Un imputado por corrupción en Miñano gestiona la nueva ampliación del parque tecnológico

Sergio Fernández Oleaga, arquitecto de la empresa Studio Técnico de Obras y Arquitectura (Stoa), tenía como “padrino” a Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV en Álava que se enfrenta a 54 años de prisión por hasta 21 delitos de corrupción en el juicio del caso que lleva su apellido y que se retomará a la vuelta de las vacaciones de verano. Según se ha conocido en las vistas de la Audiencia Provincial de Álava, fruto de la influencia de De Miguel, Stoa participó en la ampliación del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. La Fiscalía le acusa de abonar comisiones al político por ello y se expone a 12 años de cárcel. Ha pasado una década de aquellos hechos, pero el pasado 27 de julio el Ayuntamiento aprobó el primer trámite para una nueva ampliación del polígono, gestionado por una sociedad pública mayoritariamente autonómica, y que consistirá en 840.000 metros cuadrados en el norte. La persona que ha preparado la ampliación en nombre de Miñano ha sido Fernández Oleaga y es Stoa quien ha confeccionado para el parque tecnológico el denominado 'Plan de Sectorización'. 

La concejal de Urbanismo de Vitoria, Itziar Gonzalo (PNV), propuso el 18 de julio autorizar el inicio de la ampliación. La Junta de Gobierno local, reunida el 27 de julio, validó esa solicitud y, finalmente, causó plenos efectos legales el 8 de agosto, tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Precisamente uno de los puntos que se trató durante los meses que siguieron desde la primera propuesta enviada al Ayuntamiento por Miñano hasta el 'ok' definitivo fue la condición de Fernández Oleaga como representante del parque tecnológico. Finalmente, el 17 de julio, el gerente de la sociedad pública, Francisco Márquez, “asumió el contenido” de la documentación enviada al Ayuntamiento por Stoa desde febrero. Se desconocen los detalles de esta contratación.

La relación de Stoa con Miñano se remonta a 2006. En aquel momento, con el también nacionalista Alfonso Arriola como gerente (otro de los imputados en el 'caso De Miguel') se planteó la ampliación del polígono. Según ha manifestado la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, que en 2009 denunció ante la Fiscalía este caso de corrupción, el mayor investigado en el País Vasco hasta la fecha, su socio Jon Iñaki Echaburu pactó con De Miguel -que en aquel momento no tenía cargo alguno en Miñano- la creación de una sociedad 'ad hoc', Urbanorma Consulting, para gestionar la compraventa de las nuevas parcelas. Cuando el grupo empresarial de Echaburu -militante del PNV y contratista muy habitual de la Administración local y autonómica vasca- entró en problemas económicos, Alberdi adquirió el 100% de Urbanorma Consulting y, según su denuncia, es ahí donde empezaron los problemas.

Asegura que De Miguel y otro dirigente alavés del PNV, Aitor Tellería, se dirigieron a ella para exigirle una comisión equivalente a un tercio del contrato 'a dedo' de Miñano. Finalmente, la cantidad se la 'rebajaron' a 100.000 euros, según ha detallado ella misma en el juicio. No sólo dijo eso, sino también cómo De Miguel puso algunas condiciones para el contrato. Una de ellas era que Urbanorma Consulting subcontratase a Stoa.

Manipulación de documentos para beneficiar a Stoa

Para la segunda fase de esa ampliación, que iba a recaer en Stoa, la promesa que recibió Alberdi fue que ella sería la subcontratada. Pero ella asegura que su negativa a 'pasar por caja' le supuso un veto. Sin embargo, Stoa sí resultó beneficiaria del concurso público que se realizó en Miñano. Una agente de la Ertzaintza que colaboró en la investigación con el juez instructor del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, describió en el juicio cómo los responsables del parque, al tener constancia de que una empresa llamada Lugarfive tenía intención de presentar un recurso al concurso que habían perdido en favor de Stoa, modificaron en solamente 25 minutos varios documentos oficiales del expediente para reducir la puntuación que había logrado Lugarfive en un inicio de modo que la firma de Fernández Oleaga quedase en los papeles como mejor oferta “de una manera u otra”. 

La adjudicación a Stoa se formalizó el 19 de enero de 2009 en un proceso que se inició el 15 de diciembre del año anterior. Ese día se produjo la apertura de propuestas, entre las que la de Stoa resultó la más económica aunque el desglose real del presupuesto ofrecía una suma muy distinta a la ofertada, en concreto 150.000 euros mayor (343.593 euros frente a 499.762 euros). Ello motivó que Lugarfive, otra de las compañías que se presentaron al concurso, enviara un burofax a los responsables de Miñano. Llegó a manos del gerente, el nacionalista Alfonso Arriola, el 27 de enero por la mañana.

A partir de ahí, ese día se sucedieron los acontecimientos, como consta en el informe elaborado por la agente de la Ertzaintza 15421. Arriola y la directora-técnica del parque tecnológico, Miren Lourdes Bilbao, se cruzaron un correo a las 17.45 horas de ese día en el que constaba como archivo adjunto el documento con la valoración de las distintas ofertas. Ahí Lugarfive acreditaba 20 puntos sobre 20 posibles en “solvencia”. Solamente 25 minutos después, Bilbao envía otro 'e-mail' a su superior “con las correcciones indicadas y cambios en solvencia profesional”.

Y sí hay modificaciones. En el nuevo documento se aprecia que Lugarfive ha pasado a tener 10 puntos. De hecho, es la única de las participantes en el concurso que no obtiene los 20. Así, las posibles irregularidades en la oferta económica de Stoa ya no serían decisivas en la puntuación final, según la ertzaina que analizó los documentos. “Todos estos cambios se hacen para justificar que Stoa fuese la adjudicataria de una manera u otra”, valoró la investigadora.

Comisiones ilegales

El fiscal Manuel Pedreira ha asegurado también en el juicio que esos cambios se hicieron “ad hoc” para favorecer a la empresa de Fernández Oleaga. El representante de la Fiscalía incluso subrayó que los metadatos de esos documentos informáticos adjuntos muestran a las claras que fueron modificados en la tarde del 27 de enero de 2009. El ministerio fiscal vincula estos movimientos con el pago de 3.500 euros por parte de Oleaga a una de las empresas controladas por De Miguel, Eskalmelo. El concepto de ese pago alude a la “redacción” de unos documentos urbanísticos, pero Eskalmelo no tenía trabajadores. Eduardo Pérez, administrador formal de esta firma dirigida por De Miguel, explicó en el juicio que el pago se justificaría por unos trabajos de levantamientos de alcantarillas que Fernández Oleaga le encargó a su otra empresa. La Fiscalía, en cambio, insiste en que fue una comisión.

Stoa aparece también en otras derivadas del 'caso De Miguel'. El Industrialdea de la Llanada Alavesa, otra sociedad pública esta vez dirigida por el primo del presidente del PNV de Álava de la época, Iñaki Gerenabarrena, contrató a esta firma como asesora para un contrato de construcción de pabellones industriales en la localidad de Valle de Arana. Para el concurso se invitó a tres empresas interrelacionadas entre sí -todas ellas estaban vinculadas al constructor Prudencio Hierro- y el 26 de junio de 2008 se completó el proceso y, una de ellas, Ezkibel resultó adjudicataria por 519.224 euros. Unos pocos días después, el 2 de julio, el encargado de las reformas en la casa de De Miguel y su mujer, Ainhoa Bilbao, en Gorliz (Bizkaia) pasó la factura de las obras (44.000 euros) a una UTE llamada Bidegana en la que participaba Hierro y su familia. La factura tenía el concepto falso de “trabajos de contrucción y decoración de oficina-txoko en obra Kliner Metal de Vitoria”, según confirmó el propio testigo.

Stoa, con contratos; la denunciante, vetada

El grupo de EH Bildu en Vitoria ha calificado de “sospechoso” que se plantee una ampliación de Miñano cuando aún existen bolsas de suelo libres de anteriores compras de parcelas. Denuncia además que participe en el proceso “una empresa que se hizo conocida precisamente con el 'caso De Miguel' en Miñano”.

Stoa, según consta en la web municipal, ha sido contratada en más ocasiones por el Ayuntamiento. La denunciante del 'caso De Miguel', Alberdi, relató sin embargo las consecuencias personales y profesionales por haber dado el paso de acudir a la Fiscalía. “Se han vengado de mí hasta hoy”, lamentó para añadir: “Me aconsejaron que durante muchos años mejor no haga el trabajo de presentación de concursos”.