Los acusados alegan que Miñano no era una sociedad pública y que podía contratar 'a dedo' a Ainhoa Alberdi
Los presupuestos vascos de 2006 incorporan en su apartado de “entes, sociedades y fundaciones públicas” las cuentas del parque tecnológico de Miñano, que es “una empresa pública adscrita al Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de la comunidad autónoma de Euskadi”. Fue en aquel año cuando se contrató de manera directa, sin concurso, a la empresa Urbanorma Consulting, tras la “recomendación” de quien no tenía ningún cargo en Miñano, Alfredo de Miguel, entonces 'número dos' del PNV de Álava y que está acusado de corrupción por, entre otras operaciones, haber intentado presuntamente cobrarse una comisión de 100.000 euros por esas gestiones.
Según la Fiscalía, aquella adjudicación gestionada por Alfonso Arriola como gerente y por Julián Sánchez Alegría como presidente, ambos del PNV, constituyó una ilegalidad flagrante. Para los abogados de ambos, en cambio, el parque tecnológico, a pesar de que su capital sea 100% público, no puede tener la consideración de entidad pública y, por lo tanto, no le serían aplicables en 2006 las normativas de contratación, basadas en los principios de publicidad y transparencia.
Así lo expuso el letrado de Arriola el lunes en el juicio del 'caso De Miguel', que se halla inmerso en su última fase, la de conclusiones. Y así lo ha repetido este martes el defensor de Sánchez Alegría, Adolfo Saiz Coca, que ha definido a Miñano como “una sociedad mercantil corriente y moliente” que está “excluida” de las directrices generales de la contratación pública. Ha admitido Saiz Coca que esta interpretación puede chocar en 2018, pero ha añadido que en 2006 la legislación era “más laxa”. Ha llegado a decir que la Administración ha utilizado este tipo de entes instrumentales como “huida del derecho administrativo”, para no “encorsetarse” con las exigencias propias de la normativa de contratos públicos.
Siguiendo esta teoría, las defensas también sostienen que los cargos directivos de estas empresas tampoco son autoridad pública o funcionario a los efectos del Código Penal. El propio De Miguel, antes de ser diputado de Urbanismo de Álava en 2007, era gerente de una Industrialdea -dependiente de Industria, como los parques tecnológicas- y se agarra a que era un “laboral” para intentar evitar condenas por delitos sólo aplicables a cargos públicos, como el cohecho o la prevaricación.
“No ha habido nada irregular en el contrato de Urbanorma Consulting”, ha querido zanjar Saiz Coca, que ha indicado que en las sociedades dependientes de Industria eran habituales estas adjudicaciones en la época y que el propio Tribunal de Cuentas admitía que se pudiera “mitigar” el derecho administrativo en ellas. “El acervo probatorio avala no sólo que no existía dolo, sino que se aplicaba correctamente la legislación”, ha apostillado el abogado de Sánchez Alegría.
El expresidente del parque tecnológico -lo fue de toda la red vasca- también está acusado de coacciones. Según el relato de la Fiscalía, la administradora de Urbanorma Consulting y denunciante del 'caso De Miguel', Ainhoa Alberdi, se reunió con él en primera instancia tras ser extorsionada por De Miguel. Y Sánchez Alegría, siempre según la acusación, alertó al político: “Actúa como actúan las mafias: proteger a los suyos y dejar a los pies de los caballos a los ciudadanos”. Saiz Coca ha repetido que es “falso” y que su cliente, que admitió que Alberdi le trasladó la situación que vivía y que incluso le dio la cifra de 100.000 euros, “ni le amenazó ni le pidió dinero, todo lo contrario, trató de aportar tranquilidad” para que pudiera cobrar todos los honorarios pendientes de pago por el trabajo en el parque tecnológico.
“Hay que considerar que el señor Sánchez Alegría ha estado ocho años sufriendo la pena de banquillo, que le ha acarreado notables perjuicios, como la pérdida de su puesto de trabajo como consejero delegado de una importante empresa. No sólo la señora Alberdi salió perjudicada”, ha señalado el abogado, que en ningún momento ha criticado al presunto responsable de los hechos, De Miguel. Sí ha lamentado que la Fiscalía mantenga contra él otra acusación en el 'caso Epsilon', el fallido proyecto para crear una escudería vasca de Fórmula 1 con sede en Miñano y que se tragó sumas millonarias de dinero público.
No se “manipuló” el expediente de Stoa
En el juicio también se analiza un segundo contrato en Miñano, continuidad del de Urbanorma Consulting, y que recayó en la empresa Stoa, de la órbita de De Miguel. La Fiscalía, apoyada en un informe de la Ertzaintza, entiende que aquella contratación tenía que ir “sí o sí” a la compañía de Sergio Fernández Oleaga y que ello motivó una serie de anomalías como la admisión de una oferta de 343.000 euros aunque el desglose real del presupuesto de Stoa rondara los 500.000 o que se “manipularan” los puntos de una empresa que anunció un recurso, Lugarfive. Para ello, la acusación se apoya en un cruce de correos por el cual esta empresa ve reducidos de 20 a 10 los puntos en el apartado de solvencia. A cambio, alude a que Fernández Oleaga abonó una comisión de unos 3.000 euros a quien consideraba su “padrino”.
Por estos hechos, además de Arriola y Sánchez Alegría, está procesada Miren Bilbao, directora técnica del parque tecnológico. Su abogado, Jesús Urraza, ha reivindicado su inocencia y honorabilidad y ha asegurado que es absurdo pensar que hubo manipulación porque incluso con los 20 puntos Lugarfive nunca superaría a Stoa en puntos. Las defensas de Bilbao y Arriola coinciden en que aquellos 'emails' eran una simulación, “borradores”, y que nunca actuaron sobre el expediente original, que desde un principio recogía que la empresa recurrente tuvo 10 puntos. La falsedad documental tiene que darse sobre originales que sean destinados al “tráfico jurídico” y, según Urraza, la Fiscalía no ha probado que sea el caso.
Además, “Bilbao es una señora que no tiene ningún motivo para participar en ninguna irregularidad”. Ha destacado Urraza, cabeza de un equipo jurídico más amplio, que la acusado no conocía a De Miguel hasta el juicio. Ha justificado también que su defendida no contestase a las preguntas del fiscal Josu Izaguirre en el juicio porque, a su modo de ver, su “estilo” es inapropiado y “pregunta 25 veces hasta conseguir que se diga lo que se quiere”.
