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La interventora de Hondarribia saca los colores al alcalde del PNV por 1,3 millones en contratos 'a dedo' durante 2018

Txomin Sagarzazu, en el centro.

Iker Rioja Andueza

La interventora del Ayuntamiento de Hondarribia ha emitido un contundente informe de legalidad sobre los contratos 'a dedo' concedidos en 2018 por el equipo del alcalde del PNV, Txomin Sagarzazu, y concluye que se han cometido irregularidades en adjudicaciones a un total de 27 empresas  por una cantidad total de exactamente 1.375.124,51 euros, el equivalente al 7% del presupuesto total anual de este municipio guipuzcoano de 17.018 habitantes. La conclusión del documento es clara: “Durante el ejercicio 2018 se ha facturado de forma continuada por los servicios, obras o suministros relacionados en este informe sin que se haya tramitado el correspondiente procedimiento de licitación”. 

La principal empresa beneficiaria de estos contratos 'a dedo' es la mercantil Montai Produkzioak. Sumado el dinero que cobró en 2018 al de su filial Kultur Kirol Zerbitzuak, facturó un total de 168.398,27 euros. Como ha publicado este periódico, esta empresa y sus hermanas llevan copando desde 2009, cuando expiró el contrato que le unía al Ayuntamiento, los trabajos de organización y montaje de eventos, fiestas y demás actividades sociales del municipio. Según sus propios datos, en un “70-80%”, más de 2 millones de euros en una década. 

Son cientos de facturas -algunas de cantidades irrisorias y otras que por sí solas superan el máximo de 15.000 euros para los contratos menores- que le han valido otros tantos reproches de la interventora municipal. La alta funcionaria ha emitido informes de reparo remarcando la irregularidad de esas facturas pero el alcalde, por decreto, ha levantado la suspensión de todas y cada una de ellas. Al frente de Montai Produkzioak está un destacado cuadro del PNV en Gipuzkoa, Aitor Elorza, y en la empresa trabajan otros cargos 'jeltzales' de ese territorio y también de Álava. Es contratista habitual igualmente en el Gobierno vasco, en las diputaciones y en otros muchos municipios.

Al término de la pasada legislatura, el PNV se valió de su mayoría absoluta para no abrir una comisión de investigación, como proponía la oposición. Tras las elecciones, Sagarzazu se dejó 400 votos y un escaño pero, con un 45% de apoyo, mantuvo una mayoría absoluta de 9 ediles frente a 8 de la oposición. En este nuevo mandato continúa las mismas prácticas.

Betean y Viuda de Sainz

En puridad, la empresa Asecs Lab ha facturado más dinero que el grupo Montai en 2018 mediante adjudicaciones directas, en concreto 202.761,51 euros. Sin embargo, parte de ese total se corresponde a trabajos derivados de “inclemencias meteorológicas”, lo que habilita legalmente a hacer contratos rápidos y sin concurso (“procedimiento de emergencia”).

En la lista de 27 empresas beneficiarias de estos contratos hay otras vinculadas con personas próximas al PNV como Betean Auditoría (del exmiembro del Euzkadi Buru Batzar Aitor Alzola) o Gertek (una filial de Viuda de Sainz). Cierran la lista, por orden de facturación: Exola, Iturria, Dardarak, Margolanak Txingudi, Construcciones Laugas, Luma, Ainos , Ondarribi Grafikagintza, Euskaltzaleen Topagunea, Almacenes Eléctricos Vascongados, Irudi OTS, Com&Media Proyectos y Servicios, Comunicación interactiva, Adimedia, Gorka Crespo y otros, Climatizaciones Orio, Antza, Grafikagintza, Galp, Zugasti y Amostegi, Buceo Navarra Itsas-Sub, SICE y dos particulares.

Los informes de la interventora recogen también otros aspectos llamativos. Se alude a que la empresa Ilunion (Pilsa) “lleva prestando el servicio de limpieza de edificios municipales desde el 12 de abril de 2014” y que el contrato y sus prórrogas finalizaron en abril de 2018. Ahora la adjudicataria es Uni2 pero hay facturas de Ilunion de 2018 “que se encontraban fuera de contrato”. No se aportan las cantidades concretas. Igualmente, la adjudicación del bar de un centro de mayores expiró en 2016 y la empresa gestora, Gureak, continúa en la actualidad prestando el servicio y cobrándolo. En la misma línea, el contrato de prevención comunitaria, firmado con la empresa HZ Gizakimenak, finalizó “en 2009” y desde entonces la empresa factura “fuera de contrato”. 

En las dos sociedades públicas municipales hay también algunas anomalías. En Hondarribia Lantzen, la empresa Kirolzer (que lleva la gestión integral del polideportivo Hondartza) adeuda 77.699,98 euros del canon correspondiente al primer trimestre de 2019. Y, en la fundación Arma Plaza, hay un servicio de edición de libros no sacada a concurso y por el cual Otzarreta Comunicación ha facturado 24.447,83 euros. “Debería tramitarse como un contrato mayor mediante el correspondiente procedimiento de licitación”, indica la interventora.

Al Tribunal de Cuentas

La funcionaria explica en sus informes que al ser actos “ya ejecutados” sólo queda el “control financiero” y no hay posibilidad de paralizar los pagos, pero reclama a Alcaldía que en atención a las “observaciones” realizadas haga cambios en la política de adjudicaciones “con la mayor brevedad posible”. Y son actos ejecutados porque Sagarzazu, por decreto, levanta las suspensiones que plantea ante prácticamente cada factura la interventora desde hace meses. 

Hay un informe específico, de hecho, que recoge un listado de todos los decretos de Sagarzazu para sortear los reparos de la funcionaria. Ella, además de informar al pleno local, indica que pondrá esa información en manos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Este organismo está presidido por el exdirigente del PNV José Luis Bilbao. Estos documentos fueron objeto de debate en el pleno municipal celebrado este martes en Hondarribia.

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