Una vez más lo vuelve a hacer el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se repite el desastre de todos los años en la matriculación de alumnos en los ciclos de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid. Según el estudio de CCOO (NOTA 1), 33.275 alumnos se quedan sin la plaza pública que han solicitado en FP de grado medio y de grado superior. Y, añado, aún faltan por conocerse los datos de matriculación en FP a distancia que saldrán en septiembre y que el curso pasado rechazaron a 4.422 personas. Estos son los datos: 33.000 alumnos sin plaza este año, frente a los 25.000 de curso pasado.
Para tapar este ataque directo al derecho a la educación, la consejería de Educación hurta la información sobre los datos. La falta de transparencia es total, no dan cifras precisas y pormenorizadas sino genéricas y manipuladas sobre la supuesta creación de plazas (incluyendo las privadas) y que en absoluto atienden la demanda. Esto obliga a recoger centro a centro y ciclo a ciclo el número admitidos y de no admitidos, y desde la consejería se presiona a los directores para que no faciliten los números. Además, la mesa de la Asamblea de Madrid, con mayoría absoluta del PP y que es el reino de la arbitrariedad, acaba de rechazar por falta de concreción temporal (¿?) las Peticiones de Información que el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha realizado de todos y cada uno de los centros de FP con el siguiente texto: “Número de solicitudes y de admitidos en los ciclos de Formación Profesional del IES XXX, desglosado por ciclos formativos según modelo de la tabla adjunta”. Las volveremos a pedir.
La razón por la que esto sucede no se debe solo a la mala gestión. Obedece a una estrategia deliberada de los gobiernos del PP de Madrid para impulsar un proceso de privatización galopante de la FP. Desde 2007 aumentaron un 2268% las plazas privadas de FP de Grado medio (+5.899) y las de FP de grado superior un 767%, (+20.731). Utilizan tres mecanismos para ello:
1) Mantener un déficit estructural en la oferta de plazas públicas. La consecuencia es empujar a los estudiantes a los centros privados, aunque sea endeudándose para realizar el copago de una formación que debería ser gratuita. De no hacerlo, se quedarán en su casa sin poder estudiar. Es una expulsión escolar de miles de chicos y chicas que quieren seguir estudiando pero no pueden hacerlo porque sus familias no pueden pagar las matrículas de los centros privados ni con cheque escolar ni sin él. Porque aunque accedieran a un cheque escolar, no les cubriría más que 2.212 euros en los grados superiores cuando las tarifas de los centros privados están entre 5.000 y 7.000 euros
2) Limitar las posibilidades de la FP pública, no ofertando (o haciéndolo de manera insuficiente) ciclos de gran demanda y mayor empleabilidad que se reservan para la oferta privada. Es especialmente llamativo en el caso de las familias profesionales sanitarias, informática y redes, enseñanzas físico-deportivas, videojuegos, etc. A ello hay que añadir la baja utilización de espacios e infraestructuras existentes y la insuficiente renovación de medios materiales.
3) Aplicar una política de cheques escolares para derivar alumnado a los centros privados. En concreto, se van a gastar la friolera de 33 millones de euros para llevar a 12.915 alumnos a ciclos privados de FP de Grado Superior y Medio. Es un robo descarado de alumnado a la Formación Profesional pública. Con esos 33 millones de euros se podrían construir nuevos institutos de FP, como demandan muchos barrios y localidades y contratar profesorado para abrir aulas en turno de tarde y crear miles de plazas públicas nuevas.
Con esta estrategia, Ayuso desmantela el sistema público y pone una alfombra roja a los fondos buitre que están aterrizando en el negocio de la educación y de la FP, muchas veces bajo la fórmula de chiringuitos de baja calidad formativa. El PP no se preocupa por la juventud madrileña ni por sus futuros trabajadores. Es disparatado que se deje sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes, en una comunidad que tiene una alta tasa de paro juvenil y de precariedad laboral. Desde un punto de vista socioeconómico y democrático no es aceptable una política que escatima esfuerzos de financiación, de profesorado y recursos para potenciar y modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo.
Por ello, desde Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional y prepare un Plan de Choque que incremente la oferta pública y permita atender en septiembre la demanda insatisfecha. En concreto, proponemos la gratuidad de las matrículas de Formación Profesional de Grado Superior, eliminando la actual tasa de 400 euros. Aumentar el profesorado para permitir el uso de los centros públicos de Formación Profesional en horario de tarde, pudiendo aumentarse la oferta de plazas con una mínima inversión. La apertura y adecuación de colegios públicos que están actualmente cerrados para dedicarlos a FP. Un futuro Plan de construcción de nuevos centros públicos de Formación Profesional, para atender la demanda existente. Y un compromiso para frenar el proceso de privatización, apostando por aumentar el porcentaje de plazas de Formación Profesional públicas en la Comunidad de Madrid hasta la media de España del 70%. Para afrontar estos temas, hemos registrado la petición de comparecencia del consejero de Educación en el pleno de la Asamblea de Madrid para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que tome medidas urgentes de apoyo a la FP pública.
Es un escándalo que más de la mitad de los alumnos se queden sin la plaza pública que solicitaron. Pero no estamos hablando solo de números, son personas con circunstancias concretas, con sus anhelos y proyectos de estudios y de vida que quedan truncados. Cito dos ejemplos que conozco que no han obtenido plaza pública: en un caso, la familia del alumno cobra una pensión de viudedad y no puede matricularse para un ciclo de grado superior en un centro privado; en el otro caso, la familia tiene ingresos de profesionales y se podrá matricular el hijo en un ciclo de grado medio privado pagado por los progenitores. Es especialmente grave la situación de los alumnos que han tenido dificultades en la secundaria y se ven obligados, para no quedarse en casa, a matricularse en bachillerato con pocas posibilidades de éxito.
Estos son los hechos que hablan más alto que las palabras. Solo la educación pública es gratuita y forma parte del Estado de Bienestar que algunos están desmantelando al servicio de intereses privados. La meritocracia y la libertad que predica Ayuso son el disfraz de la barbarie. La derecha está convirtiendo el principio de equidad y de igualdad de oportunidades en un espejismo ¿Hasta cuándo lo permitiremos?