El grupo de empresas de un cargo del PNV ha organizado 109 actos de la Presidencia vasca y ha facturado 1,4 millones

La auditoría encargada por el Gobierno de Iñigo Urkullu a la Oficina de Control Económico, un organismo dependiente del Departamento de Hacienda, sobre los contratos de Lehendakaritza y del Instituto de la Memoria (Gogora) al grupo de empresas del cargo del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza (Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa), ha puesto de manifiesto que las adjudicaciones a estas mercantiles son muchas más que las que se habían hecho públicas en el registro oficial de la Administración. Concretamente, desde que Urkullu accedió a Ajuria Enea en 2013 hasta el 31 de diciembre de 2019 hay 56 expedientes adicionales, todos ellos adjudicados 'a dedo' y que suman 285.792,33 euros. Este grupo ha gestionado en las dos últimas legislaturas prácticamente en régimen de exclusividad los actos de la Presidencia vasca.

Los nuevos expedientes muestran que estas empresas organizan todos los años las recepciones del lehendakari a cónsules y embajadores o las entregas de premios de Presidencia, como el Rene Cassin de derechos humanos. En variados actos, la factura total se parte de modo que dos o hasta tres de las empresas del grupo reciben una parte del trabajo. Así ha ocurrido en 2016 con la recepción a los embajadores (Montai, Denok y Kultur Kirol), en 2016, 2017, 2018 y 2019 con las reuniones de los cónsules (siempre se separa el alquiler de la carpa del montaje) o en el acto de 2016 de homenaje a las víctimas del franquismo (separado en tres adjudicaciones, Estali La Karpa, Montai, Denok). Pero también en el 80 aniversario de Trucíos o en los actos del festival de folclore de Portugalete. En total, las empresas del grupo Montai han recibido 109 contratos de Lehendakaritza y de sus organismos dependientes. El montante general de las adjudicaciones en dos legislaturas alcanza los 1,4 millones de euros. Llama la atención que dos de esas compañías (Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak) sean entidades sin apenas personal y medios.

Gran parte de las adjudicaciones proceden del Instituto de la Memoria (Gogora). Principalmente, el grupo Montai ha gestionado con sus diferentes marcas el gran proyecto de este organismo creado en noviembre de 2015, la exposición itinerante Plaza de la Memoria, que ha recorrido con una carpa en estos años una veintena de localidades vascas. Hay facturas de sillas, tótems, lonas, aire acondicionado, mobiliario, diseño, gestión, alquiler de carpas, contrapesos, tarima, iluminación, reparaciones o elementos de seguridad.

Gogora ha hecho más contratos que ediciones de Plaza la Memoria, un total de 33 por valor de 863.611,97 en adjudicaciones, si bien se han dejado de ejecutar unos 200.000 euros porque no se han hecho todas las visitas de la carpa previstas inicialmente. A esta lista, en cambio, hay que añadir que los pueblos y ciudades por los que pasó la exposición en su primer año de vida, 2016, cofinanciaron el proyecto y lo hicieron, además, contratando al grupo Montai. El único municipio no gobernado por el PNV que participó en esta iniciativa, Eibar, manifestó que Gogora recomendó la adjudicación de la carpa a estas mercantiles. Son otra decena de contratos, que ascienden a 120.235,40 euros.

Además, las mercantiles de Elorza ya organizaron la inauguración del propio instituto: se produjeron cuatro adjudicaciones en aquel tramo final de 2015. Nuevamente, no es extraño que el mismo evento se divida en varias facturas de modo que ninguna de ellas supere el máximo legal de 18.000 euros (hasta 2018) o 15.000 euros (desde entonces) para poder formalizar la contratación sin concurso público. Un caso llamativo es del Día de la Memoria de 2017. La adjudicación a Denok se hizo apurando el margen de 18.000 euros más IVA (21.441,44 euros, concretamente) pero después se autorizó otro pago de “suplementos adicionales” por valor de 4.954,95, de modo que el evento costó en realidad 26.400 euros, aproximadamente.

Con todo, el informe elaborado por el propio Gobierno rechaza de plano la tesis de que se fraccionaran contratos con el ánimo de beneficiar a estas empresas. Concede el documento -firmado por el director de la Oficina de Control Económico y exdirigente del PNV de Álava, Jesús Losa- que en muchos casos se podrían haber unificado los trabajos y sacado a concursos para que se pudieran presentar más empresas, pero matiza que si el Ejecutivo “interpretó” que lo correcto era diferenciar las facturas está bien hecho. “El desarrollo de este tipo de eventos requiere distintas prestaciones, en función de su naturaleza [...]. El órgano promotor interpretó que estas prestaciones cumplen una función técnica individualizada aunque formando parte de la misma unidad operativa, por lo que no suponen fraccionamiento y pueden ser objeto de contratación menor”, defiende Losa.

Los contratos al grupo Montai también son objeto de polémica en el municipio de Hondarribia, donde las mercantiles de Elorza llevan una década recibiendo adjudicaciones sin concurso por un valor superior a 2,3 millones de euros. En estas mercantiles, además de Elorza, trabajan otros cargos públicos del PNV en activo y extrabajadores ahora ocupan puestos institucionales en organismos que trabajan con este grupo. Montai es, además, la empresa que organiza los grandes actos de partido y electorales del PNV.