Los 1.000 folios de sentencia del mayor sumario de corrupción en Euskadi, el 'caso de Miguel', se conocerán el 17 de diciembre
Los alrededor de 1.000 folios con la sentencia y las condenas del mayor caso de corrupción investigado y juzgado en el País Vasco, el conocido como 'caso De Miguel', que afecta a tres exdirigentes del PNV de Álava y a excargos del Gobierno vasco hasta sumar 26 imputados en total, se conocerán el 17 de diciembre, según una providencia firmada por la Audiencia Provincial de Álava el 10 de noviembre, es decir, el mismo día de las elecciones, y conocida este martes. El fallo llegará exactamente un año después de que terminara el juicio y diez años después de que una empresaria, Ainhoa Alberdi, denunció ante la Fiscalía que el entonces 'número dos' nacionalista en Álava y diputado de Urbanismo, Alfredo de Miguel, le había extorsionado para que pasara por caja y le abonara una comisión de 100.000 euros.
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Según la resolución judicial, la comunicación de la sentencia será pública y los acusados podrán o no asistir a ella. La magistrada ponente de la resolución, Elena Cabero, que estuvo meses liberada para ese trabajo, leerá exclusivamente el fallo y no todo el texto. Los letrados recibirán el documento complemento en formato PDF dentro de un dispositivo USB aunque, ese mismo 17 de diciembre, se hará la notificación telemática habitual. La Fiscalía, el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia, como partes acusadores, la conocerán después de la vista. Posteriormente, los acusados recibirán una notificación personalizada en sus domicilios.
El 'caso De Miguel' estalló el 17 de marzo de 2010 con la detención de De Miguel y de otras siete personas en una operación dirigida por el juez instructor de Vitoria Roberto Ramos. Antes, el fiscal Josu Izaguirre había iniciado una preinvestigación tras recibir la denuncia de Alberdi y comprobar la existencia de una empresa llamada Kataia Consulting sin apenas actividad y elevados ingresos a nombre de las esposas de tres dirigentes alaveses del PNV, el propio De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. La investigación concluyó en 2015 y el juicio se inició en enero de 2018 con sesiones que se prolongaron hasta la Navidad del pasado año.
Durante el proceso, uno de los socios y amigos de De Miguel, Josu Arruti, confesó la existencia de comisiones ilegales en otra operación investigada, una recalificación urbanística de 65 millones de euros en el pequeño pueblo de Zambrana. Los promotores catalanes también confesaron tras alcanzar acuerdos con el ministerio fiscal, mientras De Miguel negó los hechos hasta el final. Asimismo, este periódico reveló la sospecha de que las pruebas exculpatorias presentadas por otro de los principales imputados, el que fuera director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, estuviesen falsificadas.
Aunque nunca ha habido una fecha establecida, en los mentideros judiciales inicialmente se valoró que la sentencia se conociera antes del verano. Después se pospuso para después de las vacaciones y luego ya se concretó que el momento elegido sería antes de Navidad, es decir, después de las generales. En ellas ha resultado electa por Bizkaia la esposa de Sánchez Robles.