La identificación por huella digital en Lanbide será “voluntaria”
El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) lleva probando desde octubre un sistema de identificación de los usuarios mediante huella digital. El 15 de marzo, la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uria, recordó en el Parlamento a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que la cesión de datos biométricos personales no podía resultar obligatoria para, por ejemplo, el colectivo de perceptores de la renta de garantía de ingresos. En este escenario, Lanbide tiene asumido que la cesión de la huella como mecanismo de control será algo “voluntario”, pero el Gobierno no aclara ni cuántos se han negado a utilizar este sistema durante las pruebas piloto ni la alternativa para aquéllos que lo rechacen de manera expresa pero que seguirán teniendo los mismos derechos para cobrar prestaciones y recibir el resto de servicios.
Explica Artolazabal en respuesta escrita a las preguntas de Laura Garrido (PP) en la Cámara que “en octubre de 2017 se firmó un convenio con Izenpe” para probar el sistema en la oficina de Txagorritxu de Vitoria, tanto con usuarios como con los trabajadores. En cuanto a los primeros, “las personas usuarias que acuden a la oficina pasan voluntariamente a la toma de datos biométricos”. Y añade que desde “marzo de 2018” y con una duración de “seis meses” se extenderá el plan a otras nueve oficinas de Lanbide de Vitoria, Bilbao (2), San Sebastián, Lasarte-Oria, Beasain, Barakaldo, Portugalete y Sestao.
¿Qué supondrá? Según Artolozabal, “se contratarán diez auxiliares administrativos para esta etapa”. El gasto asociado de la contratación de este personal es de 123.452,00 euros. Y el equipo de recogida biométrica consta de un lector Dactilar 4-4-2, una cámara de fotos, un validador de documentos y un lector dactilar de una huella con un coste total de 28.277,70 €. El coste de esta segunda fase se estima en 151.729,70 euros“, abunda Empleo y Políticas Sociales.
Lo que no aclara el Gobierno es qué ocurrirá en la denominada “fase masiva”, es decir, cuando el sistema se extienda a toda la red. Protección de Datos criticó que la idea inicial fuese hacer obligatoria la identificación dactilar: “No parece que [el plan de Lanbide] contara con el consentimiento previo y es obligatorio. De la orden de inicio se deduce lo contrario, que iba a ser una obligación general”. Por ello, Uria recordó en el Parlamento que los afectados de semejante sistema de control tienen que dar un consentimiento expreso y, si se niegan, disponer de una alternativa para acceder a los mismos servicios en igualdad de condiciones. Una nueva normativa europea que entrará en vigor esta primavera aborda precisamente estas cuestiones.
Según ha informado la 'Cadena Ser', el Ararteko ha recibido de Lanbide la confirmación de que el sistema se ajustará a la legalidad y será voluntario. “De momento, mientras estudiamos el tema legal, lo que voy a hacer es que sea voluntario”, le habría dicho Artolazabal al titular del 'ararteko', Manuel Lezertua, según ha explicado este en una entrevista en la citada emisora.
Consultado por este periódico, Empleo y Políticas Sociales no ha aportado más información y no ha concretado qué sistema alternativo se ofrecerá a los ciudadanos que se nieguen a entregar sus datos biométricos a la Administración. Igualmente, no hay datos de cuántas personas han rechazado el sistema durante la fase de pruebas y cómo se ha actuado con ellos.
