Si una palabra caracteriza a la “Era Trump” es la incertidumbre, y su política de comercio exterior no es una excepción. El modelo de tratados de libre comercio colapsó, El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) está muerto, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) y el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA) están estancados, por lo que predecimos el retorno de los actores principales del comercio mundial hacia la Organización Mundial del Comercio (OMC), como un foro estable y predecible para promover su agenda global, y especialmente avanzar en la regulación del comercio electrónico a nivel mundial.
El comercio electrónico será uno de los temas centrales durante la Conferencia Ministerial de la OMC (MC11) a celebrarse en Argentina el próximo mes de diciembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, la nación anfitriona tanto de la MC11 como de la próxima reunión del G20 en 2018, ha descrito el comercio electrónico como “un componente esencial para el futuro del comercio exterior, para así reducir la desigualdad, mejorar la igualdad de género y dar el salto hacia una economía del siglo XXI”.
De hecho, tanto Estados Unidos como otros países desarrollados se han embarcado en la misión de promover el comercio electrónico desde el mes de julio de 2016, dictando los términos del mismo y lanzando un llamamiento a los miembros de la OMC para remover cualquiera de las llamadas 'barreras comerciales' al mismo. Uniendo esfuerzos con un grupo de países en desarrollo, están determinados a asegurarse de que los países miembros, durante la Ministerial en Argentina, aprueben un mandato para que la OMC regule el tema, a pesar de la oposición expresada por los países africanos y la India.
Si este movimiento estratégico tiene éxito en la Ministerial de Buenos Aires, los 164 miembros de la OMC empezarán aceleradas negociaciones sobre un acuerdo de comercio electrónico. ¿Y el interrogante que nos surge es si ésta será la oportunidad para avanzar hacia una agenda de derechos digitales y conectividad o más bien nos dejará con estándares aún más bajos de protección, y un mercado casi monopolizado, que además se beneficia y lucra de nuestra infraestructura pública?
La retórica de oportunidades para los excluidos –conectar al próximo billón– suena fantástica únicamente si se desconecta de la realidad de la economía global, donde los acuerdos comerciales presionan para desregular, acordar estándares aún más bajos de protección de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos, una agresiva persecución de los delitos contra el derecho de autor y la inclusión de medidas electrónicas para proteger intereses de la industria de contenidos, aun arriesgando la seguridad de nuestros aparatos. Los grandes monopolios y los gigantes tecnológicos, Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA, por sus iniciales), establecidos en EEUU, serían los ganadores que se llevarían todos los beneficios de un acuerdo de esta índole.
Hasta el momento, aunque tanto países en vías de desarrollo como la sociedad civil se oponen a que esta negociación se lleve a cabo, estos carecen de una contrapropuesta, de una agenda digital consensuada desde su perspectiva. Los mercados de comercio electrónico en países en desarrollo no están listos, se quedan atrás tanto en competitividad como en habilidades. Los encargados de negociar las políticas de comercio exterior en dichos países no están suficientemente informados de los detalles altamente técnicos y complejos, incluidos en las propuestas.
Por su parte, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los activistas de derechos digitales están poco preparados para hacer frente a los retos de una negociación sobre comercio electrónico, que será compleja, con avanzada terminología técnica y precisiones que afecten a la manera en que se ejercen los derechos digitales, tanto técnica como legalmente, en cuanto al régimen actual de protección de los mismos.
La agenda de comercio electrónico de la OMC es inevitablemente compleja: incluye reglas de largo alcance sobre la provisión digital a través de fronteras, afectando a la regulación de privacidad, la protección de datos, la de los consumidores, la ciberseguridad, la neutralidad en la red y los nuevos mecanismos de protección de la propiedad intelectual en el entorno digital. Todo esto impactará inevitablemente en la regulación de cada nación de Internet, su infraestructura global, así como el derecho de los gobiernos a implementar regulaciones y políticas públicas adecuadas para proteger la libertad y apertura de la misma.
Aún desconocemos a dónde nos llevará la próxima ola de avances tecnológicos, y las direcciones que la economía digital tomará. Dado este incierto panorama, negociar en el ámbito de la OMC un tratado vinculante que imponga nuevas protecciones comerciales, por encima del interés público y las protecciones actuales a los derechos digitales, que ya de por sí son muy limitadas, podría tener un efecto horizontal devastador en países en desarrollo, erosionando aún más estos y limitando libertades esenciales para la innovación digital.
Nunca antes una negociación sobre comercio exterior tuvo un número tan reducido de beneficiarios. No hay que equivocarse, la discusión que tendrá lugar, contando con la poca preparación de los países del sur, afectará todos y cada uno de los ámbitos, desde el gobierno hasta la salud pública, desde la visión de desarrollo hasta las políticas de innovación, extendiéndose más allá de la temática de comercio.
Tenemos que organizarnos ante esta cuarta revolución industrial, que tiene a los datos, especialmente a los datos personales, su colección y control, en el centro de su modelo. Los “Grandes Señores de los Datos”, esos que poseen el poder computacional que les permite desarrollar productos y servicios gracias al aprendizaje automático y la inteligencia artificial, quieren asegurarse de que no exista legislación nacional, normas que regulen la competencia, regulación de privacidad o de protección a los consumidores que interfieran con sus planes y que sean una disrupción para la libre circulación de datos, su materia prima.
Disfrazando sus intenciones como un apoyo para el acceso y la asequibilidad de Internet, estos cuasi monopolios quieren que todas las personas se conecten tan rápido como sea posible. Ofreciendo oportunidades de crecimiento económico, ellos quieren desplegar y concentrar todo el poder de mercado en sus plataformas, sistemas y contenido en todo el mundo. Buscarán codificar y automatizar sanciones en la tecnología misma, buscarán borrar las barreras y fronteras para la extracción de datos, así como eliminar la posibilidad de los gobiernos locales y nacionales de proteger los datos de sus ciudadanos, calificando cualquier intento en esa dirección como una “barrera comercial”.
Las disputas sobre cómo y cuánto deben ser protegidos los derechos fundamentales se discutirán por cortes comerciales, supranacionales, mientras que industrias locales, que no cuenten con los avances que provee la inteligencia artificial, no podrán competir, lo que derivará en desempleo local.
Si no estamos vigilantes, estaremos consolidando rápidamente una colonización digital, un régimen neo feudal, donde todas las reglas están dictadas por los gigantes tecnológicos, para ser acatadas por todos los demás.