La exalcaldesa de Zambrana niega haber actuado por “interés” en la recalificación urbanística
La exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo (PNV), salió el miércoles contrariada de la primera sesión que, dentro del macrojuicio de corrupción del 'caso De Miguel', ha abordado el proyecto de recalificación urbanística de 120 hectáreas en esta pequeña localidad del sur de Álava. El fiscal, Josu Izaguirre, señaló que Angulo “tenía interés económico evidente” al promover la operación porque en los terrenos afectos al plan urbanístico había dos fincas de su familia, una de su madre y otra de su tía. De haberse completado todo el proceso, le podrían haber reportado hasta 140.000 euros, según los cálculos expuestos ante la Audiencia Provincial de Álava por Izaguirre. El entorno de la aludida, consultado por este periódico, ha querido matizar las cifras para remarcar que “el gran interés no era tal” porque el contrato relacionado con el terreno de la tía nunca se llegó a firmar y porque en el de su madre los pagos fueron de 21.678 euros “menos 10.000 euros en impuestos”, ya que sólo se abonaron opciones de compra y no la totalidad del precio pactado.
Fue en 2004 cuando desde el Ayuntamiento de Zambrana se planteó la posibilidad de impulsar un polígono industrial en la localidad, de apenas 400 habitantes. Se estableció un primer acuerdo con el promotor navarro-aragonés Martín Balda Goñi, de la empresa Capiresgo, pero la oferta no satisfizo a los propietarios, encabezados según se ha conocido en el juicio por el entonces director de Agricultura del Gobierno vasco, el nacionalista José Antonio Ocio (PNV). En paralelo, Angulo había contactado con el 'número dos' de su partido en Álava, Alfredo de Miguel, que en aquella época era alto cargo de la sociedad autonómica de Urbanismo, Sprilur. Fue De Miguel quien situó a la empresa de su amigo Iosu Arruti (Sidepur) como intermediaria para captar nuevos inversores que mejoraran la oferta. En septiembre de 2005 Sidepur firmó un acuerdo con la catalana Construcciones Riera, que estimaba el volumen de la operación en 65 millones de euros.
Con el asesoramiento de la entidad financiera Ipar Kutxa, se alcanzó un acuerdo para el traspaso de las 120 hectáreas mediante la firma de opciones de compra de 4 euros por metro cuadrado que finalizarían con un pago final de unos 13,45 euros por metro cuadrado. El proyecto fracasó, tanto por vicisitudes políticas -a pesar del impulso directo de De Miguel desde su nuevo puesto como responsable de Urbanismo de Álava a partir de 2007- como por el propio estallido del 'caso De Miguel' en 2010. Los propietarios, finalmente, sólo cobraron la parte acordada por las opciones de compra, pero retuvieron la titularidad de las fincas una vez que en 2015 expiró el plazo máximo que se guardó Riera para ejecutar la operación.
En el caso de Angulo los ingresos “no fueron 140.000 euros”, según las fuentes consultadas, que sin negar la existencia de esas parcelas familiares rechazan también que participara de manera directa en las negociaciones de precios dada su posición de alcaldesa. Igualmente, niegan con rotundidad la acusación de la Fiscalía de que tuviera “interés directo” en impulsar la operación. En el caso de la parcela de la tía, siempre según estas fuentes, Angulo se limitó a poner en contacto a Ipar Kutxa con sus familiares directos dado que la mujer, ya mayor, “estaba internada en una residencia”. Asegura que nunca negoció en su nombre y que, además, esos terrenos nunca llegaron a ser incluidos en la operación.
En el segundo caso, un parcela titularidad de su madre, el total de pagos ascendió a 21.678 euros teniendo en cuenta que se abonaron 4 euros por una finca de unos 5.420 metros cuadrados. Ello conllevó el abono a Hacienda de unos 10.000 euros. Riera realizó varios ingresos por esta finca, la misma operativa que siguió con el otro medio centenar de personas propietarias. Los más altos se produjeron después de que en verano de ese año Angulo perdiera la Alcaldía en favor del independiente de la plataforma AIZ Aitor Abecia, aunque sí hubo uno de 4.877,63 euros de la primera mitad de 2007 (el equivalente a 0,90 céntimos por metro).
En el entorno de la alcaldesa ven inconcebible que se le acuse de tener un interés económico personal por ser titular de “5.000 metros” de una operación total de “1.200.000”. “Ése es el gran interés, una huerta de dos fanegas”, ironizan estas fuentes, que apuntan que “los millones están en otro lado”. El proyecto, según estimaciones de la propia Riera, estaba valorado en 65 millones, Arruti firmó un contrato de 3 millones por su intermediación, De Miguel obtuvo ingresos superiores a 200.000 euros en presuntas comisiones y se estimaba que la compra de todos los terrenos hubiese supuesto un desembolso de 14 millones de euros.
La defensa de Angulo insiste en que fue el nuevo alcalde, Abecia, quien rubricó el convenio definitivo de recalificación de suelo con Riera, cuya filial en Álava se llamaba Riera Urbanizer. “Si tuviera interés, habría firmado ella”, remarcan estas fuentes. Sin embargo, el regidor no comparecerá en el juicio porque la defensa de De Miguel ha renunciado a su testimonio y la de Angulo no lo había solicitado.
En general, los abogados defensores de los imputados están renunciando prácticamente a la totalidad de los testigos que habían buscado para proclamar su inocencia. Este cambio de estrategia llega después de algunos intentos fallidos en otros momentos del juicio.
