El exconsejero Bengoa, testigo estrella de la Fiscalía en el 'caso Margüello', declarará finalmente el 26 de marzo
El juicio del 'caso Margüello', en el que se analizan las presuntas irregularidades en dos contratos para la derivación a la Sanidad privada de pacientes de Osakidetza en lista de espera valorados en 6,8 millones de euros, no está dando los frutos esperados por la Fiscalía. Si en la primera jornada su interrogatorio al principal acusado, el doctor José Carlos Margüello, apenas duró 11 minutos y prácticamente se limitó a 'no sés' y 'no me constas', en la segunda el gran titular ha sido la ausencia del testigo más significativo de la acusación, el exconsejero de Sanidad por el PSE-EE, Rafael Bengoa, quien bajo su mandato ordenó revisar los expedientes de contratación de sus predecesores con empresas vinculadas a Margüello, que es amigo íntimo del anterior titular de Sanidad con el PNV, Gabriel Inclán.
Bengoa no ha participado en la sesión de este martes del juicio ya que se halla de viaje en Brasil. Fuentes de su entorno explican que el exconsejero “no recibió la citación” para comparecer como testigo en tiempo y forma, ya que fue remitida a un despacho profesional en el que hace años que no trabaja. No es el primer caso en que la Justicia es incapaz de localizar a una persona de relevancia pública en los últimos meses. Bengoa no regresará de su viaje hasta la próxima semana y el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso González Guija, ha comunicado este miércoles que la citación se traslada finalmente al próximo 26 de marzo, día en el que se realizará también parte de la prueba testifical propuesta por las defensas, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia vasco. El resto de la prueba testifical y las conclusiones del juicio quedan para el 27 de abril, como estaba previsto.
El ‘caso Margüello’ surge precisamente al poco de tomar posesión Bengoa en mayo de 2009. Su equipo, al levantar alfombras, detectó que las empresas vinculadas al amigo de Inclán habían obtenido más de 30 millones en contratos sanitarios entre 1996 y 2008. El doctor era jefe clínico en la unidad de Calidad de Cruces, un cargo menor. Pero en paralelo gestionaba varias compañías a pesar de la posible incompatibilidad. Entre ellas se puso el foco en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que no tenía más plantilla que dos administrativas. En ella Margüello sólo poseía el 1% del capital social y el 99% era de su socia María Nieves Fernández, aunque una de las empleadas era hermana del facultativo y él era apoderado.
En 2006, apenas unos pocos meses después de constituirse y con base en un decreto para reducir las listas de espera, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que tenía que buscar médicos externos y conveniar el uso de una clínica privada, recibió 'a dedo' un contrato para la gestión de las derivaciones de pacientes a una clínica privada. Para ello, se activó un procedimiento de “emergencia” que evitó sacar a concurso la licitación, valorada en alrededor de 1,9 millones. Como ese contrato recibió un informe negativo de la Oficina de Control Económico, se reformuló dos años después mediante un sistema “negociado sin publicidad” que benefició a otra UTE controlada por Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Aquel contrato tenía un máximo de 200.000 euros pero acabó elevándose hasta rozar los 5 millones.
No ha comparecido Bengoa en el juicio pero sí su 'número dos', Jesús María Fernández, actualmente diputado socialista en el Congreso. El que fuera viceconsejero de Sanidad ha asegurado que “no estaba justificaba” la contratación de una intermediaria para gestionar las listas de espera. Ha explicado que con anterioridad y después de ese contrato Osakidetza ha contratado directamente con las clínicas. “Nunca se había hecho antes, ni nunca se ha hecho después y que no está justificado”, ha señalado. La investigación ha puesto de manifiesto que Gestión de Servicios Sanitarios XXI se quedaba con un porcentaje por su labor de coordinación que oscilaba entre el 5% y el 20%. Fernández no se ha quedado ahí y ha declarado que esas contrataciones irregulares “pusieron en riesgo la salud, la atención sanitaria y la seguridad clínica”, según informa Europa Press.
Fernández, ante la ausencia de Bengoa, se ha convertido en el principal apoyo de la Fiscalía para lograr las condenas propuestas para los imputados -el viceconsejero Rafael Cerdán y el director en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, por firmar las adjudicaciones irregulares y el doctor Margüello y su testaferro María Nieves Fernández-. Ha dado también algún detalle de cómo se gestó este caso en 2009 y ha destacado el trabajo investigador previo del diario 'El Mundo'.
Fernández ordenó una primera investigación interna “por la publicación en un periódico de una serie de informaciones sobre casos de estas adjudicaciones, irregulares según el periódico”. Ese trabajo se lo encomendó a Xabier Elexpe, quien también ha comparecido este martes ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, y a otra funcionaria. Sus conclusiones “reafirmaban todos los hechos que se habían publicado” por lo que se empezaron a tomar medidas laborales, administrativas y también políticas (una comisión de investigación en el Parlamento vasco).
“Se abrió expediente administrativo y se demostró que había habido una presunta autorización ilegal para concertar y contratar a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI y se solicitó un informe de la comisión jurídica asesora del Gobierno vasco que declaró nula de pleno derecho la autorización”, ha explicado sobre la empresa aparentemente controlada por Margüello, que en días antes de recibir la contrata para la derivación de las listas de espera fue declarada exenta de obtener la homologación que requieren las clínicas privadas.
