Zambrana, un 'pelotazo' fallido de 65 millones y 3 en comisiones
Hace exactamente cuatro años, el 15 de mayo de 2014, el empresario catalán Francesc Fernández Joval declaró ante el juez instructor del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, que la operación urbanística impulsada en la pequeña localidad de Zambrana por el ex 'número dos' del PNV de Álava y luego responsable de Urbanismo de la Diputación, Alfredo de Miguel, estaba valorada en 65 millones de euros. De ahí que no le pareciera excesivo sino “razonable” haber acordado que su empresa, Construcciones Riera, abonara 3 millones -algo más del 4%- a sus intermediarios en Euskadi, encabezados por un amigo del político, Iosu Arruti. Éste, a través de su empresa Sidepur, derivó a su vez parte de esa cantidad a sociedades controladas por De Miguel.
Zambrana es, con indeferencia, la operación dentro del 'caso De Miguel' que más dinero movió. También la más compleja en sus flujos económicos. Desde este miércoles el macrojuicio del 'caso De Miguel', iniciado en enero y que se terminará en octubre si se cumplen las previsiones, hinca el diente a este asunto que sienta en el banquillo, entre otros, a De Miguel, a Arruti, a Fernández Joval, a otros promotores catalanes y a la exalcaldesa del pueblo, María Justina Angulo, que insiste en que ella nunca firmó acuerdo alguno con Riera.
Zambrana cuenta apenas 400 habitantes. Se ubica en el sur de Álava, junto al linde con la provincia de Burgos. El asunto de la polémica recalificación llegó a manos del juez Ramos mediante una denuncia anónima que apareció en el juzgado poco después de que De Miguel y otros dirigentes del PNV como Koldo Ochandiano y Aitor Tellería fueran detenidos en marzo de 2010. Aquel escueto escrito -del que luego ha asumido su autoría el actual alcalde independiente Aitor Abecia- vinculaba directamente la recalificación de Zambrana con la financiación de la nueva sede del PNV de Álava, ubicada en un edificio de la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria. Abecia está citado como testigo para el próximo 22 de mayo.
“En el PNV tiras del que es tuyo”
El plan tiene su antecedente en 2004. La entonces alcaldesa por el PNV, Angulo, propuso una actuación industrial aprovechando la ubicación de Zambrana cerca del nudo de comunicaciones de Miranda de Ebro, donde existen proyectos como Arasur. Angulo no ha ocultado en ningún momento que contactó con el partido para que le echara una mano con las gestiones. Su interlocutor fue De Miguel. Cuando se gestó la ampliación en Miñano, el gerente del parque tecnológico, Alfonso Arriola, también tiró de quien todos conocían como Txitxo. En ambos casos, está acusado de haber exigido comisiones ilegales. “En el PNV tiras del que es tuyo”, ha reconocido Angulo, que repite por activa y por pasiva que se función se agotó con esa gestión.
En Zambrana, De Miguel situó como intermediario a su amigo Iosu Arruti. Administrador de la asesoría Sidepur, domiciliada en Bizkaia, es militante de base del PNV y, según se ha conocido en el juicio, se encargaba de la compra y alquiler de terrenos para el partido de cara a las celebraciones del Alderdi Eguna, la gran fiesta anual del partido que tiene lugar a finales de septiembre. En mayo de 2004, con el apoyo del pleno, Angulo confió el desarrollo del plan industrial a Sidepur.
Al poco tiempo de aterrizar en Zambrana, Arruti localizó un inversor para el polígono industrial. Se trataba de Martín Balda Goñi, un empresario navarro residente en Aragón. El Ayuntamiento de Angulo firmó con la mercantil de Balda Goñi, Capiresgo, un convenio de colaboración ya en julio de ese año, 2004. Es en ese documento cuando se especifican por primera vez los planes de De Miguel y Arruti para Zambrana: el polígono industrial tendría 120 hectáreas repartidas en cuatro lóbulos, dos a cada lado de la autopista. Es tanto como el 3% de la superficie total del casco urbano.
Pero un año después, en 2005, Arruti ya tenía un acuerdo privado con Construcciones Riera para que fuera la promotora catalana quien se embarcara en el proyecto. Sidepur, como intermediaria, se llevaría 3 millones de euros. El acuerdo se sustancia exactamente el 29 de septiembre. En paralelo, De Miguel, de la mano de los otros dos dirigentes peneuvistas implicados en la trama, Ochandiano y Tellería, había constituido la empresa pantalla Kataia Consulting, que estaba a nombre de sus tres esposas. En aquel momento, Kataia Consulting era aún una sociedad “en constitución” y no tenía a nadie en plantilla, así como tampoco infraestructura. Sin embargo, percibió de Riera 130.000 euros (vía Sidepur) por un supuesto trabajo de asesoramiento para la operación de Zambrana. El pago se produce exactamente el 30 de septiembre de 2005, 24 horas después del acuerdo, y constituye el primer movimiento económico en las cuentas de Kataia Consulting. Los números coinciden con las anotaciones manuscritas de Ochandiano en un cuaderno que, durante el juicio del 'caso De Miguel', está siendo una de las pruebas fundamentales para desentrañar los ingresos presuntamente ilícitos de la trama.
A ese dinero se le sumaron después otros dos pagos, de 20.000 y 30.000 euros, hasta sumar 180.000 euros ingresados por Kataia Consulting. En 2007 y 2008, ya con De Miguel en la Diputación como responsable de Urbanismo, los pagos de Riera al político se canalizan a través de la sociedad Eskalmelo, creada en 2006 y de nuevo sin actividad aparente ni infraestructura. El primer ingreso, de unos 20.800 euros, procede de nuevo de Sidepur y se camufla como un supuesto alquiler de parcelas para la instalación de placas solares, algo que nunca se produjo. En 2008, llegó un nuevo pago, esta vez de unos 21.700 euros, abonado directamente a Eskalmelo por una filial de Riera, Enginergy. De nuevo, se trató de un presunto alquiler de terrenos para placas solares, aunque aparentemente esas fincas ya estaban ocupadas por Sidepur.
Enginergy, igualmente, abonó dinero a De Miguel, Arruti y otros implicados en este caso para la compra de unos terrenos en Fruniz (Bizkaia), sobre los que se preveía un desarrollo urbanístico. Riera puso 283.500 euros (aparentemente un préstamo, pero no tenía ni garantías ni calendario de vencimiento) y también contribuyeron otros dos empresarios que se sientan en el banquillo por el presunto abono de comisiones. Construcciones Loizate, la firma de Jon Iñaki Echaburu, pagó 13.800 euros, y Gestión de Recursos Baio, de Prudencio Hierro, otros 32.000 euros.
Riera creó una filial en Álava, Riera Urbanizer, para desarrollar el proyecto. Esa sociedad fue constituida por Ochandiano y su responsable fue Tellería. El convenio entre el Ayuntamiento de Zambrana y Riera Urbanizer es de 2008, cuando Abecia ya era regidor tras la pérdida de la Alcaldía por parte de Angulo tras los comicios de 2007.
De Miguel, interés “inusitado”
En 2007 también se produjo la llegada de De Miguel a la cartera de Administración Local y Equilibrio Territorial de la Diputación, competente en materia de Urbanismo En el palacio foral, De Miguel no frenó en sus gestiones para impulsar el ‘pelotazo’ de Zambrana por el que había cobrado de sus promotores (y lo seguía haciendo en aquellos años). El jefe del servicio de Urbanismo, Javier Gatón, afirmó en la fase de investigación y tendrá oportunidad de ratificarlo ahora en el juicio que el político mostró un interés “inusitado” en que este proyecto saliera adelante.
Por su parte, el empresario Nicolás Guerrero, explicó que había mantenido reuniones sobre la materia con el dirigente del PNV en su despacho oficial de la Diputación. Guerrero relevó a Fernández Joval al frente de Riera y ha sido una de las voces más críticas con la operación de Zambrana. Ha asegurado en varias ocasiones que Riera abonó sumas millonarias a Arruti por “nada real”, ya que los trabajos de asesoramiento supuestamente contratados los hicieron en realidad otras empresas. El aludido siempre ha alegado que la documentación justificativa se perdió en la inundación de un almacén de Sidepur. También los pagos de Sidepur a Kataia Consulting se justifican como supuestos trabajos de asesoría. Pero uno de ellos, la elaboración de un listado de parcelas y propietarios afectados por la recalificación, fue realizado en realidad por la entidad bancaria Ipar Kutxa. La Fiscalía defiende que todas estas transacciones económicas fueron en verdad comisiones ilegales.
Guerrero impulsó en Barcelona un procedimiento penal paralelo a la investigación en Vitoria por el dinero perdido por Riera en Zambrana. Y no sólo por las comisiones, sino porque el proyecto no llegó a cuajar en los términos previstos a pesar de los esfuerzos de De Miguel a nivel político. Así, Riera se encontró con que había desembolsado importantes sumas en opciones de compra de los terrenos sin que se ejecutaran nunca. Una millonada por un “campo de margaritas”, en definición de Guerrero, que se expresó así sobre esta cuestión:
“[Los nuevos gestores de Riera] Llegamos a la conclusión de que se han cometido errores importantes, negligencias graves. Y delitos más graves todavía. Es decir, los terrenos que aquí se han opcionado eran unos terrenos que antes de empezar esta fiesta eran terrenos rústicos y su valor podía ser de 2 ó 3 euros. Y el señor Fernández Joval lo que plantea a todos los propietarios es una compra a 13 euros. De ellos, 4 los paga por anticipado, cuando todavía esos terrenos no eran una realidad de nada. Con eso, nos hemos fundido casi 4 millones de euros que han ido a manos de los 70 u 80 propietarios de terrenos y la realidad es que en estos momentos no tenemos un proyecto urbanístico viable que nos permita pensar en la capitalización de ese dinero”.
Pero a última hora Riera retiró la acusación por “apropiación indebida” contra Fernández Joval y el resto de gestores anteriores. Así pues, el precedente judicial más directo sobre Zambrana se ha saldado con una sentencia absolutoria para los acusados.
Billetes de 500 y delito fiscal
Como añadido a este complejo expediente urbanístico en Zambrana, en el juicio se dirimirá también si la actividad de las empresas de la familia de Arruti fue opaca para Hacienda, en este caso para la de Bizkaia, el territorio fiscal donde estaban domiciliadas. Al superar los 120.000 euros el dinero aparentemente ocultado, la Fiscalía mantiene que existió un delito fiscal. La Diputación de Bizkaia (del PNV) siempre ha apoyado esta tesis y mantiene una acusación firme contra Arruti y contra su padre por fraude fiscal. Según la Diputación, el padre de Arruti cometió dos delitos fiscales y él mismo otro más.
Asimismo, parte de los pagos de la trama de De Miguel vinculados a Zambrana se hicieron en efectivo y en billetes de 500 euros. Un informe de la Ertzaintza ya lo apuntó en 2011 y señaló en concreto movimientos propios de una operativa de blanqueo de capitales. Por ejemplo, uno de los pagos de Riera a De Miguel, de 30.000 euros, fue realizado en 2006 y se canalizó de la siguiente manera: la empresa catalana ingresa el dinero a Arruti hijo, el padre extrae esa cantidad de las cuentas que controlaban y ese mismo día De Miguel, usando el nombre de su mujer, realiza distintos ingresos en sus cuentas de no más de 3.000 euros. Según la Policía, el empleo de billetes de alta denominación y el fraccionamiento del dinero apunta un posible intento de ocultación de capitales. Según se leía en el informe de 2011, “esta técnica suele utilizarse en operativas de blanqueo de capitales para evitar que la entidad financiera tenga la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)”, algo preceptivo a partir de los 3.000 euros.
