Hubo un tiempo en que entendíamos que la defensa de la libertad de expresión o la actuación contra delitos que se escudasen en ella correspondía a los poderes públicos. Partíamos de la base de que los poderes públicos, es decir, las instituciones creadas por el Estado democrático, respondían al interés colectivo y se enfrentaban a los intereses particulares de empresas, corporaciones o lobbys que actuaban por intereses particulares o económicos.
Con el asunto del boicot a Facebook por parte de decenas de grandes marcas nos quieren convencer precisamente de lo contrario: de que son esas grandes empresas las que velan por que disfrutemos de un ecosistema informativo saneado.
La campaña pidiendo el boicot a Facebook comenzó el pasado 17 de junio acusando a la red social de falta de compromiso con el control de la información tóxica y el discurso de odio, pero despegó cuando Unilever, uno de los mayores anunciantes del mundo, decidió retirar toda su publicidad de la plataforma. En las siguientes horas, la red social perdió la publicidad de compañías como Coca-Cola, Honda, Verizon o Levi Strauss. Después se sumaría el gigante de las cafeterías Starbucks. Las grandes empresas que apoyan el boicot ya llegan a las doscientas.
Ya antes Facebook decidió retirar la publicidad de la campaña presidencial de Donald Trump para las elecciones estadounidenses de este otoño por infringir su política contra los discursos de odio. Las reacciones de las redes sociales ante mensajes inapropiados se han ido sucediendo. Twitter, Reddit o YouTube han tomado diferentes medidas para intentar frenar la aparición de mensajes relacionados con racismo, homofobia o supremacismo (entre otros) en sus espacios. En concreto, Twitter decidió recientemente empezar a etiquetar como abusivo algún tuit del presidente estadounidense Donald Trump.
Lo que sí muestra esta situación es que el Estado brilla por su ausencia a la hora de establecer mecanismos de vigilancia sobre los mensajes de odio y las fake news, y ello es aprovechado por algunos sectores para presentarse como abanderados del interés común. Es curioso porque los grandes medios occidentales que parece que aplauden el boicot y condenan a Facebook han criticado sistemáticamente cualquier medida de los poderes públicos o Parlamentos destinada a vigilar la salud de nuestro ecosistema informativo. En 2010 criticaron duramente al presidente de Bolivia cuando aprobó precisamente una Ley contra el Racismo y la Xenofobia. Dijeron que era una coartada para atacar a la libertad de expresión, a pesar de que el concepto de racismo y xenofobia que incorporaba la ley era exactamente el mismo que el aprobado por las Naciones Unidas. En cambio, ahora aplauden que sean las grandes empresas las que digan lo que es racismo y xenofobia para que lo veten las redes sociales.
Son varios los expertos que consideran que estamos solo ante un postureo de esas grandes empresas en momentos en que parece que cotizan al alza los gestos antirracistas en Estados Unidos. Facebook es la segunda plataforma de anuncios del mundo, por detrás de Google, con unos ingresos anuales por publicidad de 61.780 millones de euros, pero, a diferencia de la mayoría de las empresas que viven de la publicidad, la procedente de las grandes compañías es mínima en el caso de Facebook. La CNN ha recordado que los 100 principales anunciantes de Facebook el año pasado (entre los que se supone estarían las grandes empresas del boicot), solo suponen el 6% de todos los ingresos de Facebook. No olvidemos que los anunciantes de la red social a primeros de 2020 llegaban a los ocho millones.
Es verdad que las acciones de Facebook bajaron un 8%, pero muchos creen que es debido a la coyuntura económica de la pandemia más que al boicot. De hecho las de Twitter, que no se encuentra bajo ningún boicot, bajaron un 7%. No se descartaría que el boicot haya sido una buena excusa para reducir un gasto en publicidad que ya tenían decidido por razones de la pandemia, que le pregunten a los medios digitales qué les ha sucedido con la publicidad sin necesidad de boicot.
El anuncio del boicot genera muchas sombras. Muchas empresas no han dicho si también lo aplicarán a Instagram, que también es propiedad de Facebook. La empresa de Zuckerberg cuenta también con un sistema que se llama Audience Network, a través de él coloca la misma publicidad que mete en Facebook en otras aplicaciones de terceros como TikTok, ese invento también le genera importantes beneficios a la corporación. Pues bien, las empresas consultadas no aclararon si también eliminarían su gasto en Audience Network. Tampoco han dicho si el boicot se centra en Estados Unidos o si será global.
En conclusión, nos encontramos ante una campaña de postureo, gracias a la cual grandes empresas están consiguiendo aparecer como defensoras de una información saneada, implacables ante los mensajes del odio y racismo; y capaces de convertirse en el sistema regulador de la buena salud de nuestra información, la de los medios, la de las redes y por tanto hasta de la propia información que los ciudadanos pretendamos utilizar en nuestras redes sociales.
Nunca antes el censor lograba ser la gran empresa multinacional, aplicar la censura con su propio criterio de lo que es bueno o malo, y encima presentarse como abanderado de la libertad de expresión y de los buenos valores.
Mientras tanto, los Parlamentos, las asociaciones de periodistas, los colectivos de usuarios de los medios, las legislaciones y todas las instituciones públicas que deberían velar por la libertad de expresión y una información veraz, desaparecidas.