Desde la convocatoria de subastas de energías renovables el año pasado y la demostración de la competitividad de la tecnología fotovoltaica en el entorno energético actual, se han sucedido las noticias positivas para este sector.
En primer lugar, la fotovoltaica ha sido noticia en sí misma por la apuesta de sus empresas de cambiar el riesgo regulatorio por riesgo de mercado, acudiendo directamente al mismo sin ningún tipo de primas o subvención y al mismo tiempo comenzándose a desarrollar la posibilidad de llevar a cabo contratos bilaterales directos entre los productores y los consumidores. Todo esto ha supuesto un renacer del sector en nuestro país de tal magnitud que en estos momentos hay 30 GW de proyectos fotovoltaicos en tramitación.
Y en este momento de renacer llegan dos buenas noticias que van a contribuir al afianzamiento del sector. Por un lado, las declaraciones realizadas por la ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, en el sentido de acabar con la inseguridad jurídica institucionalizada y eliminar el injusto “impuesto al Sol” que pesaba sobre los autoconsumidores.
Y por otro lado, la reciente aprobada Directiva de Energías Renovables, que viene a consagrar los mismos principios señalados anteriormente, además de fijar un objetivo a 2030 de un 32% de energías renovables solo revisable al alza.
En esta positiva redacción final de la Directiva es de justicia el papel fundamental jugado por la ministra, que algún colega de otro país calificó como “brillante”, el excelente papel jugado por José Blanco como redactor de la ponencia del Parlamento, que con experiencia y dedicación consiguió llevar las diferentes posiciones al punto del acuerdo y los buenos oficios del comisario Arias Cañete y sus servicios. Todos alineados en conseguir el mejor resultado para la lucha contra el Cambio Climático.
Ahora lo que el sector espera es en primer lugar la normalización del dialogo institucional con un sector de la economía española llamado a ser cada vez más importante y la adopción de medidas concretas que normalicen la situación regulatoria, en concordancia con el espirítu de la nueva Directiva de Energías Renovables. Además de la eliminación del peaje de respaldo y de las barreras administrativas, es importante la definición de la regulación del autoconsumo colectivo.
Por lo que se refiere a las grandes plantas fotovoltaicas, consideramos fundamental que se fije la rentabilidad razonable, tanto para los proyectos ya construidos, como para los proyectos adjudicatarios de la subasta y los futuros, poniendo fin al inestabilidad que ha caracterizado los últimos años.
Además, es importante que se actualicen y simplifiquen las condiciones de acceso y conexión a la red y que se convoquen en un corto plazo las subastas fotovoltaicas para las Islas Canarias y las Islas Baleares. Además de resolver el permanente problema de retrasos injustificados en los pagos a los proyectos insulares. Es importante también la dinamización de las tramitaciones administrativas, especialmente las ambientales, tanto a nivel de Administración Central como de CCAA
Con vistas al futuro es necesario conocer cuál será la senda de la transición energética para llegar a los objetivos intermedios de la transición. La previsibilidad y estabilidad de estos objetivos, evitando el modelo seguido hasta ahora de acelerón-apagón-acelerón, permite a las empresas organizarse de forma más eficiente, lo que redunda en un menor coste para los consumidores y favorece las inversiones industriales y en I+D.
La energía fotovoltaica está llamada a jugar un papel muy importante en el proyecto de un país moderno, con una energía limpia y barata, que genera desarrollo económico y tecnológico y empleo capilar, tanto a nivel de centros tecnológicos como de instaladores locales, y de calidad. Hacer una apuesta por nuestra tecnología ya no es una carga para el país; es construir un importante activo para el futuro.