“Por muy altos cargos que sean, su actuación no puede vincularse a un PNV con una trayectoria intachable”, dice Urkullu sobre el 'caso De Miguel'

Más de siete semanas después de conocida la contundente sentencia del mayor caso de corrupción investigado en Euskadi, el 'caso De Miguel', que ha dejado penas de cárcel para exdirigentes del PNV y excargos institucionales, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha pronunciado sobre el asunto en el Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control al Gobierno de este viernes. Urkullu -que era presidente del partido cuando estalló el caso en 2010- ha defendido su “celeridad, claridad y contundencia” en aquel momento y también su petición de perdón al conocerse la resolución el 17 de diciembre de 2019. En todo caso, ha apostillado que “por muy altos cargos esas personas, su actuación no puede vincularse a un partido político con una trayectoria intachable”.

El lehendakari ha querido remarcar que la sentencia “no es firme”, por un lado, y que, por otro, recoge “comportamientos particulares” y no de partido. Incluso ha dicho que “lo afirmó la Fiscalía”. En los 1.200 folios de la resolución de la Audiencia Provincial de Álava, las siglas PNV aparecen mencionadas 14 veces. El Araba Buru Batzar o ABB, la Ejecutiva alavesa, en 64 ocasiones. Y las juventudes del PNV (EGI) en que se conocieron los principales integrantes de la trama otras 10. La “influencia” política aparece citada 323 veces. “Desgraciadamente, en los últimos años se observa, en la Jurisprudencia analizada para dictar la presente resolución, un vínculo entre la política y los empresarios particulares, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y éste caso no es una excepción”, abunda el tribunal. Urkullu ha recordado, además, que 11 personas quedaron absueltas y que “han sufrido un calvario”. Varias de ellas, en cambio, quedaron sin condena tras haber confesado que abonaron comisiones a la trama que encabezaba el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, como es el caso de los constructores catalanes que impulsaron una operación de 65 millones en Zambrana.

Desde las filas del PP, Javier Ruiz de Arbulo ha negado la mayor y ha indicado que los condenados conformaron “un entramado de empresas” para “amañar contratos” y obtener “mordidas” valiéndose de su posición política. Además, ha asegurado que la trama tuvo en otros cargos del PNV apoyo para funcionar sin que ninguno de ellos diera la alerta a Sabin Etxea. Ha añadido -sin citar nombres- que algunas de esas personas siguen vinculadas a empresas como Montai. Ruiz de Arbulo fue presidente de la comisión de investigación del caso constituida en las Juntas Generales de Álava -hubo otra en el Parlamento Vasco liderada por Juanjo Agirrezabala (EA)- y ha apuntado también que los comisionados nacionalistas en ambos fotos se opusieron a las conclusiones y “torpedearon” los trabajos.

El lehendakari, asimismo, ha querido destacar como elemento importante los “derechos laborales” de Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano ante la polémica de que sigan empleados en dos sociedades públicas autonómicas, la Fundación Hazi y el parque tecnológico de Miñano, respectivamente. Esta semana ya comparecieron en la Cámara a solicitud de EH Bildu los responsables de ambos organismos. En el caso de De Miguel, en este período ha vivido un ascenso y tres subidas salariales.