La “desmovilización” definitiva de ETA allana una nueva política penitenciaria para sus 285 presos
El próximo 7 de junio se cumplen exactamente 50 años del primer asesinato de la organización terrorista ETA, la del guardia civil José Antonio Pardines a manos del carismático líder de ETA Txabi Etxebarrieta, abatido poco después por otro guardia civil en su huida. Prácticamente un mes antes, pero en 2018, en concreto el próximo viernes 4 de mayo, la organización ya desarmada ETA habrá procedido a su “desmovilización” y cerrará definitivamente “su ciclo y función”, como se detalla en el documento que se ha discutido durante los últimos meses, aprobado por amplia mayoría entre sus militantes, la práctica totalidad (un total de 285) encarcelados y dispersados por las prisiones de España y Francia.
ETA se ha valido para su epitafio final de los mediadores del Grupo Internacional de Contacto (GIC) que lidera el abogado sudafricano Brian Currin. Él, junto a su brazo derecho, el profesor uruguayo-israelí Alberto Spektorowsky, y la colaboración del Foro Social Permanente, con Agus Hernán a la cabeza, y Bake Bidea, han preparado lo que será la pista de aterrizaje con telón de fondo internacional para la desaparición definitiva de ETA. Junto a la participación del propio Currin, el acto -que será previo al la difusión del comunicado final etarra y se celebrará en la localidad de Cambo- contará con la presencia de algunas de las personalidades que ya colaboraron hace un año en la entrega de armas el 8 de abril de 2017 en Bayona, entre ellas el alcalde de esa localidad, que es a su vez presidente de la Mancomunidad del País Vascofrances, Jean René Etchegaray. No se descarta la llegada o que envíen algún tipo de mensaje o vídeo del expresidente de la iglesia metodista, Harold Good, quien participó en el proceso de desarme del IRA, o de Mateo Zuppi, miembro de la Comunidad de San Egidio y arzobispo de Bolonia. Ambos estuvieron en Bayona en el desarme parcial de ETA. La organización de esta 'conferencia internacional' apura los tiempos para conseguir el “máximo nivel de personalidades internacionales”, según fuentes conocedoras de los preparativos.
Todos los detalles de este acto de cobertura internacional a la despedida definitiva de ETA, tras 60 años de existencia trufada de muerte, dolor, secuestros y asesinatos -850 víctimas y miles de heridos- los ofrecerán en la conferencia de prensa convocada para este lunes a las 16:30 en el Hótel Le Bayónne por las organizaciones que han dado cobertura a la caída del telón definitiva de la organización terrorista.
Desde que ETA anunciara el 20 de octubre de 2011, cuando gobernaban los socialistas en Euskadi (Patxi López) y en España (José Luis Rodríguez Zapatero), ETA, en un proceso sin precedentes ya que no ha mediado negociación alguna con el Gobierno español, la organización terrorista ha ido dando todos los pasos de manera unilateral. Primero, el cese definitivo de la actividad terrorista (previa cumbre internacional de Aiete), después el desarme con cobertura internacional en Bayona, el 8 de abril de 2017, y ahora este movimiento para echar la persiana de 60 años de terrorismo.
¿Qué pasará con los presos?
Un año después del desarme, lo que pretendía ser la palanca del cambio en la política penitenciaria para los 285 presos que tiene aún ETA en las cárceles españolas y francesas, únicamente ha tenido efecto en las prisiones galas. Francia ha acercado desde el pasado mes de febrero a un total de nueve reclusos a cárceles próximas a Euskadi, los dos últimos el pasado 6 de abril.
Por contra, en España, la política penitenciaria del Gobierno de Mariano Rajoy no se ha modificado en estos 365 días y tras el último comunicado en el que los terroristas piden perdón a las víctimas -aunque no a todas por igual, solo a las que no tenían “una participación directa en el conflicto”-, el portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, reiteró el pasado viernes que “jamás” habrá contrapartida alguna por el hecho de que ETA desaparezca.
Todo hace pesar que las novedades puedan venir más de lo que pueda decidir el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que de iniciativas políticas del Ejecutivo popular o de Instituciones Penitenciarias. Al menos, un cambio automático e inminente está descartado. Más del 90% de los reclusos (unos 230) está en primer grado (régimen cerrado) y sin visos de modificar esta situación para poder acceder a otro tipo de beneficios carcelarios, tras el rechazo a las solicitudes para pasar a segundo grado de quienes lo habían solicitado (la mitad del colectivo). La revisión de la situación de los presos se produce cada seis meses por las Juntas de Tratamiento de las cárceles donde cumplen la pena y todas esas sucesivas denegaciones que se han producido acabarán finalmente en la mesa del magistrado Castro, que es quien tiene la última palabra sobre los beneficios carcelarios o progresiones de grado de los etarras.
La última decisión sonada de este magistrado en relación a los presos de ETA fue la excarcelación directa o la atenuación del cumplimiento de la pena de Rafael Caride Simón, de 72 años -condenado por el atentado contra Hipercor, el más sangriento de ETA-, Aitor Bores, Jorge Uruñuela y Luis María Carrasco. La mayoría, había manifestado por escrito su renuncia, rechazo y arrepentimiento por los hechos por los que habían sido condenados y se había desvinculado de la organización. Pero ahora ese requisito de desvinculación no será necesario porque ETA ya habrá dejado de existir.
Entre los mediadores que están organizando la cobertura internacional de la disolución final se espera que esta decisión permita que los presos de ETA empiecen a pasar a segundo grado, ya que el argumento empleado en las prisiones de que están sujetos a la disciplina de una organización armada ya habrá decaído. Esto allanaría el camino para lograr otro tipo de beneficios carcelarios y permisos. Es justo lo que acaba de ocurrir con el preso Xabier Sagardoi, quien recientemente ha accedido a un permiso para salir el fin de semana. Este recluso estaba ya segundo grado y el permiso, dictado por la cárcel de Soria, lo ha obtenido con el aval del juez.
Algo diferente sería acabar con la dispersión de los presos de ETA, decisión que el Ejecutivo de Rajoy no tiene previsto en un escenario inmediato a la disolución de la organización. Como vía intermedia Instituciones Penitenciarias podría dar luz verde a la excarcelación de los presos etarras muy enfermos o terminales. Arnaldo Otegi cree que la declaración autocrítica con el daño causado y el perdón pedido a las víctimas y el “cierre del ciclo” de ETA son “una inversión a futuro” que deberían posibilitar la “reconciliación, la paz, la justicia y también la libertad”. El lehendakari, Íñigo Urkullu, le ha reclamado a ETA que su comunicado final tenga una “intención reparadora” y que piense “en todas la víctimas” porque, a su juicio, el “hecho histórico” de su desaparición “pone fin a una historia de radical injusticia”. Las víctimas de ETA y los presos esperan que la justicia de la que hablan ambos líderes encajen con sus reivindicaciones: que los más de 300 crímenes sin resolver de ETA tengan su punto y final y que los reclusos etarras puedan cumplir sus condenas con una política penitenciaria renovada. Esa es la cuadratura del círculo que queda tras la desaparición definitiva de ETA el próximo 4 de mayo.
