El 'caso Margüello' en cinco claves: ¿hubo una trama en la gestión de las lista de espera de Osakidetza?

El 'caso Margüello' ha quedado esta semana visto para sentencia nueve años después de que el diario 'El Mundo' publicara los primeros datos en torno a las presuntas irregularidades en torno a dos contratos millonarios adjudicados por el Departamento de Sanidad para la derivación a clínicas privadas de pacientes en listas de espera de Bizkaia durante la etapa final de Gabriel Inclán (PNV) como consejero. Tras la larga investigación, entrelazada con otros procedimientos judiciales colaterales que no se han saldado con condenas, la causa principal será resuelta en el plazo de, como mínimo, un mes. Se exponen a elevadas penas de prisión cuatro acusados: el doctor José Carlos Margüello, amigo de Inclán y apoderado de Gestión de Servicios Sanitarios XXI -la intermediaria contratada por Sanidad para gestionar las listas de espera-, su socia María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas, y los excargos políticos José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia que promovió las contrataciones, y Rafael Cerdán, viceconsejero y firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial. Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora ha planteado como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. A continuación, las cinco claves de este caso.

1 - ¿Por qué 'caso Margüello' y no 'caso Fernández'?

El caso tomó el apellido del doctor José Carlos Margüello, exdirector de Calidad del hospital de Cruces, amigo personal de Inclán y además empresario. Sus firmas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 y la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. Así describía la situación el exconsejero Rafael Bengoa (PSE-EE), bajo cuyo mandato en 2009 se iniciaron las investigaciones: “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”. En los dos contratos concretos objeto de juicio, la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se ha presentado como simple “asesor” en la empresa y ha tratado de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, ha llegado a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

2 - ¿Era necesario el contrato?

Uno de los debates más acalorados durante el juicio es si estos contratos, que tuvieron un coste de 6,8 millones de euros, eran realmente necesarios. ¿Aportaba algo Gestión de Servicios Sanitarios XXI a la atención sanitaria? Las defensas han insistido en que la compañía ofreció a Sanidad algo “novedoso”, un plantel de médicos para poder atender un pico de demanda en Osakidetza. Esta intermediaria contrataba a los profesionales y éstos intervenían a los enfermos inicialmente en la San Francisco Javier y fruto del segundo contrato en la Clínica Indautxu. Esta fórmula, sin embargo, no se ha empleado ni antes ni después en las concertaciones con centros privados, que se hacen directamente entre Osakidetza y las clínicas sin necesidad de terceros. Los testigos de la acusación, singularmente Bengoa, han calificado de “innecesario” el papel de Gestión de Servicios Sanitarios XXI. ¿Qué aportaba una empresa sin experiencia, sin recursos y sin habilitación médica en la gestión de las listas de espera? ¿No se podía haber firmado el concierto directamente con San Francisco Javier o con Indautxu? Algunos de ellos han hablado de que no era más que una “agencia de viajes”. El que fuera 'número dos' de Bengoa, el actual diputado socialista Jesús María Fernández, deslizó incluso que se comprometió la “seguridad clínica” de los pacientes al ceder sus historiales a la “agencia” de Fernández y Margüello.

3 - ¿Se ha perdido dinero con la operación?

Es, sin duda, el asunto mollar del juicio. La Fiscalía reclama a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegan que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. Han aportado testigos que aseguran que Gestión de Servicios Sanitarios XXI no obtuvo grandes beneficios de esta operación y han incidido en que los precios de los procesos médicos se ajustaron a los máximos regulados en las órdenes oficiales de tarifas. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos, ha retirado finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración. El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó en un 'cara a cara' con Beramendi, abogado de Margüello y de su socia, así como de Elorriaga. En todo caso, en el juicio no se ha calculado el porcentaje que se quedó la intermediaria para poder medir el efecto real de estas contrataciones y los acusados ven exagerado que se les haga responsables de todo el coste del contrato, incluido el del servicio médico.

4 - ¿Fueron contrataciones ilegales?

Mucho se ha discutido también sobre la forma en que se realizaron las contrataciones. La primera de ellas, la de 2006, se ejecutó por el procedimiento de emergencia, reservado en la normativa para catástrofes o incluso para asuntos de seguridad nacional. La Oficina de Control Económico (OCE) afeó 'a posteriori' este procedimiento, lo que motivó el segundo de los contratos. Las defensas han alegado que la propia OCE autorizó un año antes contratos similares en Sanidad y han recalcado que había una situación crítica en Osakidetza y, en concreto, en Bizkaia, que había de ser solucionada con celeridad. La gripe de 2006 -han repetido hasta la saciedad- retrasó otros procesos médicos y, además, el Gobierno aprobó un nuevo decreto para garantizar la atención en unos tiempos máximos. Elorriaga, responsable de Sanidad en la provincia, habló incluso de “escándalo” social para justificar la necesidad de buscar una solución de emergencia al colapso de los quirófanos y consultas vizcaínos. Fue el propio Elorriaga el que detalló en su comparecencia en el juicio que, tras las dudas de la OCE, se planteó una nueva contratación del servicio de gestión de las listas de espera en Bizkaia. En esta segunda ocasión se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones. ¿La justificación de Elorriaga? “Habrá empresas privadas que llevan 45 años prestando servicios con prórrogas anuales…. Al proveedor hay que facilitarle su existencia y consolidarle para que sea un fiel servidor”, manifestó.

5 - ¿Tiene el caso un componente político?

El letrado Javier Beramendi es un fijo en los casos mediáticos con cargos públicos implicados en Euskadi. Últimamente está siendo protagonista en el 'caso De Miguel' como defensor de Xabier Sánchez Robles -acusado igualmente de contrataciones irregulares en los años 2006-2009- y ha participado en otros muchos procesos. No sorprendió por ello que en su alegato final, además de las conclusiones meramente jurídicas, introdujera el componente político. Mirando al tribunal -presidido por Alfonso González Guija- habló de causa “inquisitorial” y pidió que se ponga fin a un “calvario” de casi una década de duración. Sugirió que todo el caso es una venganza del PSE-EE contra el PNV en un momento muy concreto, en plena polémica por la salida de Juan José Ibarretxe tras el pacto con el PP para desalojar al PNV del poder. Aludió incluso que los socialistas devolvieron a los nacionalistas el golpe por la investigación que en su día probó que tanto el PSE-EE como la UGT manipularon una OPE de Osakidetza para colocar a su gente. “Es una lucha política a la antigua que se sirve en plato frío”, espetó Beramendi. El 'caso Margüello', en efecto, enfrentó políticamente al PNV con el entonces Gobierno socialista. Los 'jeltzales' criticaron duramente la labor de la comisión de investigación del Parlamento y se llegó a promover un comunicado de apoyo a Margüello, Inclán y el resto de implicados. Aquel manifiesto fue firmado por, entre otros, el actual consejero Jon Darpón. Durante el juicio -y aunque ambos partidos comparten ahora Ejecutivo de coalición- los principales apoyos de la Fiscalía han sido Bengoa y Fernández, ambos excargos socialistas. De hecho, uno de los pocos desmarques del PSE-EE con su socio en el Parlamento en lo que va de legislatura fue una votación en la que los socialistas se unieron a la oposición para exigir al Gobierno que recuperara hasta la última peseta en el juicio.