La juez inicia la investigación de la OPE de Osakidetza: 3 imputados, 10 testigos y citaciones después de las elecciones
La titular interina del juzgado de Instrucción 2 de Vitoria, Yolanda Varona, firmó el pasado miércoles un auto que da inicio a la investigación del fraude en las oposiciones médicas del pasado año en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), tipificado inicialmente como un posible delito de “descubrimiento y revelación de secretos”. La primera medida acordada, según ha podido saber eldiarionorte.es, es la toma de declaración de tres imputados y de diez testigos. Las citaciones se pospondrán hasta la última semana de mayo, después, por lo tanto, de las elecciones municipales y forales -y también de las generales-. Asimismo, por el momento tampoco se despeja el futuro procesal de los tres altos cargos de Osakidetza señalados en la denuncia de la Fiscalía que dio origen al procedimiento judicial.
Como informó este periódico, el caso se residenció en Vitoria por haberse celebrado en la capital vasca las pruebas de las categorías médicas en las que se sospecha que se produjeron filtraciones para beneficiar a aspirantes muy concretos y por ser esta ciudad sede de los servicios centrales de Osakidetza. El sistema de reparto llevó el expediente a Instrucción 2, una sala cuya titular, Ana Jesús Zulueta, se halla temporalmente reforzando la Audiencia Provincial de Álava mientras se emite la sentencia del mayor caso de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel'.
La magistrada que ha iniciado las diligencias, que han recibido el código 301/2019, es su sustituta, Yolanda Varona. La juez emitió la pasada semana un auto muy breve en el que acuerda admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía -que investigó el caso durante meses y halló indicios claros de irregularidades en hasta once exámenes de la OPE- e “incoar diligencias previas”. No se recoge ninguna valoración sobre los hechos.
Como primeras medidas, la juez cita a declarar como imputados a los tres facultativos señalados por el ministerio fiscal como responsables directos de las irregularidades en las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo. También prevé recoger declaración a un total de diez testigos. A algunos de ellos se les informará que, como personas “ofendidas y perjudicadas”, podrían hacer uso de sus derechos procesales para personarse en el procedimiento. Todos los interrogatorios se producirán a finales de mayo, de manera que el arranque de esta investigación estará paralizado hasta después de la doble cita con las urnas y mientras el futuro político del consejero de Salud, Jon Darpón, continúa en el aire.
Por el momento, no se ha incluido en ninguna de las dos listas, ni en la de investigados ni en la de testigos, a los tres altos cargos de Osakidetza señalados por la Fiscalía como posibles responsables 'in vigilando' de las irregularidades en las oposiciones. Son Juan Carlos Soto, el ya exresponsable de Recursos Humanos, Andoni Arcelay, director de Asistencia Sanitaria, y Xabier Balerdi, 'número dos' de Soto. Según el ministerio fiscal, sobre ellos podrían pesar elementos incriminatorios pero era prudente determinar su estatus conforme se avanzara en la investigación.
En principio, el plazo ordinario de instrucción es de 6 meses. Si la causa se declarara compleja por su extensión y dificultad, se podría habilitar un plazo de hasta 18 meses.
