Cuando la legalidad se impone... también entre los presos de ETA
Si hay un personaje que ha estado presente en todos lo momentos clave ligados a la reinserción y el futuro de los presos de ETA, ése es José Antonio López Ruiz, Kubati. Una veces empuñando una pistola. Y usándola. Como cuando le descerrajó varios tiros a Dolores González Catarain, Yoyes, y, delante de su hijo de corta edad,la remató en el suelo, por decidir volver a Euskadi en pleno proceso de reinserción de los presos, en septiembre de 1986. Otras en una rueda de prensa multitudinaria de expresos de la organización terrorista (ahora desarmada), en Durango, a principios de enero de 2014, después de que el colectivo de reclusos etarras que aglutina el EPPK aceptara -por primera vez en toda su historia unos días antes- la posibilidad de acogerse a la legalidad penitenciaria española. Justo lo que ahora acaban de votar mayoritariamente en las cárceles: con claridad meridiana -un 73% a favor, frente a un 14% en contra- al apoyar el documento que permitirá a los presos individualmente entrar en la rueda de los beneficios penitenciarios.
Un Kubati mucho más avejentado también está en otra foto, compartiendo mesa en Sabin Etxea, la sede central del PNV en Bilbao, junto a dirigentes del partido que lidera Andoni Ortuzar. Era finales de 2016. En esas conversaciones en las que, si hay que creer lo que dice Ortuzar, la izquierda abertzale les pide “sopitas” para que coloquen en la agenda política de Mariano Rajoy el cambio en la política penitenciaria con los reclusos etarras o el acercamiento a cárceles vascas.
La última de Kubati es la imagen que preside este análisis: el pelo blanco, los ojos hundidos y con poca vida, tras las lentes de sus gafas. Entre esa instantánea, tomada en Donostia esta misma mañana, y la fotografía de Yoyes tirada en un suelo ensangrentado en la Azoka (feria) de Ordizia hay un lapsus temporal de más de 30 años. Que se dice rápido.
En todas esas imágenes está Kubati. Bueno, en todas no, junto al cadáver de Yoyes no aparecía. Para cuando se tomó la fotografía de Dolores Catarain, José Antonio López Ruiz ya había volado a su escondite. Para preparar el siguiente atentado y dar respuesta a aquella canción del primer trabajo de Hertzainak, grabado en mayo de 1984 -un grupo de lo que entonces la crítica musical española denominaba el rock radikal vasco: “Odolaren usaina, biolentziaren erresumena. Si vis pacem, para bellum; Noiz harte jarraituko du dantza” (El olor de la sangre es el resumen de la violencia. Si quieres la paz, prepara la guerra ¿Hasta cuándo seguirá el baile?
El baile ha terminado. En unos meses, el próximo 20 de octubre, se cumplirán seis años desde que ETA anunciara el fin del terrorismo. El 8 de abril de este año, lo que quedaba de la organización fuera de las prisiones procedió a su desarme y ahora les toca a los presos de ETA, en realidad lo único que queda de la banda, salvo el copyright del hacha y la serpiente antes de su anunciada disolución -ahora en debate entre los 342 reclusos- para finales de este año.
Y de la multitud de declaraciones que han valorado este último paso, más de tres años desde que fue anunciada la posibilidad de aceptar la legalidad penitenciaria para “vaciar las prisiones de presos políticos vascos”, la que ha hecho diana ha sido la del Ejecutivo vasco por boca de Jonan Fernández, un gran conocedor del mundo de la izquierda abertzale, ahora en la Secretaría General de Convivencia del Gabinete de Urkullu.
Ha sido Fernández quien mejor ha mostrado el espejo en el que ahora deben mirarse los reclusos de ETA: “Los presos deben afrontar la realidad de las vías legales”. Es lo que se denomina el principio de realidad. En política y en la vida. Fuera y dentro de las prisiones. Lo que antes era anatema, motivo de ostracismo detrás de los barrotes, expulsión del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos [EPPK, en sus siglas en euskera, es decir los presos de ETA] o podía suponer la condena a muerte (Yoyes), decidir libremente de manera personal, ahora es posible en el mundo de las prisiones. Algunos afirman que ha llegado el momento de dar ese paso -con las líneas rojas de la no “delación” y el no “arrepentimiento”, con lo que los más de 300 crímenes de ETA sin resolver deberán esperar- para evitar que se desmorone un mundo que veía cómo su realidad diaria, fuera de los familiares y del mundo político independentista, apenas si estaba o pesaba en la agenda que cuenta (o cotiza sería mejor decir) ahora en Euskadi.
Tal vez por eso podía sonar un tanto raro (o poco creíble) escuchar a un parlamentario de EH Bildu como Julen Arzuaga, el hombre de la coalición independentista en todo lo que tiene que ver con las políticas de convivencia y memoria, apuntar que si los presos hubieran estado juntos y revueltos en una o dos cárceles, este debate se hubiera “producido antes” y “probablemente con mayor intensidad”. No es cierto. Solo cuando la presión interna se ha hecho insostenible, cuando en Sortu (Rufi Etxeberria) se decidió, a principios del año 2016, optar por pactar con la Fiscalía para evitar que decenas de militantes y dirigentes de la izquierda abertzale dieran con sus huesos en la cárcel, y, sobre todo, cuando se ha visto que Mariano Rajoy y el PP se mantienen en sus trece, sin ceder ni un milímetro en materia penitenciaria, es cuando se ha decidido abrir el candado que ETA ha mantenido cerrado y bien cerrado durante todas estas décadas. Con la aceptación de todos los presos (salvo los de la vía Nanclares).
Flexibilizar la política penitenciaria
40 urte ... eta gero hau (40 años... y después esto) habrán pensado algunos en las prisiones (y fuera de ellas). Es una forma de verlo. Otros lo resumen en un tuit ante el titular de la noticia: 'Los presos de ETA aceptan mayoritariamente la legalidad penitenciaria: un 73% frente a un 14': “El primero hace años fue un traidor. El último será un tonto!!”.
No es un insulto, no lo crean; es el principio de realidad en estado puro. Ahora todo queda en manos de cada preso quienes, junto con sus abogados y su realidad carcelaria e itinerario deberán aún
Y no todas las realidades carcelaras son iguales, ni las progresiones de grado, fáciles. Al menos más de 100 de los 342 presos con delitos muy graves y penas muy largas y, salvo cambios radicales en la actual política penitenciaria, su única expectativa vital es ser acercados a prisiones vascas para cumplir sus condenas. El primer paso puede ser la excarcelación de los presos de ETA muy enfermos -esta semana se ha producido una por orden de la Audiencia Nacional-. El siguiente que PNV y PSOE presenten en el Congreso de los Diputados su proposición -pactada en Euskadi en el acuerdo de gobierno entre peneuvistas y socialistas- para flexibilidar la política penitenciaria y acercar a los presos al País Vasco o a cárceles situadas a menos de 250 kilómetros. Todavía no hay fecha para ese movimiento político, según admiten fuentes del PNV.
La disolución de ETA aceleraría un proceso -el cambio de la política penitenciaria y el acercamiento- que la sociedad vasca, de manera mayoritaria, según todas las encuestas, aplaude y acepta. El tiempo siempre corre en contra de quien está detrás de los barrotes.
