La oposición y las oposiciones arrinconan al consejero Darpón

En términos médicos, el pronóstico es reservado. Nadie es capaz de diagnosticar qué ocurrirá con el futuro del consejero de Salud, Jon Darpón, en las próximas semanas como consecuencia de la crisis abierta en torno a las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), un debate espoleado esta semana por el informe de la Fiscalía que pone el foco en 11 categorías y por el clima preelectoral instalado en Euskadi como en el resto de España. La decisión está exclusivamente en sus manos.

La única certeza es que el Parlamento votará el 21 de marzo una moción de reprobación del consejero y que existen altas probabilidades de que la oposición, que suma 38 de los 75 escaños, pueda hacerla prosperar. En verdad, ese tipo de resoluciones no son vinculantes, aunque sí muy significativas políticamente. Hay un precedente en cada sentido. Una alto cargo del equipo de Darpón, Belén Greaves, dimitió en 2013 como directora de Kontsumobide tras la censura parlamentaria. La responsable de EiTB, Maite Iturbe, por el contrario, lleva en el cargo desde 2015 a pesar de que entonces la Cámara pidió su “cese inmediato”.

Con las conclusiones de la Fiscalía en la mano -que pide ya la imputación de tres autores de exámenes y la investigación de tres miembros de la dirección de Osakidetza por su gestión del proceso-, Elkarrekin Podemos y EH Bildu han retomado la beligerancia que vienen exhibiendo desde que el caso saltó a los medios de comunicación el 1 de junio de 2018, el mismo día que España miraba la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y la despedida de Mariano Rajoy. La clave ahora es que el PP -que evitó una comisión de investigación hace unos meses al darse por satisfecho con la dimisión de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica- parece dispuesto a dejar caer a Darpón.

Públicamente, un Alfonso Alonso muy atacado por el PNV por la moción contra las transferencias del Estatuto aprobada en el Senado por los 'populares' asegura que no se piensa “achicharrar” por salvar al consejero de Salud. En privado, hay dirigentes de este partido que reclaman contundencia, la misma que exhibe el PNV con casos que afectan al PP. En el bando contrario, el presidente 'jeltzale', Andoni Ortuzar, lamentó que sea el PP el que ponga el listón de las responsabilidades políticas tan alto ya que, de aplicárselo internamente, en Génova tenía que haber salido “hasta el ordenanza”.

En los pasillos del Parlamento se ha especulado esta semana con la posibilidad de que, si esa mayoría política se confirma, Darpón evitará el golpe y se marchará antes. Oficialmente, en cambio, el Gobierno respalda a su consejero de Salud y desmiente esta posibilidad. “Si no tuviera el apoyo del lehendakari, no estaría en el cargo”, repiten fuentes oficiales. El propio aludido, en una rueda de prensa, se mostró dispuesto a seguir trabajando, aunque no cerró la puerta a un cese si llegase la reprobación. “Cuando se produzca, tomaremos las decisiones que entendamos. No sé lo que va a ocurrir. Cuando se apruebe, lo valoraremos”, respondió a los periodistas. Por el momento, mantiene su agenda y compartirá con Urkullu una inauguración de un centro de salud en Barakaldo este lunes.

La investigación empieza ahora

En el plano judicial, la investigación en torno a la OPE no ha concluido con el informe de la Fiscalía, realizado en primera persona por la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán. En realidad, acaba de empezar. Será la juez de Vitoria Yolanda Varona la que iniciará la instrucción, aunque la titular del juzgado al que ha llegado el expediente es Ana Jesús Zulueta, ahora reforzando la Audiencia Provincial de Álava hasta que se emita la sentencia del 'caso De Miguel'. Zulueta es portavoz en Euskadi de Jueces y Juezas para la Democracia.

De momento, el trabajo de Adán ha marcado un camino. Hay tres categorías médicas en que hay indicios evidentes de filtraciones y, además, presuntos responsables identificados, los doctores César Augusto Valero, María Reyes Vega y José Luis Cabriada. Después, hay evidencias suficientes para investigar otros ocho exámenes. Y, como añadido, el ministerio fiscal ha detectado posibles responsabilidades en tres cargos directivos de Osakidetza, Juan Carlos Soto, Xabier Balerdi y Andony Arcelay. La juez determinará si comparecen como testigos o como imputados.

Fueron ellos quienes dieron al IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) una lista de profesionales que elaboraron las pruebas teóricas de la OPE. Una de las claves de este caso es que se publicitó que la participación del IVAP iba a redoblar las garantías al ser un ente externo. Pero, como este organismo no tiene especialistas médicos, en verdad la pelota volvió a Osakidetza. En muchas especialidades, los aprobados con notas excelentes comparten hospital con los autores reales de las pruebas teóricas, que tenían un valor del 65%. No obstante, igualmente hay indicios de algunos casos en que el pucherazo se pudo producir también en la parte práctica, con un valor del 35%.

Las irregularidades han sido denunciadas por sindicatos como LAB o ESK e individualmente por tres anestesistas (Roberto Sánchez, Marta Macho y Manoel Martínez) que han denunciado haber sufrido represalias. En algunos casos, las pruebas sobre la mesa muestran tantos exámenes perfectos o casi perfectos como plazas salían a concurso y cuando los resultados medios eran bajos. Y, además, cuando se producían fallos, los errores eran idénticos. El consejero Darpón, en los últimos días, ha retirado de sus explicaciones la versión de que no había que descartar que estos resultados fuesen fruto de grandes expedientes.

Los testigos interrogados por la Fiscalía han dejado algunas pistas de lo que ocurrió. Izaskun Obieta, miembro del tribunal de Cardiología, aseguró haber visto a miembros del tribunal “contentos” por ver que sus colegas de hospital habían logrado la plaza. “No quería ser corresponsable de aquello”, dijo. En otro caso, Anestesia, los evaluadores recibieron las notas “muy nerviosos”, porque había notas “sorprendentemente altas” aunque “sólo un 11%” había aprobado.

Según uno los denunciantes, Roberto Sánchez, ahora sería un buen momento para que otros conocedores de una práctica que para muchos es 'vox populi' y no exclusiva de esta OPE den el paso de contar lo que saben. “Si yo lo supe cuando llevaba unos meses trabajando, ¿Darpón que es médico de Osakidetza no lo sabía?”, se preguntan estos anestesistas.