La amnistía, la corrupción y el engaño de los 40.000 millones
¿Usted cree que hay alguna relación entre los papeles de Panamá y la amnistía fiscal? Ésa es una pregunta que yo dirigí, como diputado de Ciudadanos, al Gobierno del PP y que, como todo el mundo sabe, el Gobierno del PP en rebeldía del control parlamentario, quiero decir en funciones, se negó a contestar. Formulé la pregunta porque me sorprendieron las declaraciones del Ministro Montoro en la comisión de Hacienda del Congreso el 7 de abril, en las que señalaba que gracias a la Declaración Tributaria Especial, es decir lo que todo el mundo conoce como la amnistía fiscal, buena parte de los defraudadores de los papeles de Panamá habían regularizado, y ya estaban pagando impuestos.
Esta cuestión tiene bastantes aristas. En primer lugar, habría que preguntarse por qué alguien tiene una sociedad offshore con testaferros en Panamá. Una sociedad offshore es una sociedad para operar en otro país. Si se cumplen las obligaciones fiscales, con una operativa de este tipo se pagan más impuestos que con una estructura normal. Esto sigue siendo así, incluso después de que el Gobierno del PSOE sacase a Panamá de la lista de paraísos fiscales, suscribiendo un convenio de doble imposición en 2011. Por otra parte, además hay que pagar los costosos servicios de los despachos de abogados y también de los testaferros. Es decir, que en condiciones normales, una operativa de este tipo no tiene mucho sentido.
Ahora bien, si se quiere mantener oculto lo que se está haciendo, entonces la cosa cambia. Hasta hace unos meses, incluso ahora, el gobierno de Panamá no conocía quiénes estaban detrás de las sociedades que se constituían allí. Esta opacidad permite en primer lugar no declarar los ingresos a Hacienda, canalizándolos a través de estas sociedades, para luego terminar en países con secreto bancario. Eso, aunque no haya que explicarlo, es fraude fiscal. Además, de dinero negro que no ha pagado sus impuestos, nos podemos encontrar con dinero procedente de todo tipo de delitos económicos, como por ejemplo, la corrupción. Esto es blanqueo de capitales.
Detrás de cada caso importante de corrupción suele aparecer un paraíso fiscal. Por esa razón, la fiscalía anti-corrupción solicitó hacerse cargo de la investigación de los papeles de Panamá. De hecho, hay conexiones entre los papeles de Panamá con algunos casos que investiga la fiscalía anti-corrupción como la trama Gürtel, el caso Rato, la trama púnica del ex secretario general del PP de Madrid, Granados, el caso Pujol o el ático de Ignacio González entre otros. En bastantes casos de los citados, algunos de los “protagonistas” se acogió a la amnistía fiscal, bien directamente, bien a través de sociedades interpuestas, como en el caso de Bárcenas.
En consecuencia, además de la obviedad de que en los paraísos fiscales se defrauda, hay un triángulo entre la corrupción, el blanqueo de capitales, y la amnistía fiscal, el triángulo de Panamá. Esto es lógico, porque la corrupción produce ingresos que no se pueden justificar. En consecuencia, este dinero se desvía hacia paraísos fiscales, para esconderlo y posteriormente reintroducirlo en el circuito legal. Esto último es la definición de blanqueo de capitales. Por último, cuando en un procedimiento como en el de la amnistía se permite aflorar dinero en efectivo, que no es rastreable, se puede estar facilitando el reingreso de dinero de procedencia más que dudosa en el circuito legal.
Por esa razón, habría que investigar sistemáticamente el origen del dinero acogido a la amnistía, y si hay indicios de blanqueo de capitales, remitirlo a los Tribunales. La primera iniciativa que presentó Ciudadanos en una Comisión del Congreso, y la primera que tuve el honor de defender, tenía por objeto, precisamente perseguir el fraude fiscal, poniendo el foco, precisamente en la amnistía fiscal. Lo que defendíamos tenía por objeto, por una parte, remitir sistemáticamente a los Tribunales de Justicia, los casos acogidos a la amnistía donde hay indicios de blanqueo de capitales. Por otra parte, había que exigir los 2.800 millones de euros perdonados ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal.
Esto requiere un par de aclaraciones. Por una parte, nos parecía esencial dentro de una propuesta integral contra el fraude, que se puede consultar aquí en página 20 y siguientes, el combatir, dentro de lo posible, los efectos más dañinos, de la medida más perniciosa del gobierno del PP en la lucha contra el fraude fiscal. Por otro lado, a través de un informe de la Dirección General de Tributos, sin firma y que no se publicó en el BOE, se permitió pagar sólo sobre los rendimientos de los últimos cuatro años, aunque la dicción literal del Decreto Ley decía que se debía pagar el 10% del patrimonio aflorado. Esto es lo que se conoce como la “amnistía de la amnistía”.
El cálculo de los 2.800 millones procede, irónicamente, de la última afirmación, un tanto engañosa, en defensa de la amnistía fiscal, la de los 40.000 millones. Según el Ministro Montoro, “ el plan extraordinario de regularización fiscal ha aflorado al menos 40.000 millones de euros, lo que supone un muy significativo ensanchamiento de las bases tributarias que incrementarán la recaudación todos los años a partir de ahora.”
Los hechos son bastante más lamentables que estas declaraciones. La amnistía fiscal permitió recaudar directamente 1.193 millones de euros, sobre un patrimonio aflorado, y que no volvió a España, entre otras cosas porque a diferencia de otras amnistías fiscales no se exigió el regreso del dinero a España, de unos 40.000 millones de euros. Esto da una tasa efectiva de impuestos del 3%, cualquiera paga bastante más en su declaración de IRPF. Además, los famosos 40.000 millones no son la base de ningún impuesto, y no sirven para pagar gasto público. Y claro que incrementan la recaudación, ya que como afirmaba Montoro, los defraudadores de Panamá, en su mayoría, estaban pagando.
En la investigación de “los papeles de la Castellana”, que ha publicado eldiario.es también nos encontramos con tasas de impuestos ridículas, en todos los casos inferiores al 3%. Además, tampoco parece que el dinero haya vuelto a España, porque se declaraba posteriormente en la declaración de bienes en el extranjero.
Sin apenas impacto
Además, como se habrá imaginado, estos defraudares amnistiados, retratados en unos papeles u otros no están pagando mucho, diga lo que diga el Ministro Montoro. En 2012, los defraudadores de la amnistía fiscal, además de pagar la amnistía, tuvieron que pagar otros tributos: el impuesto de patrimonio, por ejemplo, y declarar, según correspondiera, el impuesto de sociedades o el IRPF por sus ganancias del año en curso. Éste es el rendimiento, que la Agencia Tributaria, denomina ingresos inducidos en otros impuestos de la “Declaración Tributaria Especial” (amnistía fiscal) en la página 15 del informe anual de recaudación 2012. Este rendimiento, como explico con más detalle en mi libro “¿Hacienda somos todos?, impuestos y fraude en España”, ascendió a 350 millones de euros, y es aproximadamente el rendimiento que está dando la amnistía fiscal. Por poner un punto de comparación, la recaudación total del año pasado de la Agencia Tributaria ascendió a 182.000 millones de euros.
O mejor dicho, esos miserables 350 millones anuales de recaudación, no 40.000, sería lo que estaríamos obteniendo, si la amnistía fiscal no hubiese contribuido a derrumbar la conciencia fiscal. Muy probablemente, dado el aumento del fraude fiscal en estos años, la amnistía fiscal no esté costando dinero a todos los españoles que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales.
En Ciudadanos conseguimos sacar adelante nuestra iniciativa de lucha contra el fraude y los paraísos fiscales un mes antes de que se hiciesen públicos los papeles de Panamá. Entonces, conseguimos que todos los grupos votasen a favor, salvo el PP que votó en contra. Ahora, volveremos a incluir estas propuestas en nuestro programa electoral, porque para Ciudadanos la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción es una prioridad absoluta, por decencia y porque ambas lacras no están empobreciendo a todos.
