Las comisiones del 4% señalan a la trama de De Miguel

Cuando la empresaria Ainhoa Alberdi empezó a reunir pruebas para denunciar ante la Fiscalía el 'caso De Miguel' de corrupción, el mayor conocido en Euskadi, grabó una conversación con su antiguo socio, el constructor afiliado al PNV Jon Iñaki Echaburu, que hizo carrera al calor de decenas de adjudicaciones de Administraciones públicas controladas por su partido a pesar de que no pocas voces señalan los problemas surgidos en algunas de sus obras. Alberdi quería más información después de que el ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y su compañero Aitor Tellería le hubiesen pedido 100.000 euros de comisión por un contrato que su asesoría Urbanorma Consulting, fundada por Echaburu, había recibido 'a dedo' en el parque tecnológico de Miñano. En la conversación, grabada por Alberdi y adjunta a la denuncia, se escucha a Echaburu decir que el pago de comisiones era algo “dentro de lo normal”.

El juicio del 'caso De Miguel', antes de empezar a analizar la semana que viene la fallida recalificación urbanística en Zambrana valorada en 65 millones de euros y que reportó importantes ingresos a la trama de empresas controlada por De Miguel, ha revisado en su sesión de este miércoles si para Echaburu, en efecto, era “normal” pagar mordidas tras recibir contratos. En los últimos días se debatió sobre otro empresario, Prudencio Hierro, que costeó la reforma de la vivienda familiar del político, aparentemente también tras otra contratación. Un informe de la Ertzaintza entregado al juez que investigó el caso, Roberto Ramos, concluyó que había pruebas de que dos ocasiones Echaburu había abonado al entorno de De Miguel una cantidad equivalente al 4% del importe de las adjudicaciones obtenidas.

La pista partió de un cuaderno hallado en el camarote del tercer exdirigente nacionalista alavés implicado en este causa, Koldo Ochandiano. En él recogía anotaciones manuscritas como “Obra 4% Kataia” o “2.000.000 pesetas en negro piscinas de Lapuebla”. Kataia Consulting es el nombre de la mercantil sobre la que pivota la presunta trama corrupta. En efecto el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca reformó sus piletas. El 11 de noviembre de 2005, los trabajos fueron adjudicados a Construcciones Loizate, la empresa de Echaburu, por 251.985,61 euros. El 4% de esa cantidad son 10.079,42 euros, que se acercan a la previsión de dos millones de pesetas inicial y que coinciden con otra nota posterior de Ochandiano con esa cifra y la apostilla “cobra de Loizate”. 

Los responsables de la investigación sostienen que la trama camufló el pago con una factura por esa cantidad que cobró la sociedad Errexal, una promotora cultural cuyo administrador era el concejal en Leioa Iñaki San Juan y que entre sus trabajadores ha tenido a un edil en ese municipio de Lapuebla de Labarca, Roberto González Muro. Se da la circunstancia de que la factura de Errexal a Loizate por ese 4% fue previa a la adjudicación e incluso previa a la creación formal de la empresa, a la vez señalada por irregularidades en contratos con el área de Juventud del Gobierno vasco. El concepto de la factura aludía a que Errexal se encargó aparentemente de la cartelería de obra.

En la sesión del juicio ha comparecido González Muro, en la actualidad juntero en el Parlamento foral alavés, en el que llegó a ser portavoz del PNV. El testigo, en un nuevo interrogatorio tenso con el fiscal, Josu Izaguirre, ha asegurado no tener relación alguna con la adjudicación a Echaburu. Es más, ha recalcado que si hubiera estado en su mano Loizate no habría recibido ningún contrato porque su relación con Echaburu acabó mal tras compartir dirección de las juventudes del PNV, EGI. Asimismo, ha recalcado que el Ayuntamiento quedó descontento con las reformas. El fiscal Izaguirre ha remarcado, por su parte, que la adjudicación en Lapuebla de Labarca no pasó por una mesa de contratación y ha deslizado que las puntuaciones asignadas a la oferta de Echaburu pudieron estar infladas en relación a las de otras empresas que participaron en el concurso.

Estaba previsto que declarara también el contable de Echaburu, Ramón de la Fuente, pero falleció hace años. Por ello, se ha optado por leer en el juicio la declaración que prestó en su día en la fase de instrucción. En aquel momento, declaró que “había facturas que no seguían el circuito normal”. Y añadió: “Eso me llevó a pensar que no se correspondían con trabajos realmente realizados”. ¿Qué facturas tenían tratamiento diferenciado? De la Fuente declaró que exclusivamente las que tenían que ver con las empresas de De Miguel. La denunciante del caso, Ainhoa Alberdi, ya ha manifestado en este mismo procedimiento que “Construcciones Loizate pagaba comisiones”.

En plural. Y es que la operativa de Lapuebla de Labarca se reprodujo en otro municipio alavés gobernado por el PNV, Zigoitia, donde de nuevo Echaburu abonó vía Errexal el equivalente al 4% del contrato que recibió. En este caso, la presunta comisión asciende a 6.990,59 euros.

Echaburu, Ochandiano, De Miguel y el resto de los imputados declararán después del verano y no será hasta entonces cuando se conozcan sus explicaciones sobre estos pagos. El empresario, que ha realizado numerosas obras para el Gobierno vasco, principalmente colegios y comisarías de la Ertzaintza, adelantó cuando declaró en la investigación que esas facturas a Errexal por el 4% le parecían “mera coincidencia”. Echaburu cambió de abogado semanas antes de que arrancara el juicio.