La alcaldesa de Zambrana desconocía el “interés privado” de De Miguel y Arruti cuando les dio entrada en la recalificación
La abogada de la que fuera alcaldesa de Zambrana por el PNV, María Justina Angulo, ha insistido en su informe de conclusiones en esta fase final del 'caso De Miguel' -está previsto que este miércoles quede visto para sentencia después de unas 70 sesiones iniciadas en enero- en que, cuando aprobó un decreto en 2004 para promover un polígono industrial en aquella pequeña localidad de Álava, desconocía los “intereses privados” tanto del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, como de quien éste eligió como intermediario, Josu Arruti. Según la Fiscalía, que acusa a Angulo de prevaricación, la regidora facilitó la pista de aterrizaje para que De Miguel y Arruti, como se ha conocido en el juicio, cobraran comisiones ilegales de los promotores del proyecto, los catalanes de Construcciones Riera. No obstante, tras la rebaja general de peticiones de penas, el ministerio público ya no pide cárcel para ella.
La defensora María José Tapia ha indicado que Angulo “llamó a la centralita” del PNV de Álava y que “la centralita” -no ha indicado quién- le derivó a De Miguel para le ayudara en “cómo hacer un polígono”. La regidora “sólo conocía de vista” a quien todos llaman Txitxo y contactar con él no fue premeditado. “De Miguel lo único que hace es decirle que conoce a una persona que podía ayudarles, el señor Josu Arruti”, ha indicado Tapia, que ha apostillado que el Ayuntamiento “no contrato sin más” a la empresa de Arruti (Sidepur) ya que fue el pleno municipal, con toda la información y sin oposición, quien dio el visto bueno.
La prevaricación, ha incidido la letrada, exige la constatación de que la irregularidad se produjo “a sabiendas” y, según ha indicado, Angulo se sometió a todos los “controles de legalidad” del municipio, es decir, a los informes de la secretaria municipal. Es “otro debate”, ha concedido Tapia, si ese control era efectivo o, en sus palabras, “pueril”. Ha explicado que la alcaldesa no tenía formación jurídica suficiente -“ha sido ama de casa desde 1992”- para tener un criterio diferenciado y que se dejó guiar por el “principio de confianza” hacia su funcionaria.
Ha rechazado también que fuera Arruti el que dictara los términos del decreto de contratación -“sólo unos puntos”- y que en aquella época tuviera conocimiento que De Miguel y el propio Arruti pensaban lucrarse con la operación. “Ha resultado obvio que el señor Arruti tenía un interés más allá. Pero, en todo caso, nunca informó a Angulo ni a la Corporación de sus acuerdos y relaciones con Riera [...]. Actuó de mala fe y lo ha reconocido”, ha indicado la defensora recordando que Arruti confesó que fue él quien medió para que Riera pagara una mordida doble de 161.000 euros, una para Sidepur y la otra para una empresa controlada por De Miguel y los también dirigentes alaveses del PNV Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, Kataia Consulting, creada precisamente para camuflar este pago, según la declaración del arrepentido.
La Fiscalía señala también que Angulo continuó colaborando con ambos cuando, ya en 2005, anuló las relaciones que mantenía Zambrana con un primer promotor, Capirresgo, que tenía firmado un contrato con Sidepur muy inferior al que Arruti tenía apalabrado con Riera (300.000 euros frente a un máximo de 3 millones). Para la defensa de la alcaldesa, ni siquiera hay una “resolución administrativa” que pueda ser considerada ilegal y alega que se trata de una excusa para retrasar hasta finales de 2005 la comisión del delito y salvar la prescripción, ya que aunque el 'caso De Miguel' se inició en 2010 la imputación formal de Angulo no llegó hasta 2014.
Para Angulo, la prueba del nueve de que no formaba parte del plan de Arruti y De Miguel es que siendo ella alcaldesa nunca se llegó a autorizar la recalificación de suelo necesaria para la instalación del polígono. Angulo cedió la Alcaldía en 2007 y el nuevo regidor investido fue el independiente Aitor Abecia. También ese año De Miguel pasó a ser diputado de Urbanismo de Álava y siguió impulsando un proyecto por el que había cobrado dos años antes. Según explicaron tanto Arruti como los gestores de Riera, “había más comisiones” pactadas para la segunda fase del plan de Zambrana, la de urbanización.
