Los promotores del fiasco de Hiriko irán a juicio por tres delitos: malversación, apropiación indebida y fraude fiscal
La juez de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado ha dado por concluido la investigación penal en torno al fallido proyecto del coche eléctrico vasco impulsado políticamente por el PNV, el denominado Hiriko que se tragó unos 18,9 millones en ayudas públicas. La magistrada, en un auto del que ha tenido conocimiento este periódico pero que no se ha hecho público porque el juzgado de Instrucción 3 de Vitoria ha decretado no facilitar “información de ningún tipo”, aprecia indicios para elevar el caso a juicio por tres delitos, malversación de caudales, apropiación indebida y delito fiscal. Se sentarán en el banquillo de los acusados el empresario afín al PNV Jesús Echave, el exconcejal nacionalista en Vitoria Iñigo Antia y los empresarios Fernando Achaerandio y José Luis Bengoechea, los mismos que recibieron en diciembre de 2017 una condena parcial en la jurisdicción mercantil que aseguraba que el proyecto estuvo bien diseñado y gestionado salvo por la compra por 535.000 de un prototipo de carreras que no tuvo ninguna utilidad salvo la de engordar la colección de coches de Echave.
El proyecto Hiriko fue una de las patas del gran sueño automovilístico del PNV para Álava y que, además del vehículo eléctrico llamado a revolucionar la movilidad en medio planeta, incluía una escudería vasca de Fórmula 1 (Epsilon-Euskadi, que devoró casi 50 millones en subvenciones y que también está pendiente de juicio) y un circuito de carreras que sustituyese las instalaciones del Ejército en Araka, a las afueras de Vitoria. El grueso de las ayudas, sin embargo, llegaron del Gobierno central, ya que fueron una de las exigencias del PNV al Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para la consecución de acuerdos presupuestarios. Más del 90% de los fondos que manejó Afypaida (la entidad sin ánimo de lucro aparente que ejerció como eje del entramado empresarial en torno a Hiriko) provinieron del entonces conocido como Ministerio de Ciencia, a los que se sumaron algunas ayudas locales y autonómicas. La inversión privada fue escasísima.
El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, realizó una investigación y en 2015 concluyó que existían indicios de delito detrás de Hiriko al interpretar que unos 6,4 millones del total de 18,9 procedentes de las instituciones habían sido desviados para lucro personal u otros fines. “Con el pretexto de poner en marcha un proyecto para la construcción de un vehículo eléctrico que iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos”, argumentaba Izaguirre, los acusados idearon un “plan” para captar ese dinero en beneficio propio. En aquel momento se estimaba que eran alrededor de 22 las facturas presuntamente ficticias.
Entre otros pagos, se destinaron 1,4 millones a comprar ruedas especiales o 'roborruedas' para 20 vehículos Hiriko cuando nunca se llegaron a fabricar tantos -sólo hubo un prototipo completado que ni siquiera arrancó cuando se presentó en Bruselas-. Asimismo, el empresario que capitaneó Hiriko, Jesús Echave, se autoalquiló una nave para que fuera la sede del proyecto y la abonó con fondos públicos. A ello hay que sumar el gasto más ostentoso, el del prototipo de carreras -adquirido además a Epsilon-Euskadi- y que nunca tuvo utilidad para el desarrollo de un coche eléctrico. Ese dinero también lo puso el Estado.
Tras la denuncia de la Fiscalía, la investigación recayó en la juez Román Gobernado de Vitoria. La instrucción se inició con polémica ya que la magistrada acusó al ministerio fiscal de hacer “ingeniería jurídica” para acusar por “fraude a la Administración” a los promotores de Hiriko. La juez no tomó declaración a los imputados hasta más de un año después, en 2016.
Ahora, dos años después y tras haber finalizado la pieza mercantil (que en teoría no tiene que prejuzgar el resultado de la causa penal), Román Gobernado ha dado por finalizada la fase de investigación y abre la puerta a la celebración de juicio. El procedimiento se sigue frente a Echave, Antia -cargo del PNV que según Echave lideraba los contactos políticos y la búsqueda de financiación-, Bengoechea y Achaerandio. Quedan fuera del proceso Pepe Barreira y Javier Calera, en su día denunciados también por Izaguirre.
Los delitos que indiciariamente se aprecian detrás del fiasco de Hiriko son tres: malversación de caudales, apropiación indebida y delitos fiscales (más de 120.000 euros de defraudación a Hacienda). Se da la circunstancia de que éste último no había sido puesto sobre la mesa hasta ahora, ya que se aludía en todo momento a un fraude en las subvenciones. En todo caso, la argumentación jurídica de la juez Román Gobernando no ha sido hecha pública ni hay previsión de que así sea. Este periódico solicitó reiteradamente conocer el contenido completo del auto sobre Hiriko, al igual que han ido trascendiendo otras resoluciones del caso, pero fuentes de Instrucción 3 de Vitoria han apuntado que tienen instrucciones de no facilitar ningún tipo de información. No es el primer asunto polémico de esta sala en las últimas semanas ni en los últimos años.
