El Gobierno central anuncia el traspaso a Euskadi de las competencias en prisiones, pero no de la Seguridad Social

El Gobierno central se ha comprometido a cerrar antes de final de año un calendario de traspasos de las competencias que aún se encuentran pendientes de transferir a Euskadi. Pendientes. Ese calendario incluirá prisiones, pero no el régimen de la Seguridad Social. Así lo ha anunciado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante la reunión de la comisión mixta de Transferencias, que se ha celebrado en el País Vasco para oficializar los traspasos a Euskadi del tramo de la autopista AP-1, entre Armiñón y Burgos, así como las líneas de ferrocarril de mercancías Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-Basauri. El anuncio de la ministra no ha dejado indiferente al portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien ha recalcado que el Ejecutivo de Vitoria no renunciará a la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Los Gobiernos central y vasco alcanzaron el pasado 20 de noviembre un principio de acuerdo para el traspaso del tramo de la AP-1 y las dos líneas de tren, cuya competencia dictaminó el Tribunal Constitucional en 2016 que correspondía a Euskadi. El País Vasco gestionará las transferencias del tramo de la autopista AP-1, entre Armiñón y Burgos, y de las dos líneas de ferrocarril traspasadas a partir del próximo 1 de enero de 2019, y los 426.000 euros que suponen se descontarán del Cupo. Tras siete años de sequía, la comunidad autónoma vuelve a recibir transferencias, aunque sean ‘menores’.

La transferencia de la Seguridad Social es una de las viejas aspiraciones del PNV. Pero sus deseos siempre han chocado con el mismo mensaje por parte de Madrid: la ‘caja única’ de la Seguridad Social seguirá como ahora, es decir, única e indivisible. Euskadi es una comunidad receptora y no donante y el déficit anual supera los 2.500 millones, con la presunción de que va a crecer durante los próximos ejercicios.

En el caso de ruptura con España, es decir si la construcción de la Seguridad Social vasca se desarrolla sin acuerdo -algo que por el momento no está entre los propósitos del Gobierno vasco o del PNV- “las incertidumbres generadas en el plano prestacional producirían una generación sacrificada, condenada a recibir en el futuro menores prestaciones que las existentes en la actualidad”, alertan algunos expertos. La diferencia entre las cotizaciones que se pagan en Euskadi y las jubilaciones que reciben los vascos superó en 2017 los 3.300 millones de euros. Un déficit que se arrastra desde antes del inicio de la crisis, en 2008, pero que se ha incrementado exponencialmente desde 2011

A pesar de esas advertencias, los números que maneja el PNV son diferentes y, sobre todo todo, a transferencia de la gestión constituye un paso intermedio hacia la Seguridad Social vasca que los nacionalistas incluyeron entre sus objetivos en la Asamblea Nacional de enero de 2016.