En España el aborto es un derecho reconocido por la ley. Frente a las luchas que muchas mujeres aún mantienen en países de todo el mundo para conseguir abortar sin que las encarcelen y sin poner en riesgo su vida y su salud, podemos decir que en España el aborto es legal y también es seguro. Sin embargo, no podemos decir que el acceso al aborto en los servicios públicos de salud sea siempre digno.
¿De qué hablamos en Women’s Link Worldwide cuando hacemos esta denuncia? Hablamos de casos como el de Ana, una mujer a la que el Servicio Murciano de Salud ocultó toda la información sobre el estado de salud del feto y la grave anomalía que este sufría. Una mujer que, durante más de seis semanas, tuvo que ir de clínica privada en clínica privada, buscando las respuestas que la sanidad pública le negaba y pagando pruebas que podrían haberle realizado en su hospital de referencia sin ningún coste para ella.
Hablamos de una ley que en muchos casos se queda en puro papel mojado porque los servicios de salud pública, haciendo uso de una objeción de conciencia velada, niegan a las mujeres la información que necesitan para tomar decisiones sobre su propia vida y su cuerpo con autonomía. Casos como el de Ana no son aislados y llevan a muchas mujeres a poner en riesgo su salud en toda nuestra geografía. No hace mucho leíamos en la prensa el caso una mujer gallega que había perdido su útero y con él, la posibilidad de ser madre biológica, tras tener que recorrer más de 500 km en su propio coche para poder abortar en una clínica privada de Madrid porque ningún hospital público gallego quiso practicar la interrupción, a pesar del extremo riesgo que había para su salud.
Hablamos también de discriminación geográfica y socioeconómica porque muchas Comunidades Autónomas no realizan abortos en la sanidad pública y derivan todos los casos a centros privados concertados. Cuando no hay ningún centro que lo haga, obligan a las mujeres a tener que recorrer cientos de kilómetros hasta otras comunidades donde sí que haya clínicas que puedan realizar las interrupciones. Pero la sanidad pública no les cubre los costes de desplazamiento ni de alojamiento. Ni tiene en cuenta cómo se pueden sentir al estar separadas de sus familias y su entorno cercano durante todo ese proceso.
Hablamos, desafortunadamente, de un país donde persiste un fuerte estigma que rodea la práctica del aborto, donde están fuertemente enraizados los estereotipos y prejuicios sobre la maternidad y la capacidad de las mujeres para que tomemos decisiones sobre nuestra propia vida. Muestra de ello es el acoso que aún reciben muchas mujeres y trabajadores y trabajadoras en las entradas de las clínicas privadas, donde, ante la mirada pasiva de las autoridades, son hostigadas, amenazadas y coaccionadas por grupos anti-aborto.
Todas estas barreras que obstaculizan el acceso al aborto suponen una práctica discriminatoria. La razón es clara: cuando se nos niega, restringe u obstaculiza de manera injustificada el acceso a estos tratamientos se nos está discriminando. Además, estas barreras, se incrementan hacia las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y desigualdad por razones de edad, clase social, recursos económicos, situación administrativa, discapacidad y un largo etcétera.
En definitiva, en España, las mujeres todavía nos enfrentamos en la sanidad pública a una carrera de obstáculos para ejercer un derecho que nos corresponde. Y es esto lo que constituye un trato indigno en el acceso al aborto. El aborto será digno cuando todas las mujeres que decidan abortar reciban un trato respetuoso durante todo el proceso, sin discriminación, con plena autonomía y con información veraz por parte de los servicios públicos de salud. Hasta que esto suceda, seguiremos denunciando que en España se vulnera el derecho a un aborto digno.