Zambrana: donde la trama del 'caso De Miguel' movió más dinero
El juicio del 'caso De Miguel' entrará este lunes en su fase decisiva. Tras el interrogatorio de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud por el PNV acusado de haber beneficiado con contratos 'a dedo' a las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, de la órbita del que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, arrancarán las declaraciones de los acusados por la fallida operación urbanística de Zambrana, cuantificada en 65 millones de euros y en la que más dinero se movió dentro de esta macrocausa. Como se observa en la tabla que acompaña a esta información, el entorno de De Miguel, impulsor de la recalificación “hasta el final”, primero a nivel político y más tarde desde su puesto de responsable de Urbanismo de Álava, ingresó importantes sumas que, según la Fiscalía, son comisiones ilegales.
La idea de crear un polígono en Zambrana surgió en 2004. La entonces alcaldesa, la peneuvista María Justina Angulo, contactó con quien entonces era hombre fuerte del partido en Álava y también gerente de la Industrialdea del Valle de Ayala, dependiente de la sociedad pública autonómica Sprilur. Quien todos conocen como Txitxo situó como intermediario para captar inversores a su amigo Josu Arruti, cuya mercantil Sidepur se embarcó en el proyecto desde el primer momento. Tras un fallido intento con los navarroaragoneses de Capirresgo y a través de la mediación de un excargo de CiU, Ramon Tomàs i Riba, el 29 de septiembre de 2005 Arruti firmó un acuerdo colaboración con los catalanes de Construcciones Riera, dispuestos a pagarle 3 millones de euros por sus gestiones (que luego se quedaron en menos).
Ya el 30 de septiembre, es decir, a las 24 horas, el entorno de De Miguel recibió un primer ingreso de dinero. Según los datos obrantes en el sumario, la asesoría Kataia Consulting -controlada por De Miguel y sus compañeros en la Ejecutiva alavesa del PNV Koldo Ochandiano y Aitor Tellería- ingresó cuatro pagos procedentes de Riera (vía Sidepur), 191.600 euros en total. El primer ingreso, de unos 130.000 euros, fue el primero de relevancia en esa mercantil y a él le siguieron extracciones de dinero que se destinaron a que Txitxo y su esposa pagaran un Saab, a un viaje a Extremadura y a 6.000 euros en joyas. Luego llegaron otros tres de 20.000 euros, 11.600 euros y 30.000 euros. Los pagos están justificados como supuesto trabajo de asesoramiento para el impulso del proyecto.
Eskalmelo es otra mercantil controlada por De Miguel (su socio en ella es Eduardo Pérez). A ella llegaron otros dos ingresos procedentes del entorno de Riera en 2007 y 2008 y suman unos 42.500 euros. En este caso el dinero se justifica como un supuesto alquiler de fincas de esta sociedad en la Rioja Alavesa para la instalación de un huerto solar, aunque no consta que las filiales de Riera Enginergy o Prograig instalaran las placas. Riera, por medio de nuevo de Enginergy, formalizó en 2008 un “préstamo” de 283.500 euros para que Kataia Consulting, sus socios a título individual y otros imputados compraran suelo rústico en Fruniz (Bizkaia), donde esperaban otro 'pelotazo' urbanístico. “De Miguel me comenta que un constructor les había hecho una oferta a los Goirizelaia [dueños de los terrenos, una familia del PNV] para comprárselos y que eran interesantes. Igualando la oferta, podíamos comprar antes de vendérselo. Fruniz está a 20 minutitos de Bilbao, pegando a Gernika. Estaba de moda salir de la ciudad y volver al campo, era el ‘boom’
del ladrillo“, argumentó Ochandiano en el juicio sobre un proyecto que tampoco prosperó.
Finalmente, la Fiscalía incluye también como otra de las comisiones de Riera al entorno de De Miguel la nómina que su esposa, Ainhoa Bilbao, tuvo en una sociedad del entorno familiar de Arruti, Nai Duenak. En 2007, el único ingreso de esta empresa provino de Riera y coincide casi con decimales con el salario a doce pagas de Bilbao (29.000 euros). Se da la circunstancia de que Aitor Tellería también estuvo en nómina de la filial alavesa de Riera, Riera Urbanizer.
El acuerdo de Arruti
La novedad que deparará el bloque de Zambrana es que -salvo sorpresas derivadas de las presiones que se están produciendo- Arruti explicará al tribunal la mecánica de financiación ilícita detrás de este proyecto. Arruti, como otros acusados de su familia con los que compartía empresas y los empresarios catalanes, Francesc Fernández Joval, Plàcid Casas, Joaquim Sabater y el propio Tomàs i Riba, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para ver rebajada su condena a cambio de colaborar. Según indicó el fiscal Josu Izaguirre, se trata de un pacto que dejará constancia de la existencia de una “trama” para la obtención de “comisiones ilícitas”.
En el caso de los catalanes, existe un precedente de un pleito por un querella interpuesta por los nuevos gestores de Riera, que interpretan que Fernández Joval y Casas saquearon las arcas de la empresa por haber abonado cantidades millonarias en Zambrana. Sobre los pagos a Sidepur, quien asumió la dirección de la empresa, Nicolás Guerrero, los criticó por no tener contraprestaciones. “En Zambrana nos han robado. Este proyecto estaba manchado, estaba sucio”, declaró en el juicio del 'caso De Miguel'.
Así las cosas, dos horas antes de ese juicio paralelo de Barcelona, celebrado poco antes del arranque del de Vitoria y con la presión de que pudiera fijar un precedente negativo, la pareja de exgestores de Riera se comprometieron en una notaría a renunciar al 32% de la filial alavesa Riera Urbanizer -por el precio simbólico de 1 euro- y a compensar a los socios con 800.000 euros más por el quebranto generado. Según la Fiscalía, aquel primer acuerdo extrajudicial al que ahora seguirá otro judicial ya fue “asunción de responsabilidades” de las irregularidades en Zambrana.
