Este año de pandemia nos ha recordado a menudo el valor del servicio público del periodismo. El resultado no ha sido uniforme ni constante en el tiempo, pero hay muchos buenos ejemplos a los que mirar. De medios privados y de medios públicos.
Entre ellos, está la labor constante y ejemplar de los telediarios de TVE y los informativos de RNE con sus presentadores y sus entregados equipos, que día a día han intentado poner orden en el caos, explicar la investigación científica en evolución de la que tanto hemos aprendido y acercarse a las historias personales con un difícil equilibrio entre el respeto y el deber de informar también del horror. Los recursos de RTVE y el tesón de grandes periodistas han permitido ver más de cerca qué pasa en una UCI o llegar hasta cualquier rincón del país más allá de los fríos números y de la tontería de turno cacareada por cualquier político.
Su dificultad añadida es que lo han hecho con la sombra de la tentación de los políticos y sus esbirros de utilizar nuestra televisión y nuestra radio públicas como si fueran suyas, como si fueran una extensión de sus partidos. En los últimos años, los periodistas han tenido más margen gracias al limbo a la espera del concurso y del buen criterio de cargos interinos que han dejado a los informadores hacer su trabajo. Al menos, eso es lo que hemos visto de cara al público en los principales informativos, que han mostrado independencia y profesionalidad.
También estaba la esperanza de que se celebrara un concurso de verdad para elegir al Consejo de Administración y que esto fuera el principio de un sistema que ya no dependiera de la suerte con el político de turno o con la época más o menos intervencionista. Esa esperanza se ha disipado con el anuncio del nuevo Consejo, una colección de comisarios políticos que se han repartido entre PSOE, Podemos, PP y PNV con el criterio de la carrera del más sectario, el más fiel, el más vociferante. Elegir así deriva inevitablemente en una escalada de partidismo, a ver a quién se le ocurre el nombre más ofensivo para la libertad de información. No todas las personas que lo integran son así. Es esperanzador que al menos el presidente, José Manuel Pérez Tornero, sea un periodista con bagaje académico, que ha dirigido un buen programa educativo (La aventura del saber) y tiene un claro interés por la función de servicio de los medios públicos. Tal vez él sea la garantía esta vez de que los periodistas pueden seguir haciendo su trabajo, pero el problema vuelve a ser el proceso.
En el concurso, 22 personas pasaron el corte de entre las 95 que se presentaron. Pero sólo tres de los 10 nombres acordados ahora estaban en esa lista de aprobados.
“Vamos a tener a gente en el Consejo de Administración de RTVE cuya evaluación de proyecto fue 'parece copiado de un manual de wikipedia' o 'no puede considerarse ni proyecto' (este con un 0, Jenaro Castro) o puntuados con 23,5 puntos (posición 80 aprox de 90 personas)”, recuerda Eva Belmonte, fundadora de Civio y experta en transparencia.
Lo ocurrido confirma que el concurso fue el paripé: es una falta de respeto al trabajo de tantas personas, pero también un abuso de poder. La radio y la televisión pública son nuestras, un bien común al servicio de los ciudadanos; no son de políticos que una vez más han demostrado su desprecio sin disimulo hacia la profesionalidad y el bien común.
Después de este año de horrores de gestión y pasotismo ante el dolor de la pandemia por parte de los principales partidos en el poder, el umbral de la sorpresa está alto. Pero no por ello este abuso es menos grave.