Crecen las quejas y demandas que reclaman la culminación del concurso público de 2018 para renovar la Presidencia y el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, como motor de las reformas indispensables para su recuperación. Mientras el servicio público sufre la peor crisis de su historia, diversas entidades sociales amenazan ahora con dirigirse ante las instancias españolas y europeas, denunciando el prolongado inmovilismo del Parlamento y el Gobierno.
Tres años han pasado ya desde la aprobación, con rara unanimidad parlamentaria, de la Ley 5/2017 (29 de septiembre) que buscaba anular la contrarreforma del Gobierno de Rajoy de 2012 (elección por mayoría simple gubernamental), para volver a exigir mayoría parlamentaria reforzada de dos tercios para la elección de los máximos órganos de gestión de RTVE. Dos años largos han transcurrido también desde que, a propuesta del Gobierno y en tanto se sustanciaba el concurso público que según esta ley debería preseleccionar a los candidatos más idóneos, se designó como administradora única “provisional” a Rosa María Mateo (julio de 2018). Ese mismo mes comenzaron las sesiones de trabajo del Comité de Expertos, nombrado a propuesta de la totalidad de los grupos parlamentarios que, tras publicar sus baremos legales (BOE de 17-8-2018), actuó por general consenso para valorar y distinguir a 20 candidatos del casi centenar de aspirantes presentados (BOE de 18-12-2018).
¿Y después? Luego vinieron las elecciones generales del 30 de abril de 2019, que dieron la investidura fallida, con el expediente del concurso traspasado oficialmente de la XIII y a la XIV legislatura. Y los comicios del 10 de noviembre siguiente, que abocaron al Gobierno de coalición. Y después llegó la pandemia que embrolló todo. Mientras tanto y hasta hoy, el concurso público quedó congelado y la “provisionalidad” se instaló en RTVE. Con una primera y evidente consecuencia: la no aplicación de la ley de 2017, titulada precisamente “para recuperar la independencia” de RTVE “y el pluralismo en la elección de sus órganos” demuestra que el servicio público de radiodifusión sigue careciendo de ambas notas vitales.
Aunque con su singularidad actual, la historia de RTVE repite esta paradoja endémica de avances y regresiones con cada gobierno, de izquierdas o de derechas, en lo que algunos historiadores no han dudado en calificar de “fatalidad” del servicio público: el nacimiento de TVE en pleno franquismo (1956) habría creado un aparato de “régimen” dictatorial, cuyo supremo valor era la manipulación de los súbditos, una mentalidad que habría atravesado la pared de la transición para contaminar a los gobiernos democráticos.
Así, Suárez inició la transición de la dictadura poniendo a RTVE con Rafael Ansón al servicio de UCD y Calvo Sotelo anuló la virtud del primer Estatuto democrático de 1980, “dimitiendo” a Fernando Castedo. Como Alfonso Guerra arruinó las promesas socialistas con José María Calviño y Jordi García Candau y hasta Rodríguez Zapatero permitió que su reforma democrática de 2006 fuera descafeinada por María Teresa Fernández de la Vega con la “reforma” financiera de 2009 (eliminación de la publicidad sin modelo financiero viable alternativo) y con penalizaciones al servicio público en una ley general audiovisual escorada al polo comercial (2010).
Así, mientras la derecha explotaba al máximo la utilización partidista de RTVE al tiempo que deterioraba el servicio público, los gobiernos progresistas han coqueteado con las cadenas comerciales y preterido el servicio público. Hasta la última ilusión de ese pacto del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que prometía la elección y renovación (…) del consejo de administración de RTVE, primando “los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional”, y “mejorando el sistema de concurso público”.
En cada ocasión, RTVE ha descendido varios escalones en su capacidad de referencia social. Pero ahora parece estar inmersa en una pendiente de caída libre en todos los planos. Sin presidencia ni consejo de administración elegidos por el parlamento, por vez primera en democracia, no solo incumple la ley de 2006 sino la propia constitución (art. 20.3: “la ley regulará…”) perdiendo al mismo tiempo su legitimidad para las funciones que le son propias: nombramiento de directivos, aprobación de contenidos y presupuestos. De forma que las múltiples decisiones de estos dos años, normales en una gestión televisiva, como las remociones de directivos de radio o de centros territoriales, las sustituciones de corresponsalías claves, los cambios sustanciales de programación y sus frecuentes fracasos, suscitan en estas condiciones crisis periódicas internas y el deterioro creciente de su imagen pública.
Efectivamente, el servicio público “no pertenece a los gestores y tampoco a los trabajadores, sino a todos los españoles”, pero eso se garantiza solo con el cumplimiento de las leyes y sus buenas prácticas. Porque RTVE tiene además su mandato marco anticuado y vencido desde diciembre de 2016 y carece siempre del contrato programa trienal que exige la ley de 2006, sin los cuales es inverosímil su misión social, y el cumplimiento del protocolo de Amsterdam (32 del tratado de constitución actual de la UE) que exige la proporcionalidad del dinero público con las funciones legales del servicio público, por lo que Bruselas podría expedientar a España en cualquier momento.
Peor aún, con su presupuesto de gastos congelado desde 2010, RTVE es incapaz de competir con el potente duopolio comercial de Mediaset y Atresmedia, y por supuesto de hacer una transición digital y multimedia que exige su propia supervivencia. Pero los déficits comienzan a crecer, con casi 30 ME de pérdidas en 2019 y previsiones pesimistas de unos 50 ME en rojo para 2020. Una caída que augura nuevos problemas políticos, porque la ley de 2006 (art. 13.2) preveía la dimisión en bloque del Consejo de Administración si se superaba en gastos el 10% de la compensación presupuestada por el servicio público; pero es difícil exigir el cese de un Consejo que no existe…
Termómetro insoslayable de la gestión deficiente de la corporación, desde que asumió el mando la dirección “provisional” (Julio de 2018), la 1 ha descendido del 10,5% de share medio al 9,2% de Septiembre de 2020 (con récords a la baja mensuales hasta del 8%), un deterioro de su peso social mucho más preocupante por cuanto que las dos cadenas privadas competidoras han mantenido básicamente en este tiempo sus cuotas, y porque esta pérdida de liderazgo incluye a los telediarios, corazón de su función social; con todos sus canales, el grupo público ha caído del 16,5 al 15,5% en comparación con la preponderancia creciente de Mediaset (28,2) y Atresmedia (27%), unas tasas que amenazan con la irrelevancia de servicio público a corto plazo (aun sumando el 8,15% de las TV.AA).
La impaciencia y la indignación parecen ganar enteros en los ambientes defensores del servicio público español. Así, si el pasado año el Comité de Expertos y algunos de los candidatos seleccionados pidieron al parlamento que culminara el concurso público, en Julio de 2020, el Comité protestó airadamente contra un dictamen de los letrados del Senado que pretendía la anulación práctica del concurso alegando que el Comité se había “excedido” en su autonomía, e incluso parecía reñir al parlamento por haber aceptado constreñir “el ámbito de la decisión política de las cámaras”. El resultado habría sido volver a las cuotas militantes partidistas y a la manumisión de RTVE por los gobiernos de turno, porque el concurso se ha convertido en la clave de bóveda de todas las reformas indispensables.
En las últimas semanas, los 19 candidatos considerados idóneos, de todas las tendencias ideológicas, se han dirigido al Parlamento exigiendo concluir el concurso público para dotar a RTVE de una dirección estable y plural, y en el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Informativos de RTVE. Por su parte, la asociación Teledetodos ha promovido un manifiesto con decenas de entidades ciudadanas y periodísticas, en las que da un paso más, amenazando con interponer quejas y demandas ante las autoridades españolas, como el defensor del pueblo o la CNMC, y europeas (el Parlamento europeo, el Consejo de Europa, organismo que ya emitió una “alerta” sobre la empecinada ausencia de presidente y consejo elegidos parlamentariamente para RTVE).
La convicción general es que los cuarenta años en democracia buscando a trompicones un modelo de servicio público democrático como el reconocido en el tratado constitutivo de la UE, no son ya soportables, y que RTVE y detrás las TV.AA. están ante su última oportunidad histórica. Especialmente cuando una larga trayectoria de las radiotelevisiones europeas occidentales muestra el camino de normas y “buenas prácticas” que hacen de sus servicios públicos puntales de la información y el debate democrático, de la creación y la difusión de la cultura, indispensables frente a la avalancha de programaciones comerciales, de contenidos basura, y a la hiperfragmentación de un público que pierde sus referentes simbólicos comunes.
Habitualmente empaquetada con el poder judicial, como una especie de guinda al pastel de ese consenso imposible con la oposición, la renovación del Consejo de RTVE es legalmente viable aun en el hipotético caso de un boicot de la derecha, porque según la ley de 2007, 15 días al menos después de una fallida votación por 2/3 de ambas cámaras, los nombramientos pueden salir adelante por mayoría simple si aúnan propuestas de la mitad al menos de los grupos parlamentarios existentes (disposición transitoria 1ª), una previsión factible en el Congreso (10 grupos) como en el Senado (ocho).
Las maldiciones, por tanto, no proceden de los dioses ni de hipotecas históricas irredentas, sino de los hombres, especialmente cuando se agrupan en partidos políticos españoles para conformarse como maquinarias miopes de poder a corto plazo, sin visión para preservar las plataformas vitales de la democracia, del diálogo y la construcción del consenso en la esfera pública, en cuya ausencia la polarización ideológica, la desinformación y la manipulación sistémica se convierten en la dinámica hegemónica de la opinión pública. Una conclusión que la COVID-19 no ha descubierto ciertamente pero sí ha venido a corroborar con todas sus amenazas, para la salud, para la democracia y para el desarrollo integral de nuestra sociedad.