El fiscal del 'caso De Miguel' alerta de “una trama organizada con prácticas propias de Sicilia” entre cargos del PNV
El juicio del 'caso De Miguel' en la Audiencia Provincial de Álava ha iniciado este lunes su fase final de conclusiones y el fiscal, Josu Izaguirre, ha avisado en el arranque de su alocución: se trata del mayor caso de corrupción conocido en Euskadi e iba a ser contundente y extenso. Izaguirre, para iniciar una exposición que puede prolongarse hasta dos días, no ha escatimado en calificativos contra lo que ha considerado una “trama organizada” para cobrar comisiones y articulada en torno a personas cuyo “nexo común” era el PNV. “Se utilizaban prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio”, ha llegado a sentenciar Izaguirre.
El fiscal ha defendido que la denunciante, Ainhoa Alberdi, no era una “loca” y que ha quedado acreditado que Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV y diputado de Urbanismo le exigió una comisión de 100.000 euros por la adjudicación que la empresa de Alberdi, Urbanorma Consulting, recibió en el parque tecnológico de Miñano merced a la “influencia” de quien todos conocían como Txitxo, que “no era un concejal perdido, era una persona que mandaba mucho”.
Alberdi gestionaba como trabajadora de la empresa la ampliación de Miñano, adjudicada en 2006, y en 2008 compró la mercantil a su hasta entonces socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, amigo de De Miguel, militante del PNV y contratista habitual de la Administración. Según el fiscal, Echaburu había accedido al pago de una mordida al político por el favor y, a finales de ese año, en su despacho de la Diputación y después con correos electrónicos enviados desde una cuenta oficial, Txitxo le invitó a Alberdi a hacer frente a esa deuda. El pago se canalizaría a través de la sociedad pantalla Kataia Consulting, a nombre de las mujeres de De Miguel y de otros dos exdirigentes peneuvistas, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería.
Izaguirre ha descrito los pasos que siguieron a esa primera “extorsión”. “Se le dice que va a cobrar sí o sí, se cita a su padre a comidas y a poco le da un infarto al hombre al conocer la cantidad… Es el toque vasco, extorsionamos comiendo”, ha ironizado el representante de la acusación pública. Izaguirre ha recordado que Alberdi, en primera instancia, acudió al presidente de los parques tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, para informarle de la situación paralela. Según la Fiscalía, este alto cargo no sólo no ayudó a la denunciante, sino que alertó a De Miguel. “Sánchez Alegría actúa como actúan las mafias: proteger a los suyos y dejar a los pies de los caballos a los ciudadanos”, ha enfatizado.
Asimismo, ha destacado el papel del gerente de Miñano, Alfonso Arriola, igualmente del PNV y amigo de Txitxo. Fue él quien contactó con De Miguel para que le recomendara a alguien que gestionase la ampliación del polígono. Sánchez Alegría, conocida la preocupación de Alberdi, se reunió con Arriola para valorar la situación. Izaguirre ha ironizado que realizó una “profunda investigación” de los hechos ya que “tras consultar con la almohada” -las palabras son del propio Arriola- valoró que no había credibilidad en la denuncia.
Según la Fiscalía, De Miguel determinaba que “sí o sí” tenían que adjudicarse contratos a empresas muy concretas a cambio de comisiones y no sólo en Miñano. Aquello no era un caso aislado. “No hay un acto puntual, hay una trama. Hay un grupo de gente con poder, con capacidad de influencia, para cambiar contratos”, ha afirmado.
Agradecimiento al trabajo del juez Roberto Ramos
Izaguirre ha recordado que Alberdi aportó grabaciones para respaldar sus acusaciones. Los abogados de los acusados afectados por ellas pidieron anularlas con base en la sentencia del 'caso Guateque', pero el fiscal ha recordado que en aquella ocasión la Guardia Civil entregó una grabadora a un denunciante para que obtuviera las pruebas. A cambio, Izaguirre ha citado que en el 'caso Gürtel' ha habido condenas con base en un material similar. Ha citado en más ocasiones la trama del PP como referencia para resolver este asunto que afecta a excargos del PNV.
El fiscal ha aprovechado también la que será su última intervención en un caso que él mismo inició en diciembre de 2009 para hacer balance y recordar el origen de la investigación. “No voy a negar que me entró un gran vértigo al ver a lo que podía apuntar”, ha confesado Izaguirre, que acto seguido ha añadido que “en ningún momento se me pasó por la cabeza meterlo en el cajón”. Igualmente, ha agradecido expresamente el trabajo del juez instructor, Roberto Ramos, y de los agentes de la Ertzaintza que trabajaron bajo dependencia directa del juzgado y no de sus responsables políticos. “Externalizar estas investigación conduce a las mismas al fracaso. En este país no tenemos una verdadera Policía judicial y cuando uno se acerca a los aledaños del Ejecutivo las investigaciones pierden vigor”, ha manifestado.
Entre otras cuestiones, ha defendido que el caso se iniciara con las detenciones de De Miguel, Ochandiano, Tellería y de sus esposas, así como de Echaburu y de Arriola. Ello permitió que no se destruyeran pruebas clave, como un cuaderno de Ochandiano en el que tenía apuntadas referencias a los negocios de Kataia Consulting y otras anotaciones sobre comisiones y dinero negro. “Hubo algún arúspice que dijo que lo mejor era llamarles y que entregaran la documentación”, ha ironizado Izaguirre, quien también ha agradecido sarcásticamente el “humor” de los acusados al plantear algunas coartadas.
