitos económicos 15008 y 15431, de manipular pruebas para incriminar a los acusados o de no cuidar la cadena de custodia. “¿Qué garantías hay para saber que los documentos son los mismos que posteriormente analizan ustedes, de que no han desaparecido o de que no se han introducido documentos distintos?”, llegó a preguntar Susaeta en uno de sus ocho ‘cara a cara’ con la pareja de policías, mujer y hombre, que han liderado el equipo policial que auxilió al juez instructor, Roberto Ramos, y que han dejado claro en todas y cada una de sus comparecencias que De Miguel encabezaba una trama de corrupción y cobro de comisiones. La segunda tesis es que todo es una “fabulación” del fiscal Izaguirre, en palabras de Susaeta, que insiste en que se atribuye a quien todos conocen como ‘Txitxo’ una “maldad” que no es tal.

Hasta junio, se ha llegado a dar el caso de renuncias casi en cadena de los testigos propuestos por los imputados. Con esos mimbres, sólo en las últimas semanas se ha notado una defensa más pegada a desmontar las pruebas recogidas en los 25.000 folios de sumario y que son expuestas por Izaguirre y su asistente, Manuel Pedreira, sesión tras sesión, día tras día. Todo el mundo conoce ya a Araceli, la funcionaria encargada de buscar los archivos y reproducirlos en la pantalla de la sala de vistas. 

Para la última sesión, la del pasado miércoles, Susaeta sí preparó una comparecencia técnica de un perito experto en “economía forense”, Víctor Benedito. Éste, que se presentó como asesor “independiente” a pesar de ser testigo de parte y que criticó por “sesgada” la investigación de la Ertzaintza, se esforzó mucho en esbozar Kataia Consulting, la asesoría creada por De Miguel, Tellería y Ochandiano y presunta empresa central de la trama, como una “micropyme” que tenía unos ingresos normales y unos gastos ajustados a su actividad. Sobre el patrimonio de De Miguel, insistió en que no se enriqueció y que “era un ciudadano con un utilitario normal y corriente” y un tren de vida “razonable” para sus ingresos.

Tenía un Saab y no un Porsche, enfatizó en varias ocasiones Benedito. Lo que no mencionó es que, según había declarado ya en la fase de investigación la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, el dinero para el Saab salió de un “préstamo” de 33.000 euros de Kataia Consulting. Sacaron el dinero de las cuentas de la empresa en las semanas siguientes a recibir su primer ingreso, 130.000 euros procedentes de los promotores catalanes de la recalificación urbanística de Zambrana en la que se implicó políticamente De Miguel desde el principio hasta el final. Una relación con Construcciones Riera trabada por Ramón Tomàs i Riba, exparlamentario catalán por CiU.

El intenso último trimestre de 2005

En las cuentas de Kataia Consulting no constan gastos asociados al supuesto asesoramiento en Zambrana que justificaría ese pago.Sin embargo, sí hay otras salidas de dinero importantes. Además de los 33.000 euros para el Saab, constan también dos cheques de 4.365 euros y 1.380 euros (5.745 euros en total) correspondientes a compras en una conocida joyería de Vitoria (Domaica) y un viaje de 1.512 euros a Extremadura, a Cuacos de Yuste. En este último caso, se justificó todo como una presunta “reunión comercial” con el “señor Teno”, una persona con la que aparentemente la esposa de De Miguel también tuvo otros encuentros en Loiu por los que cobró dietas. Ese “señor Teno” podría ser el dueño de ese alojamiento, un hombre que en 2007 se convirtió en alcalde del pueblo por el PP. Las “reuniones comerciales” en Extremadura se mantuvieron en fin de semana.

Todo esto ocurrió en el tramo final de 2005, cuando De Miguel adquirió también una vivienda en Vitoria (la tercera y con hipoteca). En aquella época y el año siguiente, en el extracto de la tarjeta de crédito conjunta que tenían a su nombre De Miguel, Ochandiano y Tellería hay igualmente muchos cargos en locales de hostelería. “¿Gastos suntuosos? ¿Liberalidades? Todo eso no se aprecia”, declaró Benedito.

Ya al principio del juicio el fiscal Izaguirre había advertido de que ésa sería justamente la línea de defensa de De Miguel y dejó uno de sus titulares: “El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio. Algunos hablan de que no ha habido lucro… No sé si lo ha destinado a refugio de personas desamparadas”. Se refería a que un empresario, en fechas próximas a la obtención de un contrato en un concurso en el que participaron tres empresas interrelacionadas entre sí, se hizo cargo de los 44.000 euros que costó la reforma de una casa de la familia de su esposa en Gorliz y que se reflejaron con una factura falsa referida a un supuesto arreglo en una oficina de Vitoria.

Se valora no responder al fiscal

Sobre la mesa de los letrados está el debate de si, a la vuelta de las vacaciones, cuando el juicio se reanude ya con los interrogatorios a los 26 acusados –De Miguel empezará el 17 de septiembre-, se avendrán a contestar o no  a las preguntas del fiscal Izaguirre. Hacerlo les obligaría a preparar minuciosamente a sus clientes para una comparecencia que podría durar horas y días y en las que estarán sometidos a todo tipo de posibles contradicciones. De hecho, en uno de los varios casos de presuntas comisiones tras la adjudicación de contratos el constructor imputado, Jon Iñaki Echaburu, está defendiendo que el pago del 4% del valor de la contrata se corresponde con “cartelería” de obra mientras Ochandiano, en cuyo poder se halló un cuaderno con notas manuscritas sobre los movimientos de Kataia Consulting y de otras empresas de la trama, alegó en la investigación que se trataba de una facturación por trabajos de calidad.

No declarar, una posibilidad que se valora seriamente y que es un derecho constitucional, sería lo más sencillo para los acusados y aceleraría sobremanera el final de un proceso, previsto para finales de noviembre. Además, se ajustaría a su teoría de no legitimar la “fabulación” de la Fiscalía. Pero públicamente podría ofrecer la imagen de que no se quiere colaborar en el esclarecimiento de unos hechos que, según ellos, no tienen ningún fundamento. Previsiblemente, la decisión, sea cual sea, será compartida por el ‘núcleo duro’ de los acusados.