La innovación pública: una condición necesaria para abordar los cambios pendientes

Estamos inmersos en un contexto global de importantes cambios que están obligando a las organizaciones a desarrollar estrategias de cambio e innovación para evitar reducir sus capacidades de influencia en su entorno e, incluso, desaparecer. De ahí que ninguna organización pública y privada, independientemente de su tamaño, puede permanecer ajena a los mismos.

Sin embargo, en nuestras Administraciones, y más concretamente en nuestro Gobierno, no se están viendo suficientes impulsos innovadores para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y de la sociedad.

La complejidad generada por el importante crecimiento de los servicios públicos que tuvo lugar a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado obligó a los gestores públicos de nuestra Administración a implementar determinadas medidas de “modernización” para disponer de unas estructuras administrativas menos burocráticas y mejor gestionadas.

Así, se introdujeron criterios de gestión y de funcionamiento para garantizar mejores resultados, más eficaces y eficientes. Pero a la hora de aplicarlos se optó por trasladar a las administraciones (Gobierno y Ayuntamientos) el modelo de calidad del sector privado empresarial basado en la mejora de la productividad y en la rentabilidad económica de sus productos y servicios. Hoy todavía no nos hemos desprendido de este modelo, que pretende considerar a los ciudadanos como clientes.

De este modo se impulsaron planes de calidad, de modernización centrados, en gran medida, en el impulso de las TIC; cartas de servicios, planes estratégicos; se introdujeron criterios de productividad en algunos servicios, etc. Todas estas mejoras han incidido, fundamentalmente, en la mejora de los resultados y en su impacto, en su calidad, eficacia y eficiencia, etc. más que en el proceso y procedimiento para su consecución.

Estos esfuerzos modernizadores, aunque han sido útiles para mejorar la capacidad de gestión y la productividad de las Administraciones, no las han transformado. Continúan, incluso más fortalecidas, su burocracia; sus rigideces; su fragmentación y sectorización de las políticas; su jerarquía en el ejercicio de su poder y en su funcionamiento interno, desmotivador para sus trabajadores/as; sus deficientes relaciones con la sociedad, así como su escasa colaboración interna y externa.

La incapacidad que han demostrado nuestras Administraciones para adaptarse a los cambios de nuestra sociedad y para responder a los efectos destructivos generados por la crisis, unida a algunos casos de mal uso de los recursos públicos y a la desafección ciudadana por la política y sus instituciones, han generado una pérdida de confianza, de credibilidad y de legitimidad social.

Para recuperarlas, habría que admitir que el actual modelo de administración está agotado y, en consecuencia, necesita ser renovado en profundidad. Presenta problemas estructurales que impiden la incorporación de nuevas y más transformadoras innovaciones que se sustenten en un nuevo paradigma adaptado a una Administración y sociedad más complejas y democráticas, donde la iniciativa interna y la participación ciudadana sean los soportes de la innovación que se precisa.

Por eso, las futuras reformas e innovaciones que se impulsen en nuestras Administraciones no deberían continuar limitándose, exclusivamente, a las mejoras de su productividad y al logro de mayores objetivos de calidad, de eficacia y eficiencia en sus resultados, por necesarias que éstas sigan siendo, tal y como promueve el reciente Sistema General de Gestión, aprobado por nuestro Gobierno.

La actual situación demanda innovaciones disruptivas que provoquen cambios más profundos orientados, prioritariamente, a la mejora de nuestro bienestar colectivo, a su gobernanza y a la mejora de la calidad democrática. Estos cambios, de ningún modo, pueden derivarse de la evolución de los objetivos modernizadores que, hasta ahora, se han promovido.

Otros cambios necesarios tienen que ver con su rol de liderazgo y su capacidad de influencia y de protagonismo en el territorio; con la transformación de los actuales procesos administrativos poniendo en el centro de los mismos a la ciudadanía; con el enfoque de las políticas, pasando de la oferta de servicios a la gestión de su demanda. En lo que respecta a su organización y funcionamiento interno hay que abordar, sin más dilación, la necesaria y demandada transversalidad y colaboración entre las diferentes Unidades Administrativas, así como impulsar la participación activa y la motivación de todo su personal.

Todos estos objetivos están muy relacionados, son transversales y sus ventajas pueden tener derivaciones posteriores y complementarias en la mejora de su productividad y en la prestación de sus servicios.

Desafortunadamente, en la actualidad, no se vislumbra una hoja de ruta sobre cual debe ser el modelo de Administración Pública del futuro, ni se dispone de un modelo de cambio organizativo que resuelva sus actuales disfunciones. Consecuentemente, el futuro es incierto y nadie puede asegurar que la Administración postcrisis vaya a satisfacer los cambios e innovaciones que demanda nuestra sociedad.

Pero lo que es incuestionable es que los cambios económicos y sociales que necesitamos no serán posibles si no disponemos de una Administración renovada y preparada para liderarlos en colaboración con otros agentes económicos y sociales.

Por eso es importante que los partidos políticos que, tradicionalmente, no han tenido esta prioridad en sus agendas, recojan en sus próximas propuestas electorales algunas medidas concretas que sirvan para activarlos e iniciarlos. De este modo, los próximos responsables políticos es más fácil que puedan promover diferentes innovaciones, teniendo en cuenta que las organizaciones no cambian si no lo hacen las personas que trabajan en ellas y estas lo hacen si tienen estímulos, motivaciones, participación activa y se confía en su talento, capacidad de innovar, ganas de trabajar y de servir.