España envejece y tiene pocos niños. A 1 de enero de 2024, España cuenta con 48,5 millones de habitantes. Las proyecciones prevén que superemos los 50 millones en 2030 y que sigamos creciendo de forma continua hasta 2050, momento en el que la población se estabilizará en torno a los 53 millones de personas. Sin embargo, nos mantenemos en el grupo de países con menor tasa de nacimientos. La expectativa de contar con 2,1 hijos por mujer no se ha alcanzado en ningún país de la Unión Europea en la última década y en España no se supera desde 1980, hace ya 44 años. Son datos que confirman que cada vez somos más mayores y, sobre todo, que los cambios sociales que vivimos requieren políticas más allá de las estrictamente dirigidas a la promoción de la natalidad.
Tomar la decisión de tener hijos depende de muchas cosas, pero, entre ellas, hay algunas tan evidentes como las expectativas de vida de las mujeres en edad de ser madres, su seguridad laboral y el salario que perciben, si tienen acceso o no a una vivienda adecuada, o si confían en los servicios públicos necesarios para contar con el mejor apoyo.
Los nacimientos de hoy no pueden desvincularse de la precarización que sufrieron las generaciones jóvenes y adultas jóvenes en la crisis de 2010 y las políticas austericidas posteriores. No olvidemos que en 2013 la tasa de desempleo juvenil superaba el 56% y que, pese a su retroceso en los últimos años, aún está muy por encima de la media de la UE. Esa juventud en paro o que tuvo que emigrar hace una década es la que estaba llamada a la paternidad ahora. La reforma laboral y la subida del salario mínimo han comenzado a revertir la precariedad, pero debemos seguir avanzando en políticas sociales y perspectivas laborales si queremos recuperar la cifra de nacimientos.
Una de las grandes dificultades que enfrentan los jóvenes reside en el acceso a la vivienda, lo que explica en parte la alta edad media de emancipación (31 años los hombres y 29 las mujeres) y el retraso en la edad de maternidad. El derecho a la vivienda a precios asequibles es un imperativo que debe venir acompañado de servicios básicos de proximidad, públicos y privados, para facilitar el asentamiento de población en las ciudades y las áreas rurales.
Ni zonas metropolitanas tensionadas ni áreas rurales vacías. El enfoque de ciudades y territorios con servicios básicos a no más de 15 y 30 minutos respectivamente debe estar presente en el diseño de políticas de bienestar y reducción de brechas de despoblación.
A ello se suman otras cuestiones en las que seguimos trabajando para reducir las brechas de género en desigualdad salarial, en el acceso a puestos directivos y de representación, o en las divergencias en las carreras profesionales entre hombres y mujeres por efecto de la maternidad.
Aunque hemos avanzado hacia la igualdad con la extensión e igualación de los permisos de maternidad y paternidad, la universalización de la educación de 0 a 3 años, la mejora del salario mínimo o el equilibrio de género en puestos directivos, hay mucho camino por recorrer hacia la conciliación y la corresponsabilidad. Los estudios sociológicos nos muestran que los hombres, incluso jóvenes, están lejos de haber interiorizado la igualdad de género de forma efectiva y real.
En realidad, es difícil imaginar un crecimiento de la tasa de fecundidad actual en España (de 1,2 hijos por mujer) sin una reducción sostenida de todas estas barreras. Incluso si cuando se dan estas circunstancias, el crecimiento demográfico a través de la dinámica interna (el crecimiento vegetativo) es limitado o incluso negativo.
Pero esto no es excepcional, sino un rasgo propio de las sociedades avanzadas. Esto explica, por ejemplo, que la Unión Europea esté abordando el cambio demográfico como una de sus más importantes transiciones, junto a la ecológica y la digital.
¿Significa esto que España esté condenada al declive demográfico? Ni mucho menos. De hecho, el crecimiento económico y la atracción de población hacia nuestro país desde otras zonas –especialmente América Latina, pero también África y Europa– permite no solo revertir el saldo vegetativo negativo, sino crecer en número de habitantes, aumentar la población joven y adulta, manteniendo nuestra población activa, e incluso, en algunas áreas rurales, luchar contra la despoblación. Este saldo migratorio es positivo y necesario en España y Europa, y lo será aun más en las próximas décadas, a medida que aumente el número de personas mayores y su proporción en nuestra pirámide.
Son muchos otros los desafíos demográficos que hemos de atender y, por vez primera, el Gobierno los está afrontando de forma específica: la despoblación rural, la fuga de talento de las zonas en declive demográfico, la atención a las personas mayores y a la dependencia en una sociedad cada vez más longeva, la mejora de las oportunidades para jóvenes, la igualdad de derechos y la garantía de proximidad de servicios en todo el territorio, etc. Pero un cambio estructural de esta profundidad requiere tiempo, visión a largo plazo y colaboración de todas las administraciones y la sociedad.
Es hora de ampliar el foco, reducir las brechas, apostar por la calidad de vida y del empleo, las prestaciones sociales y el acceso a la vivienda. Es hora también de mantener un debate abierto y constructivo sobre política migratoria y el impacto social y demográfico de la cohesión territorial.