Un exsenador del PNV, al banquillo por un fraude fiscal de hasta 1,8 millones de euros

Un juzgado de San Sebastián celebrará esta semana las vistas del 'caso Bravo II', en el que están acusados el empresario Fernando Isidoro González Enfedaque (ex de Air Madrid y ahora al frente de la aerolínea Plus Utra) y el exsenador del PNV Víctor Bravo, que eran socios en la empresa Glass Costa Este Salou. Durante su etapa como director de la Hacienda foral de Gipuzkoa, Bravo procuró un trato privilegiado a esta mercantil y a otras relacionadas con ella, lo que le permitió ahorrarse en los ejercicios 2003, 2004 y 2006 1,8 millones de euros en impuestos, según la Abogacía del Estado, o 1,4 millones, según el cálculo más conservador de la Fiscalía. La pareja está acusada por tres delitos fiscales y se expone a penas de prisión que varían en función de las acusaciones: seis años reclama el ministerio fiscal y nueve el Estado.

Esta investigación judicial se inició en 2007, una época en la que florecieron en Euskadi, singularmente en Gipzukoa y por batallas internas, otros casos relacionados con la gestión del PNV como el 'caso Balenciaga', el del saqueo del museo al modisto vasco más universal y que ha motivado una ;condena de cárcel al exalcalde de Getaria, Mariano Camio. Más tarde estalló el 'caso De Miguel', en Álava, y cuya sentencia se espera para este otoño. Además, ya se juzgó el 'caso Bravo I' por el cual el hermano de Víctor Bravo, José María, que fue responsable de la delegación de la Hacienda guipuzcoana en Irún, fue enviado a prisión por apropiarse durante años de dinero correspondiente a deudas fiscales. Su 'modus operandi' era el siguiente: citaba a los morosos, les prometía una rebaja si pagaban en efectivo y se valía de su poder para dar por cancelada la deuda. Gran parte del dinero era invertido en negocios en el Valle del Jerte, en Extremadura, donde Víctor Bravo también tenía intereses.

Para comprender el 'caso Bravo II' hay que explicar previamente una figura fiscal llamada “Sociedades de Promoción de Empresas”, exclusiva de Gipuzkoa en la época (fue creada en 1996) y que procuraba generosas exenciones fiscales a los beneficiarios. Para acceder a ese régimen la empresa debía solicitarlo y la Hacienda foral autorizarlo tras revisar todos los requisitos. Ambos acusados, según la Fiscalía, “planificaron” la manera de que una empresa con sede real en la localidad tarraconense de Cambrils llamada Glass Costa Este Salou y que se dedicaba a los hoteles y al sector inmobiliario pudiese hacerse pasar por guipuzcoana.

Destaca el ministerio fiscal que Bravo “conocía a la perfección la normativa aplicable” por razón de su cargo y que se valió de ello para beneficiar a su socio. Glass Costa Este Salou y las mercantiles relacionados tuvieron domicilios ficticios en los que no desarrollaban ninguna actividad mientras despachaban desde la rambla de Jaume I de Cambrils. Todavía hoy en un edificio de oficinas de San Sebastián aparece el nombre de “Glass” en el directorio de la entrada. “La simulación domiciliaria convenida por los acusados sirvió para lograr dos objetivos: tributar ante una Administración no competente y llevar a cabo esa tributación no bajo la normativa estatal, sino la normativa foral”, apunta la Fiscalía. En suma, Bravo tenía el control y ello le procuró “grandes beneficios” al entramado societario del que era copartícipe.

El gran capote de Bravo a Glass Costa Este Salou, creada en 2001, fue la firma de la orden 83/2002 en la que le autorizó la aplicación del régimen especial de Sociedades de Promoción de Empresas. “Dictó dicho acto sin abstenerse pese a que, poco antes, había adquirido una participación en la empresa, directa del 1,65% e indirecta del 7,16%”, explica la Abogacía del Estado en su escrito de acusación previo al juicio. Denuncia también que la mercantil quedó “bajo la competencia inspectora” de Bravo. Nunca saltó ninguna alerta a pesar de que ninguno de los hoteles ni promociones inmobiliarias estuvieran en Gipuzkoa.

Montado el sistema, Fiscalía y Abogacía del Estado coinciden en que la empresa efectuó “diversas operaciones de reestructuración empresarial carentes de todo motivo económico y compraventas inmobiliarias a precios irreales o falsos con la única finalidad de reducir los impuestos a pagar, puesto que el régimen especial preveía mayores posibilidades de deducción y amortización que las de la normativa estatal”. A partir de ahí, ambas acusación difieren en el cálculo de la cantidad defraudada por los acusados.

La Abogacía del Estado apunta a “un total de 1.834.036,86 euros” y reclama los fondos para la Agencia Tributaria, porque la actividad real de Glass Costa Este Salou siempre estuvo en Tarragona. Pide para González Enfedaque y Bravo tres años de prisión por cada uno de los delitos fiscales cometidos (ejercicios económicos 2003, 2004 y 2006) y una multa del doble de la cuota defraudada.

En cuanto a la Fiscalía, rebaja la cuantía a 1.392.932,087 euros y, a pesar de sostener que Glass Costa Este Salou nunca fue guipuzcoana, pide que el dinero se devuelva a la Hacienda foral. No pide que paguen el doble, sino la cantidad defraudada más el “interés legal” de estos años. Coincide con la otra acusación en que son tres los delitos fiscales cometidos pero rebaja a dos años la petición de prisión por cada uno de ellos.

Uno de los elementos más llamativos del juicio es que Bravo no se sentará en el banquillo de los acusados. Lo hará en el estrado reservado para acusadores y defensas, ya que ejercerá su derecho a representarse a sí mismo. En un principio estuvo asistido por uno de los penalistas vascos más conocidos, Javier Beramendi. Fuentes judiciales dan por hecho que uno de los grandes argumentos de los imputados va a ser la denuncia de las dilaciones indebidas en un proceso judicial que se ha alargado una década y que tuvo su génesis en 2001.

Bravo dimitió de su escaño en el Senado cuando en 2007 aparecieron las primeras informaciones sobre este caso. Se despidió con un comunicado:“A pesar de lo difícil de la decisión, convencido como estoy de mi inocencia, la asumo por el respeto que me merece la confianza que la sociedad guipuzcoana y vasca tienen en el Partido Nacionalista Vasco, y también para poder defender con mayor libertad mi honorabilidad a lo largo de mi trayectoria política como representante de EAJ-PNV en las instituciones públicas”.

Cuando estalló el caso, muchos afiliados del PNV críticos con la gestión del partido en Gipuzkoa -entonces como hoy controlado por Joseba Egibar, también portavoz parlamentario- recordaron cómo en su día fue el propio presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB) quien avaló la afiliación al partido de Bravo, de orígenes extremeños. Se trataba de un hombre que no ocultaba sus Porsche (911, 924 y Cayenne) y que vivía en una lujosa villa que adquirió a la promotora Amenabar, según 'El País'. Antes, la Diputación de la que formaba parte permutó a esta constructora unos terrenos en una de las mejoras zonas de San Sebastián para conseguir unos locales en Tolosa. La propiedad de Bravo se hallaba en esos terrenos en la capital guipuzcoana. Ni siquiera siendo senador ocultaba en la prensa sus otros intereses económicos.