“La empresa lleva más de 5 años abierta viviendo a base de becarios que ni siquiera tienen convenio con la universidad. Yo estuve trabajando durante dos años sin cobrar un sólo euro y realizando trabajos de un trabajador normal, incluso más. Actualmente cuenta con alrededor de unas 15 personas, ninguna con contrato, algunos con convenios de universidad.”
El anterior testimonio fue recogido en el marco de la campaña NO+BECASxTRABAJO que lanzamos desde la Oficina Precaria hace ya cuatro años. En aquella campaña denunciábamos cómo las empresas recurren a los becarios para sustituir puestos de trabajo, y que esta práctica conlleva una serie de consecuencias que degradan el acceso de los jóvenes al empleo y las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores, dando lugar a la becarización del mercado laboral.
Desde su primera regulación en el Real Decreto 1497/1981, las prácticas no laborales en empresas para estudiantes universitarios, de Formación Profesional o de Grado Medio y Superior se justificaron como una forma de favorecer la incorporación de los jóvenes titulados al mercado de trabajo. Posteriormente y con la generalización de las becas curriculares como asignatura obligatoria del curriculum académico el paradigma cambió, pero la tendencia a la “becarización” de las relaciones laborales continuó intensificándose hasta el día de hoy.
El actual Real Decreto 592/2014 y el Real Decreto 1543/2011 continúan haciendo especial hincapié en el objetivo formativo de las prácticas y en la relación no laboral que establecen con la empresa. Sin embargo, las empresas que recurren a esta modalidad, independientemente de su tamaño, han encontrado una forma de emplear mano de obra cualificada a bajo coste.
Esta senda conduce a una situación ahora normalizada: la entrada de los jóvenes en el mundo laboral en condiciones de subempleo, abocándoles a encadenar prácticas al margen del derecho laboral y, en muchas ocasiones, sin remuneración. De esta manera, se ha generalizado el hecho de que los jóvenes tengan que pasar por varios años de prácticas en estas condiciones antes de establecer una relación laboral, normalizando que el primer contacto con el mundo profesional sea en condiciones de subempleo.
El fenómeno de las becas en fraude es un trazo más en el vasto lienzo de la precariedad que sufren los trabajadores en España, pero tiene consecuencias especialmente graves desde un punto de vista estructural. La permisividad legal que existe con los becarios en fraude conlleva el quebrantamiento del derecho laboral, la presión a la baja de las condiciones del conjunto y la expulsión de mano de obra cualificada al extranjero, ante la carencia de expectativas de trabajo remunerado en el corto plazo, precisamente en los sectores más intensivos en conocimiento que deberían ser motor del cambio de modelo productivo en nuestro país.
La solución al problema de las becas en fraude consiste en dotar a las prácticas no laborales de un marco regulatorio más rígido, acotándolas a las prácticas incluidas dentro de los planes de estudio, y en reforzar la inspección laboral para que persiga los casos fraudulentos. Hay que agradecer a la Oficina Precaria ser los primeros en poner el foco sobre este problema, olvidado por los sindicatos y hasta hace no mucho por los partidos políticos. Conocemos el problema y conocemos la solución, ahora es solo cuestión de voluntad política acabar con esta lacra y parece difícil pensar que algún partido se puede oponer a hacerlo, a no ser que su modelo de relaciones laborales la ley de la selva.