La testigo que destapó el mayor caso de corrupción en Euskadi: “Me ratificaré en todo momento”

-¿Tenía relaciones íntimas con Alfredo de Miguel o Aitor Tellería?

-No, sólo tenía relaciones profesionales con ellos. No he tenido en ningún momento ninguna relación íntima con ninguno de los imputados. 

Ainhoa Alberdi Rodríguez (Bilbao, 1979) apenas contaba 30 años cuando en diciembre de 2009 se plantó en la sede de la Fiscalía de Álava con pruebas -escritas y sonoras- de que había sido extorsionada por esos dos dirigentes del PNV de Álava para que les abonara una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación de un contrato público. Abogada urbanista y empresaria siendo veinteañera y mujer, la denunciante del mayor caso de corrupción que se juzga en Euskadi y que comparecerá esta semana en el juicio no sólo ha tenido que defenderse de las acusaciones de manipulación o de mentir llegadas desde los abogados de los acusados. En diciembre de 2011, en su tercera comparecencia para repetir punto por punto su denuncia y en una sala en la que ella era la única mujer, hubo de escuchar la teoría de un letrado de que el 'caso De Miguel' -25.546 páginas de sumario (23.043.640.761 bytes), 26 imputados en la trama de comisiones y contratos irregulares y solicitudes de penas de cárcel que superan los 400 años para todos ellos (y ellas)- era poco menos que una venganza de una joven despechada e inexperta.

Alberdi, en su peregrinar por la Justicia desde aquella mañana de 2009, ha tenido que responder también a otras preguntas incómodas. En la comisión de investigación que sobre el asunto celebró el Parlamento en 2011, su cuarta y hasta el momento última intervención sobre el asunto, la representante del PNV le recordó su trabajo estrecho con los imputados en otras ocasiones y que no le habían exigido comisiones antes. Socarrona, Alberdi espetó: “¡Tampoco les hubiera dado para mucho!”. Ella misma aclaró que se estaba “arriesgando” al no denunciar porque, efectivamente, había compartido otros negocios con los denunciados: “Si lo hubiera hecho otra persona, yo iría de imputada”. Y le dejó otro aviso a la comisionada del PNV: “Lo que está en sede judicial dicho está y me ratificaré en todo momento”. 

¿Y qué es lo que está dicho? ¿Qué es lo que ratificará con toda probabilidad en sus comparecencias de los días 5, 6 y 14 de marzo?

El constructor Jon Iñaki Echaburu, contratista habitual de la Administración autonómica vasca para colegios públicos y comisarías de la Ertzaintza, era el dueño del Grupo Loizate. Y había constituido la asesoría Urbanorma Consulting en la que su empleada Alberdi entró como accionista al 40%. Pero Loizate quebró y la socia minoritaria decidió asumir el 100% de Urbanorma Consulting y dar continuidad a su trabajo allí, la gestión de la ampliación del parque tecnológico de Miñano (Álava), una sociedad pública dirigida por el nacionalista Alfonso Arriola. 

En noviembre de 2008, cuando tocaba cobrar la última parte de ese contrato, el diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) y número dos del PNV alavés, Alfredo de Miguel, conocido por todos como 'Txitxo', le convocó en su despacho oficial. “Supongo que sabrás que tienes que pasar por caja”, cuenta la denunciante que le espetó el político en aquella reunión. Al pedir explicaciones, De Miguel le habló de una “sociedad” que giraría una factura ficticia. Esa sociedad era Kataia Consulting, asesoría sin apenas actividad a nombre de las esposas de De Miguel, Tellería y de un tercer dirigente peneuvista, Koldo Ochandiano. Las tres se sientan igualmente en el banquillo.

La presión de De Miguel y Tellería por 'recaudar' se incrementó desde entonces dados los remilgos de Alberdi, que tomó dos decisiones. Una, comprar una grabadora Olympus V5500 para grabar sus reuniones. Y, dos, realizar “averiguaciones”. Txitxo y su compañero en la Ejecutiva alavesa del PNV, explica la denunciante, actuaron por tierra, mar y aire y ella quería pruebas porque no estaba dispuesta a pasar por el aro. El entonces diputado mantuvo con ella un cruce de correos electrónicos con frases como “lo nuestro lo dejamos en 100” o “¿Cuánto para este año y cuánto para el que viene?”. El fiscal Josu Izaguirre ha destacado la impunidad de los acusados, porque “no reclaman comisiones en un callejón oscuro, sino sin ningún tipo de vergüenza desde un correo oficial”.

En otra ocasión, una reunión física que está registrada en las grabaciones, la dupla De Miguel-Tellería se reunió con ella y Tellería -además de reconocer que Echaburu creó Urbanorma Consulting 'ad hoc' para llevarse 'a dedo' el contrato de Miñano- no se ocultó: “De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido”. Cuenta Alberdi que le dijeron también que si se creía que las adjudicaciones públicas eran “barra libre” estaba equivocada.

Alberdi, de nuevo con la grabadora, se dirigió a Echaburu para preguntarle por su “acuerdo” con los dirigentes del PNV. La conversación es parte también del sumario y se reproducirá como el resto de audios durante el interrogatorio:

Alberdi ¿Pactaste algo con ellos?

Echaburu Me parece que íbamos a pagar a una sociedad.

A. ¿Cuánto?

E. No quedamos en ninguna cantidad fija.

A. ¿A quiénes ibais a pagar dinero?

E. Con los que estamos hablando en todo momento, con los interlocutores.

A. Pues me han pedido… Pero como yo no tengo ni idea, te estoy preguntando a ti. O sea, era una cantidad sin determinar que ellos hablarían. ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Tú no sabes?

E. Para quien te digan ellos.

A. ¿Pa’l partido o así?

E. Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.

A. ¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?

E. No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.

“Dentro de lo normal”, refería Echaburu. Las detenciones realizadas el 17 de marzo de 2010 tras la denuncia de Alberdi permitieron la incautación de abundante documentación, tanto en papel como en formato digital. En un camarote de Ochandiano, contable de profesión, apareció un cuaderno con abundantes anotaciones sobre dinero negro, contratos y presuntas comisiones. Con esa información se ha descubierto que Echaburu pagó en al menos dos ocasiones a la trama de empresas controlada por De Miguel una cantidad equivalente al 4% de los contratos de los que resultó adjudicatario en instituciones controladas por el PNV. Su abogado ya ha acusado en este juicio a la Ertzaintza de haber “manipulado” esa prueba en la que fue la sesión más tensa de las celebradas desde que el 19 de febrero se iniciara la fase decisiva tras las cuestiones previas.

Alberdi, además, contactó en aquella época de “averiguaciones” con el presidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría. Le expuso la situación y ella sostiene que el alto cargo del Gobierno vasco no sólo no denunció sino que alertó a De Miguel para que fuera más “discreto” en sus 'gestiones', extremo que el imputado niega. Asegura la empresaria que tuvo conocimiento de ello porque así se lo trasladó su padre, Juan Antonio Alberdi, constructor y próximo al PNV. Y es que el progenitor de la denunciante también tuvo llamada de Txitxo, en la que el político le comentó que su hija se estaba metiendo “en un lío”. A la conversación siguieron dos comidas, una en Vitoria (El Clarete) y otra en Sondika (Maipu) en la que De Miguel y Tellería le hablaron de “20 millones de pesetas” (120.000 euros) y de su temor a que salieran a la luz ciertas “grabaciones”. Que De Miguel era consciente de esto último podría explicar por qué él también empezó a grabar algunas reuniones, como consta en el sumario.

El miércoles 7 de marzo declarará también en el juicio Juan Antonio Alberdi. Y con él Beatriz Vicinay, trabajadora de Urbanorma Consulting, socia y amiga de la denunciante y presente también en algunas de las reuniones con De Miguel y Tellería. “Éste nos dijo que iban a cobrar sí o sí”, relató en su momento en la fase de instrucción Vicinay.

La Fiscalía, de cara a sus tres jornadas de comparecencias en el juicio, ha pedido que le sea aplicada a Alberdi la protección prevista en el Estatuto de la Víctima. Y lo ha hecho con oposición frontal de las defensas de los imputados, que hablan de trato “preferencial” para Alberdi. El tribunal ha aceptado adoptar algunas medidas, aunque más dirigidas a blindarla ante los “medios de comunicación” que ante los encausados. De hecho, declarará como un testigo más, en la sala, con De Miguel, Tellería y el resto sentados justo detrás, a poco más de un metro si deciden acudir a la sesiones. Sólo se le permitirá usar otro acceso a la sala para no coincidir con ellos en los pasillos durante entradas, salidas o recesos.

Lo que sí enfatiza el tribunal, presidido por Jaime Tapia, en el auto que ordena esta esperada comparecencia es que se “prohíbe” a los medios de comunicación tomar imágenes de Alberdi y “difundirlas”. Igualmente, se ordena que la señal institucional sea sólo de audio, sin vídeo. Eso sí, el público podrá acceder con normalidad a la sala y verla deponer. 

Alberdi, desde el primer minuto, era consciente de qué estaba denunciando y de las consecuencias que ello tendría, por lo que siempre ha pretendido blindar su imagen. “Dada la naturaleza de los hechos relatados, las personas implicadas y en atención a mi propia tranquilidad personal y familiar, siento temor por las consecuencias que se pudiera derivar de mi comparecencia”, consta en el acta de su comparecencia inicial de 2009, en la que reclama acogerse a las “previsiones contenidas en la normativa de protección de testigos”. En ese sentido, el Parlamento accedió a celebrar la comisión de investigación en una comisaría el día que participó Alberdi. Y la denunciante ganó un pleito a 'El Mundo' por haber publicado su fotografía.