Los imputados justifican los contratos 'a dedo' con Margüello para salvar el colapso en las listas de espera
El juicio del ‘caso Margüello’, que analiza las irregularidades en la externalización de la gestión de las listas de espera en la Sanidad pública vasca y que ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia en medio de una importante expectación de los medios de comunicación, no ha dado honor a su nombre. Durante la larga sesión de más de cinco horas ha habido reflexiones más largas de otros imputados como José Ramón Elorriaga que lo que ha durado el interrogatorio completo de la Fiscalía al principal protagonista de esta trama, el doctor José Carlos Margüello. Frente a un ministerio fiscal que apenas ha hecho repreguntas y a un Gobierno vasco que se ha inhibido y no ha participado en ningún interrogatorio, los abogados de los imputados han logrado fijar su mensaje: no hubo ningún trato de favor a las empresas de Margüello en los contratos bajo sospecha (valorados en 6,8 millones), éste no participó en estas operaciones y aquellas adjudicaciones fueron esenciales para “salvar” una situación crítica en los hospitales vascos, descrita por los acusados como un cúmulo de huelgas, saturación de quirófanos y protestas ciudadanas contra las listas de espera. En la vista no ha quedado claro, eso sí, por qué el Gobierno confió a un intermediario sin personal a su cargo –la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que se llevaba un porcentaje por su gestión, entre el 5% y el 20%- la derivación de pacientes a clínicas privadas cuando con anterioridad y después se ha hecho de manera directa con esos centros.
El ‘caso Margüello’ surge en 2009, con el socialista Rafael Bengoa como consejero de Sanidad. Bengoa, al levantar alfombras, detectó que un amigo personal de su predecesor, Gabriel Inclán, había obtenido más de 30 millones en contratos sanitarios. Ese amigo era Margüello, que no lo ha negado en el juicio. El doctor era jefe clínico en la unidad de Calidad de Cruces, un cargo menor. Pero en paralelo gestionaba varias empresas contratistas desde al menos 1996. Entre ellas aparece Gestión de Servicios Sanitarios XXI, aunque en ella Margüello sólo poseía el 1% del capital social y el 99% era de su socia María Nieves Fernández, a quien el facultativo se ha referido en el juicio como “la señorita Edurne” y a la que ha atribuido toda la gestión de un contrato que, sin embargo, firmó el propio doctor de su puño y letra.
Esa mercantil surgió en febrero de 2006. En abril de ese año Sanidad aprobó un decreto que fijaba un máximo de espera en Osakidetza para intervenciones quirúrgicas, lo que obligaba a financiar un servicio privado en caso de imposibilidad de atención en la red pública. En Bizkaia, el director territorial, José Ramón Elorriaga, otorgó ‘a dedo’ esa derivación de pacientes a la nueva empresa, que apenas tenía dos administrativas. Fue en junio. Esta compañía coordinaba las derivaciones a la clínica San Francisco Javier de Bilbao con médicos preseleccionados a los que pagaba, muchos de Osakidetza. Sanidad abonó 1,9 millones entre 2006 y 2008 a Gestión de Servicios Sanitarios XXI.
En el juicio se ha discutido por qué esa contratación se realizó mediante un “procedimiento de emergencia” y no siguiendo los trámites ordinarios. Elorriaga, en su declaración como imputado, ha señalado en un circunloquio que ha durado 17 minutos que había una “emergencia de listas de espera” en Bizkaia en aquel momento, “la más grave de los tres territorios” y “un escándalo en la sociedad”. Era el “problema más grave” en Sanidad para “todos los responsables, de la quilla hasta la perilla”, ha espetado.
“Estamos hablando de miles y miles de personas. Estar en una lista de espera, con toda la incertidumbre de qué tiene uno, estar pendiente de una cirugía que te tiene postrado en camas meses, es un mundo que requiere actuaciones inmediatas”, ha explicado Elorriaga, quien ha llegado a manifestar que Gestión de Servicios Sanitarios XXI “salvó” el buen funcionamiento de Osakidetza, al menos en Bizkaia. El imputado ha indicado que el plan de gestión de las listas de espera incluso tenía un nombre interno, Tangarte, no por el sentido de ‘estafar’ que según la RAE tiene el verbo ‘tangar’, sino por un artilugio marino para achicar agua en los barcos en situaciones críticas. Elorriaga ha añadido que Bizkaia era el territorio vasco con menos privatización en la Sanidad privada.
Como él, el viceconsejero Rafael Cerdán se ha expresado en los mismos términos. Este alto cargo de Inclán autorizó el procedimiento de emergencia y ha señalado que lo hizo porque lo planteó Elorriaga con en informes jurídicos encima de la mesa. Ambos han explicado que en 2005 hubo ocho contratos por esta vía y que entendían que podían repetir la fórmula un año después sin tacha legal. Sin embargo, la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno censuró ‘a posteriori’ esa contratación ‘a dedo’, mecanismo que de hecho no se retomó hasta 2008 para hacer frente a la pandemia de la gripe aviaria.
Tras las dudas de la OCE, de hecho, Elorriaga planteó una nueva contratación del servicio de gestión de las listas de espera en Bizkaia. En esta ocasión se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier.
Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones. ¿La justificación de Elorriaga? “Habrá empresas privadas que llevan 45 años prestando servicios con prórrogas anuales…. Al proveedor hay que facilitarle su existencia y consolidarle para que sea un fiel servidor”, ha indicado después de admitir que no era un experto en contratación ni en leyes, similares argumentos a los del viceconsejero.
Antes de los excargos en Sanidad, la primera en tomar la palabra en la sesión, presidida por el juez Alfonso González Guija, ha sido María Nieves Fernández, amiga de Margüello y, según la investigación, la testaferro del doctor en la sociedad Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Ella ha asumido toda la responsabilidad en los contratos con Sanidad porque intuyó en 2006 que el problema de las listas de espera estaba “en la calle” y vio un “nicho de negocio”. Y ha reducido el papel de Margüello a “simbólico”. Ha negado que usara su influencia para lograr los contratos y ha argumentado que fue un viaje el que le obligó a darle “poderes” en la empresa para que firmara el contrato de derivación de pacientes con San Francisco Javier.
El testimonio más esperado ha sido el último, después del parón para comer, y el más decepcionante. El fiscal José Manuel Ortiz apenas ha dedicado 11 minutos al principal acusado, que ha despachado casi todas las preguntas sobre Gestión de Servicios Sanitarios XXI con un “no sé” o “no me consta”. Expresamente, ha rechazado haber hecho “gestiones” con Sanidad para lograr esos contratos. Se ha explayado un poco más para denunciar que Bengoa anuló las adjudicaciones de derivación de pacientes en lista de espera. El propio exconsejero -e Inclán- comparecerán como testigos a lo largo de este juicio, que quedará visto para sentencia esta misma semana.
En él el Gobierno vasco no pide cárcel para los cuatro imputados, para los que la Fiscalía pide 11 años excepto para Cerdán, al que rebaja la solicitud a 6 por no haber intervenido en la segunda contratación tras el informe de la OCE, que recayó exclusivamente en Elorriaga. Los letrados del Ejecutivo sólo reclaman el dinero presuntamente malversado si hay sentencia condenatoria, aunque recalcan que no se abonaron a las empresas investigadas fondos por servicios no prestados. La derivación de pacientes, según los datos aparecidos en el juicio, alcanzó a casi 100.000 vizcaínos.
