Actuemos ya contra la Pobreza Energética en la Comunidad de Madrid
Los datos presentados en el informe Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis España 2006-2016, el último realizado por la prestigiosa Asociación de Ciencias Ambientales, describen un escenario preocupante. España ha superado la media europea de hogares (10,2%) incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada mientras el número de familias con retrasos en el pago de las facturas sube. Estos datos superan las cotas más altas desde 2004, en un escenario supuestamente marcado por la recuperación económica.
Más de 5 millones de españoles, que equivalen al 11% de los hogares del país, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos, lo que supone un incremento del 22% en tan solo dos años. Si tenemos en cuenta la ola frío que estamos sufriendo en las últimas semanas y la dimensión del problema, coincidiremos en que las soluciones son urgentes.
Más de 2,5 millones de españoles (un 6% de la ciudadanía) destinan más del 15% de sus ingresos a hacer frente a las facturas energéticas. La situación laboral también tiene una importante influencia en el aumento de la pobreza energética; en 2014, el 21% de los hogares en paro registraron retrasos en el pago de las facturas, mientras que en los hogares con población ocupada era del 7%. Los desempleados tienen niveles más altos frente a los trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena o los perceptores de pensiones contributivas.
Los datos en la Comunidad de Madrid no son mucho mejores: de los 7,4 millones de personas en España con gastos en energía doméstica por encima del 10% de los ingresos, 765.000 personas se encontraban en Madrid, mientras que de los 4,2 millones de personas que no podían mantener su hogar a una temperatura adecuada, 499.000 personas estaban en Madrid. Datos, todos ellos, que deberían llevar a una reacción inmediata de los poderes públicos.
La presión social que han ejercido plataformas como la Alianza contra la Pobreza Energética, organizaciones de consumidores como FACUA o partidos políticos como Podemos obligó finalmente a tomar alguna medida, más allá del estéril bono social, al Gobierno del PP. Pero en lugar de seguir la recomendación contenida en la moción aprobada en el Congreso para aprobar una Ley contra la pobreza energética, el PP encontró un aliado fiel en el PSOE para redactar un Real Decreto ambiguo y que no permite acabar con los cortes durante este invierno y deja en manos de Rajoy fijar todas las reglas mediante el desarrollo reglamentario. Además, ni PP ni PSOE contaron con organizaciones de la sociedad civil para redactar el Real Decreto, que han criticado duramente.
En la Comunidad de Madrid, el Grupo Parlamentario de Podemos presentó hace ya más de seis meses una Proposición de Ley contra la Pobreza Energética (agua, luz y gas) en la Asamblea de Madrid. Tras la aprobación en Pleno de su tramitación, con el voto en contra del PP, se constituyó una ponencia que terminó sus trabajos en el mes de diciembre, con un texto consensuado por Podemos, PSOE y Ciudadanos. El PP no solo se opuso a la tramitación de la proposición, sino que ha obstaculizado de todas las formas posibles su aprobación final. Finalmente, y gracias al cambio de posición de Ciudadanos merced a su acuerdo con el PP para los Presupuestos de 2017, el texto acordado ha sido rechazado y los trabajos se retrotraen al inicio.
La Ley contra la Pobreza Energética es así la primera víctima del acuerdo presupuestario entre el PP y Ciudadanos para 2017. Los motivos alegados son presupuestarios: para los dos socios de Gobierno dedicar en torno a 60 millones de euros a que la gente en pobreza severa no pase frío es un exceso. Mientras los ricos gozan de un paraíso fiscal en esta Comunidad, para los más necesitados no hay presupuesto. El mensaje está claro.
La ley que proponemos responde a dos defectos fundamentales de las medidas que anteriormente trataban de poner remedio a esta problemática en la Comunidad: la escasa relación entre el acceso a las prestaciones y la renta y las dificultades en el acceso a este tipo de prestaciones. Esto suponía que las personas que más lo necesitaban eran las personas que menos posibilidades tenían de acceso a la misma.
En la Comunidad de Madrid las prestaciones para hacer frente a la pobreza energética están desagregadas en función del insumo del que se trata: por un lado se accede al agua a través del bono social del Canal de Isabel II y por otro se accede a la electricidad o el gas, sea a través del Bono Social o a través del reciente convenio firmado con las compañías de distribución energética.
La propuesta de ley que defiende Podemos establece una tipología clara de Hogares Vulnerables que determina el acceso a una ayuda para el pago de los suministros energéticos. Esta tipología se basa en afrontar la relación existente entre desigualdad y pobreza energética y genera una prestación única para los diferentes suministros energéticos, dejando de separar entre electricidad, agua y gas. Se simplifican los procesos de acceso a la prestación y se facilita la cooperación con entidades sociales para detectar casos de pobreza energética y con las empresas comercializadoras, a través de convenios, para garantizar que no se den cortes a personas en situaciones de Hogar Vulnerable y que se informe, mediante avisos en la factura, de las prestaciones existentes.
En los casos de mayor pobreza se asumirá el 100% de la factura energética, en otros casos, dependerá del cruce entre renta y consumo energético. La ayuda en el pago tendría una duración máxima de dos años. Nuestra propuesta incide en dos elementos claves para abordar la relación entre desigualdad y pobreza energética:
a) la primera de ellas tiene que ver con la generación de un plan de microeficiencia energética en domicilios para mejorar, a través de intervenciones específicas, la situación de domicilios con deficiencias energéticas, así como influir en pautas de consumo y ahorro energético entre las personas que solicitan esta ayuda.
b) la apuesta por un nuevo modelo económico basado en dinamizar la transición energética para poder estimular la economía regional y generar posibilidades de empleo para muchas de las personas afectadas por la pobreza energética.
La aprobación de esta proposición de Ley es urgente. Si Cristina Cifuentes sigue bloqueando su tramitación lo denunciaremos en el Parlamento, pero también en las calles. Las vidas de la gente humilde y trabajadora valen mucho más que los beneficios de las empresas eléctricas.
