Tras las fabulosas propiedades de este mineral, el amianto esconde en forma de venganza por ser arrancado de la tierra un cúmulo de enfermedad, dolor y muerte. Es aún más inmoral el uso que las empresas han hecho de él, que no se lo han pensado dos veces a la hora de recurrir al engaño, a la ocultación y a las prácticas deshonestas, sacrificando peligrosamente la salud de los trabajadores, de sus familias y del resto de la población, para proteger sus pingües beneficios.
Aún hoy, que en la mayoría de los países del mundo occidental su uso está prohibido, el amianto deja un reguero de vidas destrozadas, truncadas inesperadamente, de personas trágicamente sorprendidas de que, decenas de años después de estar expuestas, les sea diagnosticada alguna enfermedad relacionada con el amianto.
Tras la prohibición de su uso como materia prima (en España, 2002) el problema del amianto no ha dejado de existir. El amianto vino para quedarse, sus características lo hacen indestructible; por ello los tres millones de toneladas de mineral que se importaron entre los años 50 y 90 siguen en nuestro entorno, eligiendo sigilosamente quién de nosotros será su próxima víctima.
Los datos actuales demuestran que el 30% de las personas con enfermedades relacionadas con el amianto lo eran por exposición familiar o ambiental, que no laboral (Tarres et al. 2009). Lamentablemente esta relación se va invirtiendo poco a poco. Cada vez son más los que enferman no habiendo estado expuestos en el trabajo. Ahora son las esposas e hijos de los trabajadores; los vecinos de los edificios donde aún hoy siguen existiendo elementos que contienen amianto; las personas que a diario están expuestas por pasear, vivir o trabajar cerca de los innumerables vertederos ilegales o de naves abandonadas, donde los materiales de amianto, rotos y deteriorados, liberan su letal polvo siguiendo los caprichosos rumbos del viento.
La única forma de acabar con la tragedia es que las administraciones tomen conciencia de que estamos hablando de un problema de salud pública. Ninguna exposición al amianto es segura, por ello debe de ser retirado lo antes posible. Así lo recomienda la Unión Europea, que fija una Europa sin amianto para el 2028.
El Gobierno central debe liderar un plan estatal para desamiantar el territorio nacional, dedicando los recursos económicos necesarios para que el proceso se haga de forma rápida y segura. La salud debe estar por encima de estrategias políticas y recortes económicos; los tres niveles de la administración deben asumir su papel de protección de sus administrados e invertir los recursos necesarios para preservar la salud de la población. Sólo así, quizás dentro de 60 años no habrá más muertes por amianto.
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Presidente de FEDAVICA (Federación Española de Asociaciones y Colectivos de Víctimas del Amianto) y de AVIDA Madrid ( Asociación de Víctimas del Amianto de Madrid )