El empresario que se benefició y perdió con el poder
El juicio que empieza hoy en Bilbao contra el empresario vizcaíno Jabyer Fernández, por un delito de alzamiento de bienes al no abonar 43 millones en impuestos a la Hacienda vizcaína, va a retratar el auge y caída de un industrial que se benefició del poder, se enfrentó a él cuando le frustraron su proyecto estrella y cayó empresarialmente viendo como cerraban las compañías de su emporio.
La vista, conocida como el caso Iurbenor y que se celebrará durante cinco días, juzgará su actuación en el que iba a ser el mayor proyecto urbanístico en Euskadi, con 2.000 viviendas en Barakaldo, pero que se frustró por la crisis. Fue el principio del declive de un empresario que tuvo la osadía de enfrentarse al diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. Jabyer (Santurtzi 1964) , quien se puso la y en su nombre en sus tiempos de juventud para remarcar su personalidad, sorprendió a mediados de la década pasada con un novedoso proyecto: construir viviendas en serie, como los vehículos. Por eso, decía que su proyecto se podía comparar con el de Henry Ford.
Entonces ya era presidente del grupo Afer, con un conglomerado de 30 empresas que daban trabajo a 2.000 empleados de los sectores inmobiliario y de la construcción. Un grupo surgido de una pequeña fábrica de ferralla. El proyecto de viviendas en serie, llamado Habidite, iba a crear una gran factoría en Alonsotegi con una inversión de 60 millones de euros y crear 1.100 empleos. Todo un reclamo electoral para los políticos y la Diputación de Bizkaia lo apoyó ciegamente. “Es un proyecto serio y una empresa seria”, afirmó en febrero de 2007 José Luis Bilbao. En los meses anteriores políticos de todos los colores , altos cargos y periodistas fueron invitados al txoko que tenía Fernández en su fábrica de Ortuella para mostrarles el innovador proyecto. Casi todos quedaron maravillados e incluso algún periodista hizo de adalid de la fábrica ante los políticos que tenían alguna duda.
El apoyo público era una bicoca para el empresario: se firmaron tres convenios en los que se garantizaba que la Diputación iba a comprar las primeras 1.500 casas. O sea, un negocio con la facturación inicial garantizada. “Nos se puede plantear desde la incertidumbre algo tan novedoso y con tanta inversión y empleo”, aducía Jabyer. Aunque entonces algunos partidos como el PP dudaron de la legalidad del compromiso de comprar 1.500 pisos ante la Unión Europea. “Es absolutamente inusual”, decía el entonces portavoz Carlos Olazabal. La realidad es que no había proyectos similares en el mundo: las casas prefabricadas eran chalets pero no edificios de hasta 12 plantas, como prometía Fernández.
Los problemas empezaron pocos meses después, cuando en el verano de 2007 constructores vascos se quejaron personalmente ante José Luis Bilbao. Jabyer Fernández podía frustrar muchos otros proyectos inmobiliarios y repartirse la mayor porción de la tarta del entonces suculento pastel de la construcción. Ahí estuvo la clave de que el proyecto Afer fracasase. Bilbao tuvo que empezar a recular pero lo hizo con pausa, mientras Fernández seguía avanzando en su proyecto. La presentación pública del proyecto Afer, en la planta principal de la empresa en Ortuella, en 2008 sembró las primeras dudas en el empresario. Al acto no acudió el diputado general aunque mandó a cinco diputados forales. José Luis Bilbao ya se había desmarcado y empezaba, aunque él aún no lo sabía, el declive de Jabyer Fernández, que entonces ya se beneficiaba de contratas públicas de obras de todo tipo para sus empresas. “Era el primer o segundo adjudicatario”, denunció el popular Carlos Olazabal. La sospecha de la connivencia entre las contratas y los gestores del dinero público.
La ruptura entre el empresario y el poder se consumó en 2009, cuando la Diputación rescindió por los retrasos cuatro obras adjudicadas al grupo Afer por más de 35 millones de euros. Era una decisión inédita que incluso provocó malestar en el grupo del PNV de las Juntas Generales de Bizkaia por no haber sido informados previamente por el diputado general. Fernández se sintió traicionado y empezó su guerra personal contra Bilbao, quien también vivió los meses más duros de su mandato al frente de la Diputación. Conversar en privado con uno u otro sobre este asunto servía para comprobar la inquina muta que se tenían. “Quiere ser lehendakari. No le puede ni ve a Ibarretxe”, decía Fernández en aquellos años. “Habría que saber donde guarda los fajos con billetes”, espetaba Bilbao, quien remarcaba que era un “individuo” que no había pagado a Hacienda.
Fernández, que ya veía naufragar su fábrica de pisos en serie, tuvo que vender el solar donde iba a acometer otro de sus grandes proyectos, el de los 2.000 pisos en Barakaldo. Aunque lo hizo a buen precio: 310 millones frente a los 302 que había pagado. La operación supuso un IVA de 43 millones que debía haber pagado a Hacienda pero solicitó un aplazamiento y el dinero lo empleó para sanear su grupo pero también comprar acciones de tres compañías. La Diputación denegó el aplazamiento fiscal –“le dejaron caer”, aseguran quienes conocen como funcionan las peticiones de aplazamientos de deudas- y socios de Fernández le denunciaron por el uso de los 43 millones, entre ellos el entonces presidente del Athletic, Fernando García Macua, quien había sido la mano derecha de Fernández. El imperio del empresario vizcaíno se cayó como un castillo de naipes y desde hoy se enfrenta a una petición de seis años de cárcel. De sus negocios en Euskadi no se sabe nada.
