Después de meses de calificar las movilizaciones sanitarias como una estrategia de oposición con motivaciones políticas, el consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid ha levantado el velo de su modelo oculto para la atención primaria en el marco de un acto de partido del PP del distrito de Salamanca.
Frente al actual modelo que considera que es de origen cubano y poco menos que pasado de moda, aunque tenga su base en la cumbre de Alma Ata, el consejero apuesta por lo que denomina el modelo de atención primaria adoptado en las reformas de los gobiernos conservadores del Servicio Nacional de Salud Británico (NHS), con el protagonismo casi exclusivo de la atención de enfermería y ahora con el añadido de la atención telemática y el práctico abandono de la prevención y la promoción de salud. Por otra parte, sin que le adorne el don de la oportunidad, ya que después de sucesivas privatizaciones y de la reciente pandemia de la covid19 el NHS ha entrado en una profunda crisis que afecta no solo a los resultados de la atención primaria, si no también a las urgencias hospitalarias y al conjunto del sistema. No es precisamente el ejemplo a seguir.
Entre tanto, la atención primaria madrileña continúa en pie de guerra después de tres meses de huelga y de dos movilizaciones de una magnitud sin precedentes, ante las que el gobierno madrileño no solo mantiene el bloqueo de la negociación sino que añade la sistemática descalificación de la importancia de las mismas y de su intencionalidad como meramente política.
Lo que no explican es por qué mientras que en el resto de las CCAA, en que según ellos se han producido problemas y demandas similares en la atención primaria, primero se ha negociado y en su mayoría finalmente se ha llegado rápidamente a un acuerdo, basado en ajustes de horarios y retribuciones y mediante la reorganización de los centros, y por qué sin embargo desde su gobierno se ha optado por el bloqueo de la negociación sino es para agotar la resistencia de los huelguistas y doblar el pulso a la representación sindical.
Por eso recientemente se ha llegado incluso a la persecución de la actividad informativa sobre las razones del conflicto en los centros sanitarios tachándola de porquería. Según la propia presidenta Ayuso una actividad inaceptable en la sanidad que resulta urgente evitar para que se mantenga el decoro.
Un largo proceso que comenzó con el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias en la pandemia y su posterior reapertura parcial, con unos equipos demediados en los que era de aplicación el protocolo de atención en ausencia de personal médico, que entonces les sirvió de excusa para su atribución en exclusiva al personal de enfermería. El documento recogía que la enfermería era la garante de “mantener la continuidad de los centros de salud”. Así, en el caso de que no haya un médico en el consultorio o en el centro de salud correspondiente, serían los profesionales de enfermería los que lo evaluarían y decidirían si era necesario recurrir o no a un médico para atender al paciente. Ahora, lo que parecía un remedio temporal a la situación concreta de la urgencia extrahospitalaria, parece haberse convertido en el modelo low cost de una atención primaria precaria de la Comunidad de Madrid.
En definitiva, el contra modelo de la Consejería madrileña es que los denominados puntos de atención, no contarían en el futuro con personal médico, de tal manera que salvo en el caso de los triajes, los cuidados y las curas nadie asumiría la responsabilidad, ética, civil ni en su caso penal, de valorar, diagnosticar, estabilizar, prescribir una receta o en su caso dar de baja al paciente.
Los profesionales de la medicina quedarían, como ocurre en el NHS, a modo de consultores para el caso de que fueran requeridos por la primera línea constituida por personal de enfermería.
Esta sería entonces la alternativa del gobierno de la CAM al actual modelo de atención primaria nacido hace casi cuatro décadas del decreto de atención primaria de 1984 y luego incorporado a la ley general de sanidad de 1986 basado en la medicina de familia y en la labor del equipo pluridisciplinar de atención comunitaria integral, en la línea establecida en la cumbre de Alma Ata por la OMS.
El mencionado Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud establece la constitución de la Unidad funcional mediante el equipo de Atención Primaria, el ámbito geográfico de actuación en la zona básica de salud dentro de la estructura física del centro de salud.
Es por eso que no solo las organizaciones médicas han asegurado que no se puede entender un modelo de centros de salud sin profesionales de la medicina, sino que la propia enfermería se ha pronunciado en contra de las palabras del Consejero Escudero, aunque como es lógico defienda un modelo sanitario de equipo en el que se le otorguen a la enfermería un “papel más importante” y con más competencias, al considerar al actual modelo de médicocentrista.
Mientras tanto, la dirección nacional del PP atribuye la situación actual a la escasez de médicos y la responsabilidad de la misma al gobierno central, a pesar de que desde hace más de dos décadas la competencia sanitaria sea de las CCAA y de que el actual gobierno de coalición haya incrementado sustancialmente el número de especialistas en formación y en particular de los médicos de familia a lo largo de la legislatura, a diferencia de los recortes realizados en los períodos con gobiernos conservadores.
Un doble juego que no puede ocultar que para el sector ultraliberal del PP como para la ultraderecha la Comunidad de Madrid es el laboratorio donde se juega el futuro del actual modelo de atención primaria de calidad, de la sanidad pública y del futuro del sindicalismo en el sector sanitario.