“Obra 4% Kataia”: la cara B de la trama de De Miguel

“Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu tres per cent”, espetó Pasqual Maragall a Convergència en una refriega parlamentaria allá por 2005. Más adelante, en Catalunya el ‘peaje’ creció al 4%, como fijó la reciente sentencia del ‘caso Palau’. El juicio del ‘caso De Miguel', el mayor de corrupción conocido en Euskadi, se ha detenido esta semana sin los focos de los medios de comunicación en dos operaciones muy concretas vinculadas al que fuera ‘número dos’ del PNV de Álava, Alfredo de Miguel: el abono por parte de un constructor, Jon Iñaki Echaburu, de dos pagos equivalentes al 4% de sendos contratos que obtuvo en municipios gobernados por ese partido. No son ni mucho menos los pagos cuantitativamente más grandes entre los investigados en este sumario, pero sí llamaron la atención de los agentes de la Ertzaintza que colaboraron con el juez instructor, Roberto Ramos, y que alertaron de este 4% en un informe de 2011. Éste es el trío de protagonistas de la cara B del 'caso De Miguel'.

Alfredo de Miguel

El hombre fuerte del PNV alavés al que hasta sus enemigos llamaban Txitxo tenía amplia influencia política y estaba llamado a liderar el partido tras la retirada de Iñaki Gerenabarrena. Además, desde 2007 hasta su detención por corrupción en 2010 fue diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo). Compatibilizaba su vida política con una intensísima actividad mercantil que pivotaba en torno a la mercantil Kataia Consulting, en la que tenía como socios a otros dos dirigentes nacionalistas alaveses como Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. La asesoría, considerada por la Fiscalía y la Ertzaintza una empresa pantalla, estaba a nombre de sus tres esposas, Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia y Araceli Bajo. Toma el nombre, de hecho, de las iniciales de los seis (la ‘t’ es de Txitxo). De Miguel controlaba toda la red de empresas a través de su hermana Aintzane, que ejercía de contable esperando siempre a sus instrucciones. Las facturas del 4% aparecieron en su domicilio. De Miguel se expone en el juicio a 54 años de prisión por la presunta comisión de 21 delitos. Las comisiones que presuntamente recaudó sumarían unos 700.000 euros, 800.000 si se hubiera consumado la operación en la que estuvo implicada la denunciante de todo, Ainhoa Alberdi, que reunió pruebas de que Txitxo y Tellería le habían exigido una ‘mordida’ de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico de Miñano.

Koldo Ochandiano

Contable de profesión, Ochandiano ha ocupado cargos de segunda fila en la Administración pública. Amigo de De Miguel, ejerció de arquitecto de la trama mercantil sobre la que luego pivotó la operativa de cobro de comisiones. Fue arrestado también en 2010 y en el camarote de su vivienda del norte de Vitoria la Ertzaintza halló un cuaderno de pastas granates con numerosa información manuscrita. Recogida como prueba B14 en el sumario, ese cuaderno ha permitido desentrañar el grueso de los movimientos económicos de la trama. Entre esas notas, una llamó la atención de los investigadores: “Obra 4% Kataia”. Si se aplicaba ese porcentaje a los contratos descritos en el cuaderno se obtenían unas cifras idénticas a las abonadas por el constructor Echaburu a las empresas de De Miguel. La mecánica del 4% se repitió en dos ocasiones y en ambas el pago se formalizó a través de la sociedad Errexal, una promotora cultural cuyo administrador era el exconcejal de Leioa Iñaki San Juan. La primera presunta comisión (10.080 euros) llegó tras una obra de remodelación de las piscinas de Lapuebla de Labarca, en la Rioja Alavesa. Para ello, Errexal -sin ni siquiera haberse constituido formalmente como sociedad limitada- giró una factura a Echaburu por la supuesta instalación de cartelería de obra. La segunda corresponde a otro contrato, en este caso de Zigoitia, al norte de Álava. Son 6.990 euros.

Jon Iñaki Echaburu

En su juventud, Echaburu formó parte de la dirección de EGI, la cantera del PNV. Su empresa Construcciones Loizate, no demasiado conocida y no con la mejor reputación, fue hasta su quiebra contratista habitual de la Administración vasca. A nivel autonómico, por ejemplo, Loizate era fija para obras en colegios y comisarías de la Ertzaintza. . Entre 1998 y 2007, Loizate logró 110 adjudicaciones. Cuando Alberdi denunció este caso, la empresaria grabó una conversación con Echaburu, con quien había estado asociada. Fue Echaburu quien preparó el contrato de Miñano que dio origen a todo. En ese diálogo Echaburu se refiere a las comisiones como algo “dentro de lo normal” y a Txitxo y a Tellería como los “interlocutores”. “¿Es para el partido?”, inquirió Alberdi. “No lo sé, ellos lo van a establecer”, dejó en el aire el constructor. “Construcciones Loizate pagaba comisiones”, zanjó Alberdi cuando declaró en el juicio. El contable de la compañía, Ramón de la Fuente, aseguró en la fase de investigación que no tenía constancia de ello pero sí que había facturas que no seguían el “circuito normal”. ¿Cuáles? Las dirigidas a Errexal y Kataia Consulting. Ya fallecido, De la Fuente no ha podido ampliar sus explicaciones en la vista oral.