El 28 de junio se cumplieron dos meses desde que iniciaron las movilizaciones en Colombia, dos meses en que el pueblo ha salido a las calles en medio de lo que ha denominado el paro nacional, a reclamar condiciones dignas de vida y a denunciar las injusticias que a diario se cometen en Colombia y que se han recrudecido en el desarrollo de las protestas.
La represión policial ha llegado a límites aterradores, la ONG Human Right Watch ha afirmado que en las últimas décadas no había visto ese nivel de brutalidad policial en Colombia. Se han registrado 4687 casos de violencia policial, 45 homicidios, 28 casos de agresiones sexuales y conforme a los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz- y de la ONG Temblores, se calculan que son 548 las personas desaparecidas, todo esto sólo en el marco de las manifestaciones.
El 23 de mayo tres organizaciones defensoras de derechos humanos –Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Equipo Jurídico y Humanitario 21N y Corporación Justicia y Dignidad-, publicaron un informe soportado en testimonios, en el que daban cuenta de la existencia de fosas comunes en al área rural de los municipios de Buga y Yumbo y “casas de pique” en Ciudad Jardín; uno de los sectores más lujosos de Cali, que estarían siendo usadas para acabar con la vida de manifestantes del paro nacional. Las “casas de pique” son lugares cuya existencia en Colombia se atribuye a los grupos paramilitares y son usados para torturar, asesinar y desmembrar personas. Como si esto fuera poco, el informe también da cuenta de que en la comisión de esos crímenes estaría implicada la policía, es en sus camiones en los que se trasladan los cuerpos de las víctimas, jóvenes caleños que habían participado en las movilizaciones.
Son muchas las denuncias que señalan a la policía de actuar en complicidad con civiles armados para atacar a quienes participan en las protestas. Hay infinidad de videos en las redes sociales que muestran cómo se ve a plena luz del día a personas vestidas de civil disparándoles no sólo con la complicidad de la policía sino bajos sus órdenes y protección. También hay abundantes trabajos periodísticos de investigación que se han hecho al respecto para denunciar estos hechos, pero las autoridades no hacen nada. En Colombia los organismos de control están ahora mismo influenciados por el ejecutivo. El Fiscal General que es el responsable de iniciar las investigaciones penales se ha dedicado a incautar los coches con los que se hacían los taponamientos de las vías en las ciudades en medio del paro, aunque la Corte Constitucional ya ha dicho que esas prácticas no constituyen delito y son parte del ejercicio del derecho a la protesta.
Pero la historia no acaba ahí, desde hace ya varias semanas han empezado a aparecer en los ríos, principalmente el río Cauca y en diversas zonas donde se ha visto una fuerte movilización social, cuerpos de jóvenes asesinados y descuartizados, muchos de ellos en bolsas plásticas, jóvenes a quienes se habían denunciado como desaparecidos en medio de las protestas. Hace unos días en el área rural del municipio de Tuluá, en una bolsa plástica apareció la cabeza del joven Santiago Ochoa de 22 años, había salido de su casa en la mañana y en la noche se dio el escalofriante hallazgo.
Estos horrores que son propios de los regímenes dictatoriales están sucediendo en Colombia, en un país que se ufana de ser democrático y respetuoso de los derechos humanos. Esto que ha debido ser el culmen de la degradación social y política en Colombia, para Duque y el uribismo no es nada, el gobierno de Iván Duque sostiene un silencio cómplice, parte de una estrategia que pasa por desprestigiar la movilización social, por señalar a esa juventud que está en las calles luchando por una vida digna como “vándalos terroristas”, señalamiento con el que no sólo les criminaliza, sino que robustece los abusos policiales, la creación de grupos armados y da carta blanca a la impunidad; devolviendo a Colombia a sus peores épocas de violencia paramilitar. Ahora mismo la población vive una situación de desprotección absoluta. Salir a ejercer el derecho a la protesta en Colombia es peor que ir la guerra porque incluso en la guerra se deben respetar derechos.
En el 2002 el escultor y pintor Fernando Botero elaboró un cuadro al que denominó “Río Cauca”, en él se ve un cadáver putrefacto que flota en el río rodeado de buitres. Botero dijo en su momento que la situación del país era tan crítica que sintió la obligación moral de retratar la terrible realidad del país. Aquí estamos casi 20 años después, reviviendo esas terribles imágenes y ese profundo dolor. De nuevo, así vuelven a aparecer los desaparecidos en Colombia.