Hace una década, en el escenario de la Universidad de Texas en Austin del encuentro anual de periodismo digital, un productor de Vice Media, entonces el medio que desafiaba a los tradicionales con sus coberturas más agresivas y dirigidas al público más joven, nos enseñaba cómo usaba drones, gafas de Google y herramientas de retransmisión en directo para contar las protestas de Occupy Wall Street. Se llamaba Tim Pool y se presentaba como “el tío de los artilugios” que nos explicaba a los reporteros de medios más clásicos las bondades de la tecnología.
Ahora Tim Pool es uno de los “creadores de contenido” o influencers -no sé qué palabro es peor- que emite sus comentarios en una plataforma llamada Tenet Media, con sede en Tennessee y que, según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha recibido casi 10 millones de dólares del Estado ruso. Desde hace años, Pool está centrado en hacer campaña a favor de Donald Trump y ha difundido mentiras sobre víctimas de tiroteos, refugiados y las elecciones de Estados Unidos de 2020. Pool dice ahora que es “una víctima” y no se había enterado de que el Kremlin estaba poniendo dinero para ayudarle a difundir sus mensajes a favor de su argumentario habitual y de su candidato favorito para las presidenciales del 5 de noviembre.
Estas últimas revelaciones sobre la propaganda rusa a favor de Trump son una pieza más en el escurridizo debate de hasta qué punto las redes sociales son responsables del deterioro del debate público y el auge del autoritarismo y la intolerancia. La inundación de falsedades en redes sobre Kamala Harris de las últimas semanas y el ejército de cuentas sin nombre dispuestas a esparcir bulos y odio a izquierda y derecha están a la vista de cualquiera. En el caso de X, siempre minoritario pero presente en el debate público por su uso desproporcionado entre políticos y periodistas, el propietario difunde personalmente a diario falsedades e insultos contra Harris y a favor de Trump.
No hay consenso académico sobre el peso exacto que tienen las mentiras y la propaganda en redes a la hora de que alguien decida su voto. Pero, al menos en el caso de Estados Unidos, por el sistema electoral que sobrerrepresenta a unos pocos estados, basta con influir en unas pocas personas para que voten o se queden en casa. Unas decenas de miles de votos en Pensilvania pueden decidir el 5 de noviembre quién está al frente del país más poderoso del mundo.
La solución legal no es sencilla ni cuando los gobiernos se ponen a pedirle cuentas por el contenido más dañino a las plataformas, como hemos visto en la UE, el Reino Unido o Brasil. Los influencers pagados por Putin son la punta del iceberg de múltiples actores que intoxican el debate público, y sancionarlos o cortarles el grifo de la financiación puede notarse poco.
La información, como sucede a menudo, lo más neutra y más completa posible sobre la existencia de campañas orquestadas con simpatizantes pagados y tontos útiles a favor de Estados maliciosos es un arma para los ciudadanos y usuarios de redes.
Frente a la propagada rusa, o de otro tipo, más que censurar, limitar o castigar, lo que pueden hacer las autoridades públicas es apoyar la independencia y transparencia de la información, sobre todo la que está en su mano, como la de los medios públicos. Eso requiere soltar poder, algo que ya hemos visto no apetece mucho a los políticos en España. Tal vez mirando al panorama internacional más allá de las batallas locales se entienda mejor lo que está en juego.