El desembarco de un fondo buitre en San Sebastián pone en alerta a más de 300 familias que viven de alquiler

El desembarco en San Sebastián de Azora, una empresa dedicada al mercado del alquiler residencial, ha puesto en alerta a cientos de inquilinos. Azora ha comprado Inmobiliaria Vascongada, una empresa de referencia en Euskadi y con más de 300 pisos alquilados. Azora fue, junto con Goldman Sachs, el fondo buitre que adquirió 3.000 viviendas de alquiler social a la Comunidad de Madrid por 201 millones de euros. Posteriormente incrementó de manera notable el alquiler a pagar, lo que llevó a la calle a numerosos inquilinos. La venta de los pisos por parte de la Comunidad de Madrid fue anulada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, las consecuencias de la nulidad de la venta están en el aire porque el fondo ya ha vendido una parte de los apartamentos en el mercado libre.

Stop Desahucios Gipuzkoa es el que ha dado la voz de alarma. “No vamos a permitir ningún desalojo ni incremento especulativo de alquileres del fondo buitre Azora”. Representantes de Stop Desahucios, con el apoyo de ediles de EH Bildu y Elkarrekin Donostia entre otros, han denunciado los “sospechosos cambios de política” que estaba llevando a cabo Inmobiliaria Vascongada “con sus más de 300 inquilinos” en la capital guipuzcoana.

Según han explicado, “de renovar con normalidad los contratos habían pasado a enviar burofaxes a los inquilinos notificándoles la finalización de sus contratos en la fecha de vencimiento a todos los efectos, aunque seguían girándoles mes a mes las rentas”. Además, saben que decenas de viviendas de esta inmobiliaria permanecen vacías, sin volver a alquilarlas.

Marcelino García, miembro de Stop Deshaucios Gipuzkoa, ha advertido de que el “fondo buitre” Azora actúa mediante “desahucios silenciosos” que se realizan “de forma legal”, pero subiendo de forma abusiva los alquileres. En ese sentido, ha advertido de que San Sebastián es “el nuevo objetivo de los fondos buitre”.

“En Donostia ahora mismo hay cerca de 300 familias en peligro de quedarse en la calle porque ya sabemos cómo actúan, pero tenemos conocimiento de que esta inmobiliaria posee un gran numero de inmuebles en Euskadi, con lo que el peligro es aún mayor”, han alertado desde Stop Desahucios.

Renta antigua

Laura Fernández, una de las inquilinas afectadas, ha explicado que comparte piso con tres compañeras estudiantes de doctorado. Cree que cuando finalice en mayo su contrato será complicado renovarlo porque “en San Sebastián no hay viviendas, ya no es solo que el precio sea abusivo”.

“No es solo por nosotras. Mi edificio está lleno de familias de gente mayor que tienen renta antigua, que llevan viviendo allí toda su vida y ¿dónde se van a ir?. No es posible que se pueda permitir que sea legal jugar con la vida de tantas personas mayores”.