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Continúan en la nueva legislatura los contratos 'a dedo' en Hondarribia a una empresa de un destacado militante del PNV

Un vehículo de Montai, este domingo en Vitoria durante la celebración del triatlón

Iker Rioja Andueza

El Ayuntamiento de Hondarribia ha estrenado en junio nueva legislatura, como el resto de municipios. Pero los cambios se quedan ahí. Repite Txomin Sagarzazu como alcalde (el PNV, además, tiene mayoría absoluta) y continúan en la nueva etapa las advertencias de la interventora municipal, Laura Busca Fernández, por ilegalidades en diferentes pagos, entre ellos los que recibe la empresa del destacado militante del PNV Aitor Elorza, Montai Produkzioak, adjudicataria sin contrato de diferentes trabajos de organización de eventos y montajes. Montai Produkzioak y sus empresas hermanas (Estali La Karpa, Denok Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak) llevan facturados en Hondarribia desde 2009, cuando expiró el contrato que les unía con el Ayuntamiento, más de 2,3 millones de euros. Según sus propios datos, acaparan entre el 70 y el 80% del presupuesto de las áreas de Cultura, Juventud, Euskara y Deportes en esa localidad guipuzcoana.

Este periódico publicó en abril que la interventora había emitido al menos una docena de “informes de reparo suspensivo” alertando de que estas empresas estaban recibiendo contratos 'a dedo' y que el volumen del dinero facturado superaba con creces el de 15.000 euros, el máximo actual para las adjudicaciones directas (hasta hace poco eran 18.000 euros). Esa barrera se supera, desde luego, sumando las facturas de todo el ejercicio pero hay incluso trabajos individuales que, ya en solitario, cuestan más que esa cantidad. Para poder sortear estos reparos suspensivos, Sagarzazu firma un decreto de Alcaldía horas después de cada informe técnico y, con ello, se reconoce la obligación de pago y se ordena el abono de las cantidades de cada contrato.

La labor de control de la alta funcionaria ha continuado durante el período electoral y también después de la constitución del nuevo equipo de Gobierno el pasado 15 de junio. El último informe al que ha tenido acceso este periódico data del 25 de junio y la interventora, nuevamente, reclama la suspensión de los pagos a Montai Produkzioak porque “se ha superado el importe fijado por la Ley de Contratos del Sector Público” y porque es “además, un servicio que viene prestándose por el mismo proveedor de forma reiterada en el tiempo, siendo el servicio previsible”. Y a cada informe le ha seguido un decreto. Varios de ellos están firmados en período electoral, con el Ejecutivo local en funciones. Los más recientes ya están fechados en esta legislatura.

Se da la circunstancia de que las alertas de Busca Fernández se amplían a otras empresas que trabajan en Hondarribia más allá de Montai Produkzioak. Son firmas como Dardarak, Urdapilleta o Hezi Zerb y, singularmente, también se menciona a la prestataria del servicio de ayuda a domicilio. En este caso, en mayo se puso la lupa sobre una factura de 107.127,62 euros al tiempo que se avisaba de que “mediante decreto de Alcaldía” se había “modificado el precio/hora” que cobra la empresa (Clece), es decir, pagando más que lo previsto en el último contrato vigente.

Desde 2009 sin contrato

Montai Produkzioak resultó adjudicataria en 2005 de un contrato con una duración de cuatro años para la gestión de los montajes de eventos festivos, culturales o deportivos del municipio. Llegado 2009, nunca se volvió a sacar a concurso el contrato y hasta hoy mismo continúa trabajando allí con regularidad con sus diferentes nombres comerciales. Es habitual que tras cada edición de las fiestas patronales, año tras año, en el comunicado oficial se dé las gracias a la empresa por los servicios prestados

Conocidas las informaciones de este periódico en primavera, fuentes municipales y de Montai Produkzioak indicaron que preveían tener listo “en junio”, con el arranque de la nueva legislatura, el nuevo concurso público que solventaría esta situación. Sin embargo, ese plazo ha quedado superado sin que haya una nueva fecha definida para que se saque a licitación ese servicio de organización de eventos en Hondarribia. Sagarzazu, en cambio, rechazó en la emisora local de la Cadena Ser que se esté cometiendo una ilegalidad porque “el alcalde tiene la potestad” de levantar las suspensiones de la interventora por decreto. “Viene recogido en la ley”, remarcó el regidor del PNV.

En este contexto, el PNV se valió de su mayoría absoluta en el último pleno de la pasada legislatura para evitar la creación de una comisión de investigación en torno a los contratos en Hondarribia, algo reclamado por toda la oposición (los independientes de Abostanitz, EH Bildu, PSE-EE y PP). Tras las elecciones, Sagarzazu se dejó 400 votos y un escaño pero, con un 45% de apoyo, mantuvo una mayoría absoluta de 9 ediles frente a 8 de la oposición.

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