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El dueño de la clínica de Tolosa investigada por la Fiscalía ataca a la denunciante y niega irregularidades

Una ambulancia de Osakidetza accediendo al hospital Santa María de la Asunción de Tolosa

Iker Rioja Andueza

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La Fiscalía ha abierto una investigación por un presunto delito de intrusismo en la clínica de Santa María de la Asunción de Tolosa, un centro privado concertado por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) como centro de referencia para la comarca ante la ausencia de un hospital público. Se analizan las denuncias de que emplea a profesionales sin titulación de especialista homologada en España, como adelantó este periódico. El dueño del recinto, el empresario Jesús Gómez Montoya, ha enviado a la plantilla este jueves un comunicado en el que niega las acusaciones y señala a la denunciante -a la que saca del anonimato- al acusarle de “erosionar el prestigio de la Klinika”.

La nota, con numerosas faltas de ortografía y errores gramaticales, insiste en que existe una “escasez” de facultativos que obliga a “captar talento fuera de nuestras fronteras”. Gómez Montoya remarca que “alrededor del 10%” de la plantilla se encuentra “en proceso de homologar su título de especialista con los estándares administrativos estatales” pero matiza que “esto no puede, en ningún caso, ser motivo para poner en tela de juicio su capacidad”. En “circunstancias extraordinarias”, como lo sería la falta de personal, la jurisprudencia habilita estas excepciones, remarca. 

Por ello, considera la denuncia un documento “sin contenido” y le ve “motivaciones espúreas”, una palabra errónea en probable referencia al adjetivo 'espurio'. Se atreve a vincularlo con el “período preelectoral” que vive Euskadi. Sin embargo, la hematóloga denunciante -que trabajó 16 años en la Asunción y que no sólo alude a las homologaciones en sus escritos- realizó sus primeras quejas internas en 2013. Constan documentos sellados con nuevas reclamaciones en 2016 y ya en 2017 elevó su preocupación a la dirección de OSI Tolosaldea, la comarca sanitaria. En 2018, la empresa de Gómez Montoya la sancionó durante tres días sin empleo y sueldo y el expediente judicial tuvo su inicio el 12 de junio de 2019, 243 días antes de que Iñigo Urkullu convocara las elecciones autonómicas para el 5 de abril.

“Queremos dejar claro que no entendemos en absoluto el interés de la denunciante en hacer daño a Asunción Klinika a través de los medios de comunicación denunciando algo que no tiene sustento jurídico en ningún caso y denunciable por buscar difamación e intentar erosionar el prestigio de la Klinika”, escribe Gómez Montoya como cierre de su carta. Las denuncias, en cambio, siempre aluden a una mejora en las prestaciones sanitarias de los pacientes de una comarca sin hospital público. 

Por otra parte, el colegio de médicos de Gipuzkoa ha enviado una “nota aclaratoria” en torno a la situación en Tolosa y a la investigación de la Fiscalía, un caso del que lleva tiempo “realizando un seguimiento”. En su comunicado, indica que “todos” los médicos de la clínica “tienen el título de Medicina” y, además, “homologado en España”. “Todos ellos están colegiados correctamente y, desde el punto de vista legal, pueden ejercer como médicos”, apuntan.

Respecto a la especialización, que exige una revisión ulterior para profesionales de países fuera de la Unión Europea, considera que la jurisprudencia indica que “ejercer una especialidad sin tenerla legalmente reconocida” no es “un delito de intrusismo”. Además, acepta las explicaciones de la clínica investigada cuando matiza que los afectados “están en trámite de convalidar sus títulos” ante el Ministerio de Sanidad. Eso sí, puntualiza que “vigila” que “si no tienen la titulación de especialista homologado en España no se anuncien o se presenten como tal”.

En paralelo, la portavoz de EH Bildu en materia de Sanidad, Rebeka Ubera, ha registrado una solicitud de información en el Parlamento Vasco para que el Gobierno elabore una relación de profesionales del centro de Tolosa con su titulación, su especialidad y sus años en plantilla. Recuerda que el concierto firmado entre la empresa de Gómez Montoya (Inviza) y Osakidetza recoge la obligación de que todos los facultativos posean “el título de especialista necesario”. 

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