El convenio de la sociedad pública del Gobierno vasco en la que trabaja De Miguel prevé su despido tras la condena por corrupción
El convenio colectivo para el período 2016-2019 de la Fundación Hazi, la sociedad pública que cuelga del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco para la que trabaja el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, recientemente condenado por graves delitos de corrupción, prevé la posibilidad de un despido disciplinario en caso de una “condena” por “robo, hurto o malversación” siempre que tenga “una duración superior a seis años”. Es un requisito que se cumple al superar los 13 (9 de cumplimiento efectivo) el castigo impuesto por la Audiencia de Álava, que celebra este viernes una vista para determinar si decreta el ingreso inmediato en prisión de De Miguel y otros cuatro excargos del PNV condenados, como demanda la Fiscalía.
Detenido el 17 de marzo de 2010 por este caso que lleva su apellido, quien todos conocen como Txitxo se vio despojado de su cartera de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) en la Diputación de Álava al día siguiente. También perdió la vicepresidencia de la Caja Vital. Sin embargo, no tuvo problemas para continuar con su carrera profesional a pesar de su imputación, ahora confirmada con la sentencia. Tenía dos plazas reservadas en la Administración pública fruto de sendas excedencias en puestos a los que accedió 'a dedo'. La primera la tenía en la sociedad pública Sprilur, en los Industrialdeak, donde trabajaba antes de ser nombrado responsable foral de Urbanismo por Xabier Agirre en 2007. Y la segunda en IKT, sociedad pública autonómica rebautizada actualmente como Hazi y que cuelga igualmente del área de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco.
En los Industrialdeak no fue readmitido y cobró una indemnización de 22.000 euros. Pero sí se reincorporó a IKT en la primavera de 2010 (el 22 de abril), sólo que para entregar un parte de baja laboral a los pocos días (26 de abril). La incapacidad temporal se prolongó en el tiempo (hasta el 28 de febrero del siguiente) y la Seguridad Social llegó a abrir una investigación. En 2012 estuvo otros siete meses de baja laboral. En cuanto al papel de Txitxo en Hazi, su amigo y jefe Asier Arrese explicó en 2014 en el Parlamento que estaba adscrito al área de Informática, pero en realidad desarrollaba sus funciones para la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Rural y Litoral. Otros conocidos expolíticos del PNV tienen también una plaza fija en esta sociedad pública, entre otros el que fuera presidente del PNV en Álava en la etapa de De Miguel, Iñaki Gerenabarrena.
En Hazi, el capítulo décimo del convenio de los empleados regula el “régimen disciplinario”. El artículo 55 regula las faltas leves, graves y muy graves. Entre estas últimas, en el apartado F, se habla de “las condenas por delito de robo, hurto o malversación, cometidos fuera de la empresa, o por cualquier otra clase de hechos que puedan implicar para ésta desconfianza respecto a su autor y, en todo caso, la de duración superior a seis años dictadas por los tribunales de justicia”. La resolución dictada contra De Miguel encaja en todos los supuestos.
¿Cuáles son las consecuencias de esa falta “muy grave”? El artículo 57 regula que las medidas posibles son la “suspensión de empleo y sueldo por más de un mes y no superior a tres meses”, la “inhabilitación para el ascenso por un período no superior a dos años” y también el “despido”. No es la única opción, pero el Gobierno tiene abierta una puerta para prescindir de Txitxo. Se trata de una previsión muy similar a la de otros muchos convenios, salvo que en algunos de ellos se añade la coletilla de que la condena ha de ser “firme”, algo que no ocurre en Hazi. En la del 'caso De Miguel', la resolución aún puede ser recurrida el Tribunal Supremo.
Otro condenado en una situación similar es el también exdirigente alavés Koldo Ochandiano, que en fechas recientes ha regresado al puesto de contable en el parque tecnológico de Miñano, una plaza que ocupaba cuando se originó el caso. La sentencia refleja que dos adjudicaciones en esa sociedad pública de capital mayoritariamente autonómico fueron ilegales y también que Ochandiano era una pieza fundamental en el engranaje de la trama corrupta de cobro de comisiones.
El concejal del PNV en Vitoria Iñaki Gurtubai ha manifestado en la Cadena Ser que desea que Ochandiano salga de esa entidad pública, si bien ha puntualizado que jurídicamente puede ser una labor compleja dado que la sentencia no es todavía firme. Gurtubai, asimismo, ha informado de que el alcalde de Vitoria, el nacionalista Gorka Urtaran, ha emplazado ya al Gobierno a resolver el contrato con la firma Stoa, uno de los recogidos en la sentencia y que fue reactivado el pasado año.
Gurtubai, eso sí, ha negado que el PNV defendiera antes de la sentencia que la adjudicación a Stoa era plenamente legal o, incluso, que ni siquiera estaba investigada dentro del 'caso De Miguel'. “El juez en ningún caso ha pedido que se analice”, manifestaron, sin embargo, los nacionalistas en el Parlamento. Ahora la sentencia ha constatado que De Miguel no sólo teledirigió esa contratación para que recayera en el empresario de Stoa, Sergio Fernández Oleaga, sino que cobró una mordida de unos 3.500 euros. Desde la oposición municipal PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos insisten en que se rescinda ya la relación contractual con un empresario condenado por corrupción.
